
Alberto Sierra, de 42 años, enfrenta una fase decisiva del proceso por el asesinato de su esposa, Gladys Machado, y de las dos hijas pequeñas de ella en Miami-Dade. Un jurado de 12 personas comenzó el martes 29 de septiembre a escuchar las pruebas con las que deberá recomendar si recibe cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.
El procedimiento llega casi 14 años después del triple homicidio ocurrido en noviembre de 2012. Sierra se declaró culpable en agosto de 2026, por lo que esta etapa se concentra en determinar el castigo que corresponde por los crímenes. La Fiscalía busca la pena capital, mientras la defensa intenta evitar su ejecución.
Una madre y sus dos hijas asesinadas
Las víctimas fueron Gladys Machado y sus hijas Julia y Daniella. Según la cobertura de Local 10 sobre los argumentos iniciales, Julia tenía seis años y Daniella tres, y a la menor le faltaban pocos días para cumplir cuatro.
Las niñas eran hijastras de Sierra. NBC6, citando la declaración jurada del arresto, precisó que él y Machado estaban casados, pero ya no convivían y no tenían hijos en común cuando ocurrieron los asesinatos.
Los cuerpos fueron encontrados el 13 de noviembre de 2012 dentro de un armario de una vivienda del noroeste de Miami-Dade, tres días después de los hechos, según la información policial recogida por NBC6.
La declaración de culpabilidad de Sierra incluyó tres cargos de asesinato en primer grado y tres de secuestro, además de dos cargos por abuso de un cadáver y uno por entrar ilegalmente armado en una propiedad.
La Fiscalía sostiene que los crímenes justifican la pena capital
Durante su presentación inicial, la fiscal Abbe Rifkin describió la violencia ejercida contra Machado antes de su muerte y mostró una bolsa plástica de supermercado del tipo que, según la acusación, Sierra utilizó para asfixiar a las víctimas.
La Fiscalía sostuvo que Julia presenció la muerte de su madre antes de ser asesinada. Daniella estaba dormida cuando fue atacada, de acuerdo con la exposición presentada ante el jurado.
Los fiscales argumentan que las circunstancias de los homicidios fueron especialmente atroces y crueles, una consideración que buscan que el jurado valore al recomendar la condena. Estos detalles forman parte de los argumentos de la acusación en la fase de determinación de la pena.
La defensa pide considerar una lesión cerebral sufrida en la infancia
La estrategia de la defensa se centra en presentar circunstancias atenuantes relacionadas con la historia personal y médica de Sierra. Sus abogados señalaron que sufrió un accidente automovilístico durante la infancia que le habría provocado una lesión cerebral traumática. Sostienen que ese daño afectó de manera permanente su personalidad y su funcionamiento cognitivo, y anticiparon que especialistas declararían sobre esos antecedentes.
El jurado deberá evaluar esos planteamientos junto con las pruebas de la Fiscalía antes de recomendar una sentencia. La posible influencia de la lesión constituye un argumento de la defensa que deberá ser examinado durante el procedimiento.
Qué necesita el jurado para recomendar la pena de muerte
La legislación de Florida establece que el jurado debe encontrar por unanimidad al menos un factor agravante probado más allá de toda duda razonable para que el acusado pueda recibir la pena capital. Después debe valorar los agravantes y las circunstancias atenuantes.
Para recomendar la muerte se requieren al menos ocho votos del jurado. Si menos de ocho integrantes apoyan esa condena, la recomendación debe ser cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La decisión judicial también tiene límites: si el jurado recomienda cadena perpetua, el tribunal debe imponerla. Si recomienda la muerte, el juez puede imponer esa pena o elegir cadena perpetua después de considerar los agravantes y atenuantes.
Los testimonios definirán la recomendación
El proceso continuará con la presentación de testimonios y pruebas antes de que el jurado delibere. La declaración de culpabilidad ya estableció la responsabilidad de Sierra; ahora queda por resolver si los argumentos presentados justifican la pena de muerte o una condena de prisión de por vida. Al inicio de esta fase, la pena capital seguía siendo una solicitud de la Fiscalía, no una sentencia impuesta.





