Abogada desmiente rumor sobre la demanda colectiva de los I-220A: “La jueza no dijo eso”

Una de las afirmaciones que más preocupación ha generado entre los cubanos con I-220A después de la reciente audiencia federal no refleja, según la abogada Claudia Cañizares, lo que realmente ocurrió dentro de la corte.

En redes sociales comenzó a circular la versión de que la jueza habría considerado problemático certificar una demanda colectiva por tratarse de un grupo demasiado amplio. Cañizares, quien forma parte del equipo legal vinculado al litigio, desmintió esa interpretación de manera categórica.

“No, no, no. La jueza no dijo eso”, respondió la abogada al ser consultada sobre el tema durante una entrevista con Cuba en Miami.

La aclaración es importante porque la audiencia no terminó con una decisión en contra de la certificación colectiva. Ese asunto continúa pendiente y deberá abordarse en una etapa posterior del proceso.

La pregunta de la jueza fue cómo identificar a los miembros

De acuerdo con la explicación de Cañizares, la preocupación planteada por la magistrada no fue el tamaño de la posible clase, sino la capacidad de identificar con precisión a todas las personas que cumplirían los requisitos para integrarla.

Para que un caso sea certificado como demanda colectiva, sus abogados deben definir claramente quiénes pertenecen al grupo que buscan representar. En este litigio, la discusión incluye a personas que ingresaron a Estados Unidos, recibieron un formulario I-220A y no cuentan con parole.

La jueza preguntó si el gobierno dispone de las herramientas necesarias para localizar e identificar a esas personas. Los abogados de los demandantes sostuvieron que sí es posible hacerlo mediante los sistemas y registros que manejan el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según Cañizares, las agencias pueden aplicar filtros a sus bases de datos para determinar quiénes entraron bajo las condiciones contempladas en la demanda y quiénes no recibieron parole.

Ese punto deberá ser desarrollado con mayor precisión en los próximos documentos y argumentos que presente el equipo legal.

El tamaño del grupo no impediría por sí solo la certificación

La abogada también explicó que una demanda colectiva puede representar a un número muy elevado de personas. Por esa razón, la cantidad de posibles beneficiarios no sería, por sí sola, un impedimento automático para certificar el caso.

Lo decisivo será demostrar que el grupo puede definirse e identificarse siguiendo criterios objetivos. También deberán cumplirse los demás requisitos legales aplicables a este tipo de litigio.

La discusión sobre la identificación de los miembros, por tanto, no equivale a un rechazo. Se trata de un aspecto técnico que los demandantes deberán aclarar para fortalecer su solicitud de certificación.

La demanda colectiva todavía no ha sido aprobada

Aunque el desmentido despeja una de las informaciones que más inquietud produjo, tampoco significa que la demanda ya haya sido certificada como colectiva.

La audiencia reciente estuvo enfocada principalmente en la petición del gobierno para desestimar el caso. La demanda no fue cerrada y seguirá avanzando, pero los abogados deberán realizar enmiendas y complementar sus argumentos conforme a las instrucciones de la corte.

La certificación colectiva será discutida posteriormente. Hasta que la jueza emita una decisión específica sobre ese punto, no puede afirmarse que el litigio represente automáticamente a todos los cubanos que tienen una I-220A.

Si la clase fuera certificada, una eventual decisión podría extender su alcance más allá de los demandantes identificados actualmente, siempre dentro de la definición que apruebe la corte. Si la certificación fuera rechazada, el alcance del fallo podría quedar limitado a las personas que forman parte directa de las demandas presentadas.

Tampoco se decidió si los I-220A tienen parole

Cañizares reiteró que la audiencia no estaba convocada para emitir una decisión definitiva sobre si los cubanos liberados con I-220A deben ser considerados como personas con parole a efectos de solicitar la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.

El objetivo inmediato era determinar si el caso continuaría o sería desestimado. Al mantenerse en pie, los demandantes conservan la oportunidad de presentar sus argumentos y buscar una resolución sobre el fondo del conflicto.

La abogada pidió mantener expectativas realistas y evitar conclusiones basadas en frases aisladas o versiones difundidas sin el contexto completo de la audiencia.

¿Qué viene ahora para el caso?

Los equipos legales deberán enmendar las demandas, responder a los puntos señalados por la jueza y reforzar la solicitud para certificar la clase. Después se espera una audiencia dedicada específicamente a discutir la demanda colectiva.

El proceso todavía podría enfrentar nuevas mociones, una decisión sobre el fondo e incluso apelaciones. Sin embargo, el resultado inmediato de la audiencia permite que el litigio continúe avanzando.

Para miles de cubanos pendientes del caso, la aclaración central es concreta: la jueza no dijo que la clase fuera demasiado amplia ni descartó su certificación. Lo que pidió fue mayor precisión para determinar cómo podrían identificarse sus integrantes.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal. Cada situación migratoria debe ser evaluada individualmente por un profesional autorizado.