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El Gobierno del presidente Donald Trump amplió de manera considerable la obligación de los estados de compartir información migratoria con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mediante una nueva interpretación jurídica que podría convertir a todo el aparato estatal en una fuente de datos para las autoridades de inmigración.
La medida ya no limita esa responsabilidad a las oficinas que administran programas de asistencia económica. Según la opinión publicada por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (DOJ), todas las agencias de un estado participante deberán reportar a las personas que sepan que no están legalmente presentes en Estados Unidos.
El cambio afecta a los 50 estados, Washington D. C. y varios territorios estadounidenses, debido a que todos participan actualmente en los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) e Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), confirmó el Departamento de Justicia.
Las jurisdicciones que incumplan podrían enfrentar consecuencias graves, incluida la posible pérdida de fondos federales. Solo TANF distribuye más de 16.400 millones de dólares anuales entre estados y territorios para ayudar a familias de bajos ingresos.
La obligación alcanzará a todo el gobierno estatal
Durante casi tres décadas, la interpretación federal establecía que únicamente las agencias responsables de administrar TANF y SSI tenían que proporcionar información migratoria al Gobierno federal.
La nueva posición sostiene que la palabra “estado”, incluida en la ley de reforma del bienestar social de 1996, se refiere al estado como una unidad soberana y, por tanto, comprende a todas las entidades que forman parte de su estructura gubernamental.
En la práctica, esto significa que la obligación podría alcanzar a departamentos estatales que no administran directamente beneficios sociales, como universidades públicas, oficinas de vehículos motorizados y otras dependencias que posean información sobre residentes extranjeros.
Cuando un estado acepta fondos federales de TANF o participa en acuerdos vinculados con SSI, todo su Gobierno queda sujeto a la obligación de suministrar al DHS el nombre, la dirección y otros datos identificativos de las personas que se sepa que permanecen ilegalmente en el país, según la interpretación del DOJ.
No será necesaria una orden final de deportación
Uno de los elementos más relevantes de la opinión es la manera en que el Departamento de Justicia interpreta cuándo una agencia puede considerar que “sabe” que una persona carece de presencia legal.
Hasta ahora, una regulación federal del año 2000 establecía un umbral considerablemente alto: debía existir una determinación formal, sujeta a revisión administrativa y respaldada por el DHS o por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración. Un ejemplo era una orden final de deportación. La nueva opinión jurídica de la Oficina de Asesoría Legal considera que ese requisito es más estricto de lo que exige la ley.
De acuerdo con el documento, un estado podría tener conocimiento de la presencia irregular cuando el DHS le haya notificado que la persona carece de estatus legal; cuando el propio inmigrante admita que entró irregularmente y no posee otra base para permanecer; cuando los registros indiquen que su estatus venció o fue cancelado; o cuando presente documentos que demuestren la ausencia de una situación migratoria válida.
El DOJ también sostiene que una agencia no puede evitar adquirir ese conocimiento ignorando deliberadamente información disponible o exigiendo una decisión migratoria formal que, según su interpretación, la ley no requiere.
Esto amplía el universo de personas cuyos datos podrían terminar en manos del DHS, incluso cuando no tengan una orden final de deportación. Sin embargo, la aplicación concreta podría depender de nuevas instrucciones, cambios en los convenios federales y procedimientos adoptados por cada agencia.
Los reportes deberán realizarse varias veces al año
La ley citada por el Departamento de Justicia dispone que los estados participantes en TANF deben proporcionar la información al menos cuatro veces al año y también cuando las autoridades migratorias la soliciten.
El contenido entregado puede incluir el nombre, la dirección y otros datos que permitan identificar a la persona. La nueva interpretación no significa que cada funcionario estatal pueda decidir libremente que alguien es indocumentado por su apariencia, idioma o nacionalidad. El conocimiento deberá estar basado en información disponible que permita establecer la ausencia de presencia legal.
La condición migratoria también puede ser compleja. Una persona puede estar en un proceso de asilo, tener una solicitud pendiente, contar con libertad condicional migratoria, estar amparada por una orden judicial o poseer otra autorización temporal. Por ello, una identificación incorrecta podría provocar controversias, reclamos administrativos y posibles litigios.
El Gobierno amenaza con retirar fondos
El subsecretario adjunto de Justicia Joshua Craddock, autor de la opinión, aseguró que la decisión no crea una obligación nueva, sino que recupera —según el Gobierno— el significado original de la legislación aprobada por el Congreso.
Craddock advirtió que los estados que acepten fondos de TANF deberán cumplir la ley federal y que una negativa podría ocasionar “consecuencias graves”, incluida la pérdida del financiamiento del programa.
La amenaza tiene un peso considerable porque TANF sostiene ayudas económicas, programas de capacitación laboral, cuidado infantil y otros servicios destinados a familias con hijos que atraviesan dificultades económicas.
En teoría, un estado que rechace las condiciones podría abandonar los programas. En la práctica, renunciar a miles de millones de dólares y asumir el costo político de suspender servicios para residentes vulnerables sería una decisión extremadamente difícil.
El DOJ señaló que las agencias federales podrán utilizar la nueva opinión para modificar acuerdos de TANF y SSI, además de actualizar los procesos mediante los cuales se vigila el cumplimiento de las condiciones asociadas con esos fondos.
La medida no será retroactiva
Los estados no serán sancionados por haber seguido la interpretación anterior. El Departamento de Justicia reconoció que los acuerdos suscritos bajo las reglas vigentes desde 1998 se basaron en un entendimiento diferente sobre las obligaciones de los gobiernos estatales.
La nueva interpretación se aplicará hacia el futuro, una vez que las agencias correspondientes comiencen a ajustar sus convenios y mecanismos de cumplimiento.
El cambio revoca una opinión adoptada durante la Administración de Bill Clinton. Aquella posición limitaba la obligación de reportar a las agencias estatales que administraban específicamente TANF y SSI.
La Oficina de Asesoría Legal sostiene ahora que esa conclusión ignoró la definición amplia de “estado” contenida en la legislación y redujo indebidamente la cantidad de información migratoria que el DHS tenía derecho a recibir.
Qué cambia para los migrantes
La medida no convierte automáticamente en deportable a una persona ni equivale por sí sola a una orden de arresto. Tampoco establece que todos los datos estatales serán transferidos inmediatamente al DHS.
Lo que cambia es el alcance de la infraestructura gubernamental obligada a reportar. Un contacto con una dependencia estatal ajena al sistema de asistencia social podría adquirir relevancia migratoria si esa oficina posee información suficiente para concluir que la persona no está legalmente presente.
La decisión tampoco significa que los inmigrantes sin estatus sean beneficiarios de TANF o SSI. En términos generales, estas personas no son elegibles para recibir directamente esos beneficios. La nueva interpretación utiliza la participación del estado en ambos programas como base para imponer la obligación de informar a todas sus agencias.
Los próximos pasos serán decisivos. HHS, la Administración del Seguro Social y otras entidades federales tendrán que determinar cómo incorporan la opinión a sus convenios, qué protocolos utilizarán los estados, quién verificará la información y qué salvaguardas existirán para evitar que residentes legales o personas con casos migratorios pendientes sean reportados erróneamente.
También deberá observarse la respuesta de los estados, especialmente aquellos con políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. La amenaza de retirar fondos destinados a familias vulnerables podría abrir un nuevo frente legal entre esas jurisdicciones y la Administración Trump.
