Cubano con I-220A deja Estados Unidos para evitar una deportación y regresa a una Cuba más dura: “El cambio es muy brusco”

Liexer De La Cruz pasó cinco años construyendo una nueva vida en Estados Unidos, pero una audiencia celebrada en enero de 2026 en una corte de inmigración de Miami cambió abruptamente su futuro. Ante la posibilidad de permanecer en el país expuesto a una deportación en cualquier momento, decidió acogerse a la salida voluntaria y regresar a Cuba.

Su historia refleja el limbo migratorio que afecta a numerosos cubanos liberados en la frontera con el formulario I-220A. También muestra la difícil realidad que encuentran quienes vuelven a una isla golpeada por los apagones, la escasez, el deterioro de los servicios y la pérdida acelerada del poder adquisitivo.

Una audiencia en Miami cambió sus planes

De La Cruz llegó a Estados Unidos en agosto de 2021 después de atravesar casi una docena de países por tierra y mar. Durante los años siguientes trabajó como electricista, formó un hogar junto a su esposa y confió en que podría obtener la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.

El 9 de enero de 2026 acudió a una audiencia que consideraba rutinaria. Sin embargo, dentro de la sala recibió un plazo de 120 días para abandonar Estados Unidos. Debía decidir entre regresar por sus propios medios o quedarse bajo el riesgo de que las autoridades migratorias lo detuvieran y ejecutaran su deportación.

La decisión tuvo que tomarla sin poder consultar previamente con su esposa y su hermana, quienes esperaban fuera del tribunal, según el relato publicado por The Associated Press.

Aunque con frecuencia se emplea la palabra “autodeportación” para describir estos casos, jurídicamente se trata de una salida voluntaria autorizada por una corte. La persona abandona el país dentro del plazo establecido para evitar las consecuencias adicionales que puede provocar una orden formal de deportación.

La I-220A no le abrió el camino hacia la residencia

El formulario I-220A es una orden de libertad bajo palabra mediante la cual las autoridades permiten que una persona salga de la custodia migratoria mientras continúa su proceso. El documento no concede estatus legal, residencia ni permiso humanitario de permanencia.

Ese detalle ha resultado decisivo para miles de cubanos. La Ley de Ajuste Cubano exige que el solicitante haya sido inspeccionado y admitido o puesto en libertad bajo una modalidad de “parole” reconocida legalmente, además de cumplir otros requisitos.

La Junta de Apelaciones de Inmigración estableció en Matter of Cabrera-Fernandez que la libertad condicional concedida bajo la I-220A no equivale al “parole” migratorio necesario para ajustar estatus. Esa interpretación dejó a muchas personas que cruzaron la frontera en una situación vulnerable, incluso después de vivir y trabajar durante años en Estados Unidos. La decisión oficial del Departamento de Justicia explica esa diferencia jurídica.

En el caso de De La Cruz, los documentos que recibió al entrar alimentaron su expectativa de solicitar una green card. La corte, sin embargo, terminó colocándolo ante una decisión para la que no se sentía preparado.

El regreso a una Cuba todavía más empobrecida

De La Cruz regresó con su esposa a Las Minas, un poblado situado aproximadamente a media hora de La Habana. Allí encontró una realidad más severa que la que había dejado años atrás: apagones frecuentes, interrupciones en el suministro de agua y alimentos cuyos precios resultan inalcanzables para muchas familias. “El cambio es muy brusco”, explicó al comparar la disponibilidad de productos en Estados Unidos con las carencias cotidianas en Cuba.

Su testimonio vuelve a exponer las consecuencias del modelo económico controlado por el régimen cubano, incapaz de garantizar servicios básicos o ingresos suficientes. La falta de oportunidades continúa empujando a numerosos ciudadanos a emigrar, mientras quienes retornan descubren un país más deteriorado y con menos posibilidades de reconstruir sus vidas.

Un triciclo solar para comenzar nuevamente

Tras su regreso, el cubano compró un triciclo equipado con un panel solar y retomó su antiguo trabajo como taxista privado. El vehículo representa una alternativa práctica en un país donde las dificultades para conseguir combustible y los prolongados cortes eléctricos afectan diariamente el transporte.

En sus recorridos también comprueba la precariedad de numerosos pasajeros. Algunas personas pueden pagar el viaje completo, pero otras le piden que las acerque aunque no tengan suficiente dinero. De La Cruz asegura que le resulta doloroso abandonar a alguien en esas condiciones y que, cuando puede, decide ayudarlo.

El emprendimiento le permite generar ingresos y recuperar cierta estabilidad, pero no elimina el contraste entre la vida que construyó en Estados Unidos y la realidad económica que ahora enfrenta.

Entre la tranquilidad familiar y el deseo de otra Cuba

De La Cruz sostiene que podría quedarse definitivamente en su país si las condiciones cambiaran. Su respuesta no representa una aceptación de la situación actual, sino el deseo de vivir cerca de su familia en una Cuba con oportunidades, estabilidad y libertad para progresar.

Su historia resume una doble frustración. En Estados Unidos, la I-220A lo dejó atrapado en un proceso migratorio sin una vía clara hacia la residencia. En Cuba, encontró una crisis más profunda que la que lo había impulsado a marcharse.

Mientras continúan los litigios y reclamos relacionados con los cubanos portadores de I-220A, su experiencia funciona como advertencia: recibir ese formulario no garantiza la permanencia en Estados Unidos y cada caso puede terminar de manera diferente. Antes de aceptar una salida voluntaria o cualquier otra alternativa, los afectados deben consultar a un abogado de inmigración que revise su expediente completo.