Sin derecho a fianza: cubano de CBP One libra una batalla judicial desde un centro de detención en Broward mientras su familia exige su libertad

Eduardo Ortiz, un cubano de 35 años que ingresó a Estados Unidos mediante una cita de CBP One y recibió un parole por dos años, permanece detenido desde hace 17 meses en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, mientras su familia intenta conseguir su liberación mediante una apelación y una petición de hábeas corpus.

Ortiz terminó arrestado cuando viajaba hacia su trabajo en la construcción en los Cayos de Florida. Según relató, iba dormido en el asiento del acompañante de un camión conducido por un amigo cuando las autoridades lo detuvieron.

Su pareja sostiene que el cubano no cometió delitos ni infracciones durante el tiempo que vivió en libertad en Estados Unidos. Ahora esperan una respuesta de los tribunales mientras aumenta la preocupación por la duración de su detención y la posibilidad de que lo envén a Cuba o a un tercer país.

Cumplió 35 años dentro de un centro de detención

El cubano se encuentra recluido en el Broward Transitional Center, una instalación privada administrada por GEO Group bajo contrato con las autoridades federales de inmigración.

Ortiz ya cumplió 35 años dentro del centro. Durante una videollamada explicó que el apoyo entre los detenidos, especialmente cubanos y colombianos, le ha permitido resistir el impacto emocional de más de un año de encierro.

Aunque ingresó al país después de presentarse ante las autoridades y recibió un permiso temporal, ese parole no constituye una residencia permanente ni impide que el Departamento de Seguridad Nacional pueda detenerlo mientras se resuelve su situación migratoria.

El elemento central de su caso es precisamente la clasificación legal que el Gobierno puede aplicar a quienes llegaron a través del antiguo sistema de citas de CBP One.

Por qué no puede solicitar una fianza migratoria

El abogado de inmigración José Guerrero, quien analizó el caso para Univisión, pero no representa a Ortiz, explicó que algunos migrantes que se presentaron en la frontera mediante CBP One pueden considerarse legalmente “extranjeros en proceso de llegada”.

Esa clasificación resulta determinante porque puede impedir que un juez de inmigración tenga autoridad para concederles una fianza. En esas circunstancias, la liberación depende generalmente de una decisión discrecional de las autoridades migratorias o de la intervención de un tribunal federal.

El parole permitió que Ortiz permaneciera temporalmente en Estados Unidos, pero no eliminó su condición de solicitante de admisión ni le otorgó automáticamente un estatus migratorio definitivo.

La situación también puede limitar lo que un juez de inmigración tiene autoridad para resolver. Según Guerrero, dentro del proceso de deportación Ortiz podría defender principalmente una solicitud de asilo, mientras que una petición de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano podría quedar bajo la jurisdicción de USCIS, dependiendo del historial procesal y de las decisiones adoptadas en su expediente.

Una apelación y un hábeas corpus buscan abrir la puerta de su liberación

La pareja de Ortiz confirmó que existe una apelación pendiente y que se presentó una petición de hábeas corpus. Esta última herramienta permite cuestionar ante un tribunal federal si una detención prolongada continúa siendo legal y si el Gobierno ha respetado las garantías del debido proceso.

La existencia del recurso no significa que su liberación esté garantizada. El tribunal deberá examinar, entre otros elementos, la clasificación migratoria de Ortiz, la etapa en que se encuentra su proceso, las razones ofrecidas por ICE para mantenerlo bajo custodia y las posibilidades reales de ejecutar una eventual deportación.

También será relevante determinar si Ortiz solicitó la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, qué decisión se adoptó sobre esa solicitud y si existe actualmente una orden final de deportación.

Se niega a aceptar una salida hacia África

Ortiz aseguró que no está dispuesto a firmar una salida voluntaria hacia África ni hacia otro tercer país. El cubano insiste en que escapó de la represión en la isla y quiere continuar su batalla legal para permanecer junto a su familia en Estados Unidos.

La preocupación no es hipotética. La Administración Trump ha utilizado acuerdos con terceros países para expulsar a migrantes cuando el retorno directo a sus naciones de origen no puede concretarse rápidamente.

A dos ciudadanos cubanos los enviaron a la República Centroafricana a comienzos de septiembre. Otros destinos africanos mencionados dentro de esta política incluyen Sudán del Sur, Liberia y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, no se ha informado públicamente que ICE haya fijado un destino específico para Ortiz.

La negativa a firmar documentos sin comprender plenamente sus consecuencias puede retrasar una expulsión, pero no necesariamente impide que el Gobierno intente ejecutar una orden de deportación. Cada documento debe revisarse por el abogado responsable del caso.

El cambio que dejó expuestos a quienes llegaron con CBP One

El sistema de citas de CBP One fue eliminado el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca. La aplicación había sido utilizada durante el Gobierno de Joe Biden para organizar la presentación de migrantes en puertos fronterizos.

Miles de personas recibieron parole después de acudir a sus citas. Sin embargo, el permiso era temporal y podía ser terminado por el Gobierno antes de su fecha original de vencimiento.

En abril de 2026, cubanos que habían utilizado CBP One comenzaron a recibir notificaciones sobre la revocación de sus paroles. La medida dejó a numerosos beneficiarios expuestos a detenciones, procedimientos de expulsión y disputas sobre quién tiene autoridad para revisar sus solicitudes de residencia.

El caso de Ortiz demuestra que haberse presentado ante las autoridades, tener un permiso de trabajo o contar con una solicitud migratoria pendiente no representa necesariamente una protección absoluta contra una detención de ICE.

Una decisión reciente en Florida fortalece el debate

En agosto, una jueza federal de Florida ordenó liberar a otro cubano que también había ingresado mediante CBP One. En aquel expediente, el tribunal consideró que la forma en que el Gobierno ejecutó la detención violó garantías del debido proceso.

Ese fallo puede ser utilizado por abogados como argumento en otros litigios, pero no produce automáticamente la liberación de todos los cubanos que llegaron por la misma vía. Los tribunales examinan individualmente el historial migratorio, la documentación, las órdenes existentes y las actuaciones previas del Gobierno.

La defensa de Ortiz tendría que demostrar por qué las circunstancias y los razonamientos de aquella decisión deben aplicarse también a sus 17 meses bajo custodia.

Su familia se convierte en la razón para continuar luchando

Mientras espera la decisión judicial, Ortiz asegura que su madre, su hermana y su pareja son su principal motivación para rechazar una salida hacia un país con el que no tiene vínculos.

Su historia concentra varias de las mayores incertidumbres que enfrentan actualmente los cubanos admitidos temporalmente mediante CBP One: la revocación del parole, la imposibilidad de obtener una fianza, la separación familiar, las demoras judiciales y el riesgo de una deportación hacia terceros países.

Después de 17 meses detenido, su futuro depende ahora del resultado de la apelación, del hábeas corpus y de las decisiones que adopten ICE, USCIS y los tribunales sobre su permanencia en Estados Unidos.