Abogado cubano pide al Congreso actuar para dar claridad a miles con I-220A y reafirmar vigencia de la Ley de Ajuste Cubano

Una nueva iniciativa busca llevar directamente al Congreso de Estados Unidos el debate sobre la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano a miles de inmigrantes que fueron liberados en la frontera con un formulario I-220A.

El abogado de inmigración Santiago Alpízar informó que su oficina envió una carta a legisladores de origen cubano para solicitarles que impulsen una resolución que reafirme la vigencia y el propósito protector de la histórica legislación.

La petición llega cuando se aproxima el aniversario número 60 de la Ley de Ajuste Cubano, promulgada el 2 de noviembre de 1966.

“Sesenta años después, su letra y su propósito merecen ser respetados y cumplidos”, expresó Alpízar durante una entrevista, al explicar el alcance de la propuesta.

La petición enviada a Washington

Según el abogado, la misiva fue dirigida a congresistas cubanoamericanos de diferentes estados y partidos, incluidos representantes de Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Texas.

La propuesta contempla dos posibles caminos.

El primero sería aprobar una resolución conjunta que proporcione mayor claridad jurídica sobre la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano. Si esa alternativa no obtiene suficiente respaldo político, Alpízar propone al menos una resolución conmemorativa bipartidista que reafirme la plena vigencia de la legislación.

El objetivo, explicó, es que el Congreso —la institución que aprobó originalmente la ley— exprese nuevamente cuál debe ser su alcance y propósito.

¿Cómo podría influir en los casos I-220A?

La Ley de Ajuste Cubano permite que determinados ciudadanos cubanos soliciten la residencia permanente después de permanecer al menos un año en Estados Unidos, siempre que hayan sido inspeccionados y admitidos o puestos en parole y cumplan los demás requisitos.

Sin embargo, miles de cubanos liberados con un documento I-220A enfrentan un obstáculo: ese formulario no ha sido reconocido de manera general como el parole exigido por la ley.

En 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó en Matter of Cabrera-Fernandez que la liberación bajo “parole condicional” no equivale al parole humanitario contemplado por la legislación migratoria para solicitar el ajuste. Esa decisión continúa siendo uno de los principales impedimentos para este grupo. Departamento de Justicia de Estados Unidos

Alpízar sostiene que el Congreso podría ayudar a cambiar el rumbo del debate mediante una declaración más clara sobre la intención protectora de la Ley de Ajuste Cubano.

Una resolución conmemorativa, sin embargo, no modificaría automáticamente el estatus migratorio de los beneficiarios de I-220A ni les concedería la residencia. Su posible importancia estaría en el mensaje político y jurídico que enviaría a las agencias federales y a los tribunales.

Para producir un cambio obligatorio sería necesaria una medida con fuerza de ley, aprobada por ambas cámaras del Congreso y promulgada conforme al proceso legislativo.

Abogado revela una decisión favorable bajo apelación

Durante la entrevista, Alpízar aseguró que su oficina tiene pendiente ante la Junta de Apelaciones de Inmigración un caso relacionado con un cubano que recibió el ajuste de estatus en una corte de Nueva Orleans.

Según su explicación, una jueza de inmigración interpretó que la liberación recibida por el demandante era suficiente para cumplir el requisito de parole de la Ley de Ajuste Cubano. El Gobierno apeló posteriormente la decisión.

Ese resultado individual no constituye por ahora una regla nacional ni significa que todos los casos I-220A tendrán el mismo desenlace.

El abogado considera que una declaración del Congreso podría ser tomada en cuenta por la Junta de Apelaciones al examinar este y otros procesos similares.

La propuesta todavía no cambia la ley

La carta representa el comienzo de una gestión política, pero no constituye una nueva ley, una orden gubernamental ni una decisión judicial.

Para que la iniciativa avance, uno o varios legisladores tendrían que presentar formalmente una resolución y conseguir el respaldo necesario dentro del Congreso.

Mientras eso ocurre, los cubanos con I-220A deben continuar atendiendo individualmente sus procesos ante USCIS o las cortes de inmigración. La elegibilidad bajo la Ley de Ajuste Cubano depende de la forma de entrada, el documento de liberación, los antecedentes y otras circunstancias particulares.

Alpízar recomendó no presentar solicitudes o mociones basadas únicamente en consejos encontrados en TikTok, WhatsApp u otras redes sociales.

“Cada cual tiene un caso distinto, como es distinto su ADN”, señaló el abogado, quien exhortó a los inmigrantes a buscar asesoría legal personalizada.

La iniciativa abre ahora una nueva posibilidad política en Washington, pero su impacto dependerá de que los legisladores respondan a la petición y conviertan la propuesta en una medida concreta.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal.