Dos ciudadanos cubanos figuran entre cinco personas acusadas por Estados Unidos de participar presuntamente en una red vinculada con los servicios de inteligencia de Rusia que habría organizado ataques, labores de vigilancia y planes de asesinato dentro y fuera del territorio estadounidense.
Los cubanos fueron identificados como Oemis Romagoza Durruthy y Yaidel Delgado Suárez, alias “Viking”, ambos de 35 años. Los cinco acusados permanecen prófugos, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La acusación fue revelada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y describe una supuesta operación internacional que, desde al menos 2024, habría intentado atacar a disidentes rusos y ejecutar actos violentos en países considerados aliados de Ucrania.
Las autoridades recalcaron que se trata de acusaciones y que todos los implicados deben considerarse inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
Ofrecieron $40,000 por “hacer desaparecer” a un disidente
Uno de los episodios más graves habría ocurrido durante el verano de 2026, cuando miembros de la presunta red intentaron reclutar a una persona residente en Estados Unidos para vigilar y asesinar a un destacado disidente ruso.
Según los fiscales, Delgado Suárez envió al reclutado dos direcciones relacionadas con la posible víctima y le ofreció entre $1,000 y $1,500 por tomar fotografías y videos de los lugares.
Después de recibir el material, Delgado Suárez y el venezolano Ángel Eduardo Castro supuestamente ofrecieron $40,000 para “eliminar” o “hacer desaparecer” al disidente.
Cuando la persona rechazó cometer el asesinato, los acusados le habrían preguntado si conocía a alguien dispuesto a realizar el trabajo. Delgado Suárez también aseguró presuntamente que tenía personas en México que podrían encargarse del crimen.
La Fiscalía sostiene que el cubano intentó reclutar a varias personas dentro de Estados Unidos para vigilar o atacar a otras posibles víctimas.
El segundo cubano habría coordinado ataques en Europa
Oemis Romagoza Durruthy es señalado como uno de los integrantes de mayor influencia dentro de la presunta red. Su función habría consistido principalmente en coordinar viajes y la logística necesaria para realizar ataques.
La acusación afirma que Romagoza Durruthy participó en la organización de un ataque ocurrido en Praga, República Checa, en junio de 2024. Presuntamente compartió posibles objetivos y ayudó a gestionar el viaje de uno de los participantes.
En septiembre de ese año habría coordinado otro ataque en Lituania, reservando viajes y manteniendo comunicaciones frecuentes con uno de los involucrados.
Los fiscales también aseguran que, en noviembre de 2025, obtuvo imágenes de una vivienda vinculada con el disidente ruso que posteriormente fue vigilado en Estados Unidos.
Una red supuestamente dirigida por agentes rusos
Los otros acusados son Yuri Khrameev, de 63 años; su hijo Kirill Khrameev, de 27; y el venezolano Ángel Eduardo Castro, de 22 años.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Yuri Khrameev fue coronel de los servicios de inteligencia rusos, mientras que Kirill sería oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, conocido como FSB.
La acusación sostiene que, en otro episodio, Yuri Khrameev ofreció aproximadamente $25,000 a un ciudadano estadounidense para asesinar a una persona ubicada en Lituania.
Tras el rechazo de esa propuesta, habría ofrecido otros trabajos, como incendiar almacenes o atacar una subestación eléctrica. El objetivo declarado, según los fiscales, era actuar contra países que apoyaban a Ucrania.
Las autoridades estadounidenses describen el caso como parte de una supuesta estrategia para utilizar intermediarios y reclutas extranjeros, evitando exponer directamente a funcionarios rusos durante operaciones violentas.
Las posibles condenas
Los cinco acusados enfrentan un cargo de conspiración para financiar terrorismo, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión.
Delgado Suárez, Castro y Yuri Khrameev también fueron acusados de conspiración para cometer asesinato por encargo. Ese cargo podría sumar hasta 10 años adicionales de cárcel.
Las penas señaladas son los máximos establecidos por la ley. Una eventual condena deberá ser determinada por un juez, si los acusados son arrestados, procesados y declarados culpables.
El FBI afirmó que la operación fue detectada y desarticulada mediante el trabajo conjunto de varias oficinas federales. Para las autoridades, el caso muestra el alcance de las operaciones de represión transnacional y los riesgos que representan los intentos de gobiernos extranjeros de perseguir a sus críticos dentro de Estados Unidos.
