Una coalición encabezada por Nueva York presentó una demanda federal para intentar detener la nueva regla de “carga pública” de la administración de Donald Trump, una política que ampliaría la capacidad de los funcionarios migratorios para negar el ingreso a Estados Unidos o la residencia permanente a determinados extranjeros que utilicen beneficios públicos o sean considerados susceptibles de depender del gobierno.
La acción judicial fue presentada el 14 de septiembre ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por Nueva York y otros 21 estados, además del Distrito de Columbia. Una segunda demanda fue interpuesta por una coalición de ciudades y condados encabezada por Nueva York e integrada, entre otros gobiernos locales, por Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y el condado de King.
La regulación está programada para entrar en vigor el viernes 18 de septiembre de 2026. La presentación de las demandas, por sí sola, no suspende su aplicación. Los demandantes buscan que un juez intervenga antes de esa fecha y declare ilegal la medida impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional.
La nueva regla amplía el poder de los funcionarios migratorios
La disputa se concentra en el significado de “carga pública”, una causal de inadmisibilidad que durante décadas ha permitido al gobierno evaluar si una persona podría depender principalmente de fondos públicos para mantenerse.
La norma adoptada en 2022 limitaba la evaluación principalmente a determinadas ayudas económicas en efectivo y a la institucionalización prolongada pagada por el gobierno. La regulación de 2026 elimina esas restricciones y concede a los funcionarios migratorios un margen considerablemente mayor para estudiar cada caso.
Según la demanda, los oficiales podrían tomar en cuenta casi cualquier beneficio público, independientemente del tiempo durante el cual haya sido utilizado. Entre los programas que generan mayor preocupación aparecen Medicaid, SNAP, asistencia de vivienda y ciertos servicios de alimentación escolar.
La regla no establece una lista cerrada de beneficios ni determina con claridad cuánto uso sería suficiente para perjudicar una solicitud. La evaluación quedaría basada en las circunstancias particulares de cada persona y en el criterio del funcionario encargado del expediente, según explicaron Associated Press y Reuters.
Familias con hijos estadounidenses también temen consecuencias
Uno de los aspectos más controvertidos es que los funcionarios podrían considerar beneficios utilizados legalmente por otros integrantes de la familia, incluso cuando esos familiares sean ciudadanos estadounidenses.
La Fiscalía General de Nueva York plantea como ejemplo el caso de un padre extranjero cuya solicitud de residencia pudiera verse afectada porque su hijo estadounidense recibe cobertura médica estatal o participa en un programa gratuito de alimentación escolar.
Los estados sostienen que esa amplitud generará un “efecto disuasorio”: familias legalmente elegibles podrían abandonar servicios de salud, nutrición o vivienda por miedo a perjudicar el trámite migratorio de uno de sus miembros.
Sin embargo, recibir una ayuda pública no significa automáticamente que una Green Card será negada. Tampoco implica por sí solo la cancelación inmediata de un estatus migratorio o una deportación. El peligro señalado por los demandantes surge de la amplitud de la evaluación y de la falta de límites claros para el criterio individual de cada funcionario.
Nueva York encabeza la ofensiva judicial
La coalición estatal está formada por Nueva York, California, Illinois, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, además del Distrito de Columbia.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, sostiene que la administración federal excedió la autoridad otorgada por el Congreso y actuó de manera arbitraria al ampliar el concepto de carga pública.
La demanda afirma que la regulación viola la Ley de Procedimiento Administrativo porque abandona la interpretación histórica de la norma, entrega una discreción excesiva a los funcionarios y no considera adecuadamente los daños económicos y sociales que podría provocar.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respaldó la impugnación y advirtió que la ambigüedad podría empujar a numerosas familias a renunciar a beneficios esenciales. Tanto Mamdani como James pidieron a los inmigrantes que no cancelen Medicaid, SNAP, WIC, TANF u otros programas sin consultar primero con un abogado o una organización legal confiable.
DHS defiende la política y habla de autosuficiencia
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó los argumentos de los estados y defendió la medida como parte del esfuerzo de la administración Trump para promover la autosuficiencia de quienes solicitan admisión o residencia permanente.
DHS acusó a los gobiernos demandantes de temer una reducción de fondos federales si numerosos inmigrantes dejan de participar en programas públicos. La posición del gobierno es que las personas que buscan establecerse legalmente en Estados Unidos no deben depender principalmente de los contribuyentes.
Los demandantes responden que la regla no se limita a identificar una dependencia prolongada, sino que permitiría valorar ayudas complementarias y temporales utilizadas legalmente por familias trabajadoras.
Hospitales, escuelas y pequeños comercios podrían verse afectados
La ofensiva judicial no se concentra únicamente en las consecuencias migratorias. Los estados sostienen que una salida masiva de beneficiarios tendría efectos sobre hospitales, escuelas, supermercados y presupuestos locales.
De acuerdo con la fiscalía general de Nueva York, DHS calcula que el llamado efecto disuasorio podría reducir anualmente en unos 4,050 millones de dólares los fondos de Medicaid y CHIP recibidos por los estados, además de aproximadamente 1,000 millones de dólares relacionados con SNAP.
Las autoridades estatales advierten que las personas que pierdan su seguro podrían posponer la atención médica y terminar recurriendo a salas de emergencia. También señalan que una caída en la inscripción en Medicaid y SNAP podría afectar la clasificación automática de estudiantes para recibir comidas gratuitas o a precio reducido.
Los supermercados y comercios de vecindarios con una elevada población inmigrante también podrían experimentar una disminución de ingresos si las familias dejan de utilizar la asistencia alimentaria.
Una nueva batalla por una política aplicada durante el primer mandato de Trump
La controversia revive una disputa surgida durante la primera administración de Trump. En 2019, el gobierno adoptó una interpretación amplia que permitía considerar determinados beneficios no monetarios y el tiempo durante el cual habían sido utilizados.
La política enfrentó varias demandas y decisiones judiciales antes de ser abandonada durante la administración de Joe Biden. En 2022 se adoptó una interpretación más limitada, centrada en la dependencia principal de asistencia monetaria o de institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno.
La administración Trump retomó ahora el enfoque restrictivo, aunque los estados demandantes argumentan que la versión de 2026 resulta todavía más ambigua porque no establece límites claros sobre los programas que pueden ser evaluados.
Qué deben hacer los inmigrantes potencialmente afectados
Las personas que estén preparando una solicitud de residencia permanente, un trámite consular o una petición que pueda estar sujeta a la causal de carga pública deben evitar tomar decisiones basadas únicamente en rumores o publicaciones de redes sociales.
Antes de cancelar un beneficio, conviene consultar con un abogado de inmigración o con una organización acreditada que pueda revisar el tipo de trámite, la categoría migratoria, los beneficios utilizados y quién dentro de la familia los recibe.
También es importante conservar documentos relacionados con ingresos, empleo, seguro médico, patrocinio económico y beneficios públicos. Cada expediente puede tener circunstancias diferentes y no todos los inmigrantes ni todas las categorías migratorias están sujetos de la misma manera a esta causal de inadmisibilidad.
Lo que puede ocurrir antes del 18 de septiembre
Los estados y gobiernos locales pedirán al tribunal que bloquee la regla antes de su entrada en vigor. El juez podría conceder una suspensión temporal, limitar partes de la política, permitir que comience a aplicarse mientras continúa el litigio o emitir una decisión después de la fecha prevista.
Hasta que exista una orden judicial, la regulación continúa programada para entrar en vigor el 18 de septiembre. La próxima actualización decisiva será cualquier resolución que determine si DHS puede comenzar a aplicarla mientras avanzan las demandas.
