Una jueza federal de Maryland frenó la más reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, al considerar que la medida probablemente contradice la Constitución y un fallo vinculante de la Corte Suprema.
La magistrada Deborah L. Boardman emitió una orden judicial preliminar que impide aplicar el decreto contra los niños protegidos por una demanda colectiva mientras continúa el litigio. La decisión afecta una de las políticas migratorias más controvertidas del segundo mandato de Trump y mantiene, por ahora, el reconocimiento de la ciudadanía de los menores incluidos en el caso.
“El Tribunal Supremo ha hablado: los niños pertenecientes a la clase certificada son ciudadanos desde el nacimiento”, sostuvo Boardman en su resolución, según informó Associated Press.
La Corte Suprema ya había protegido a estos niños
El nuevo revés judicial ocurre poco más de dos meses después de que la Corte Suprema resolviera el caso Trump v. Barbara. En una decisión dividida por seis votos contra tres, el máximo tribunal determinó que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran ilegal o temporalmente en el país están sujetos a la jurisdicción estadounidense y son ciudadanos desde el nacimiento.
La sentencia se apoyó en la Cláusula de Ciudadanía de la 14ta Enmienda, que reconoce como ciudadanos a quienes nazcan o sean naturalizados en Estados Unidos y estén sujetos a su jurisdicción. La decisión oficial de la Corte Suprema estableció que una orden presidencial no puede retirar esa condición a los menores cubiertos por la protección constitucional.
Aquel fallo invalidó el intento inicial de Trump, incluido en una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, durante el primer día de su segundo mandato.
Trump presentó una orden más limitada en agosto
Después de la derrota ante la Corte Suprema, Trump firmó el 6 de agosto una nueva orden ejecutiva con un alcance aparentemente más reducido. La medida buscaba excluir de la ciudadanía automática a varias categorías de niños nacidos en territorio estadounidense.
Entre ellos se encontraban los hijos de personas consideradas “enemigos extranjeros”, de individuos vinculados con misiones diplomáticas o gobiernos extranjeros y de quienes supuestamente hubieran viajado al país para participar en el denominado “turismo de parto”.
La orden también abarcaba a personas que hubieran realizado una “transacción comercial” para obtener o acceder a la ciudadanía por nacimiento. Los demandantes advirtieron que esa definición era tan amplia que podría incluir la compra de un pasaje aéreo.
Esto provocó preocupación entre familias que viajaron a Estados Unidos por motivos distintos al nacimiento de un hijo, pero que posteriormente tuvieron un bebé en el país.
El llamado turismo de parto ya puede tener consecuencias migratorias cuando las autoridades determinan que una persona solicitó una visa con el propósito principal de dar a luz en Estados Unidos para que su hijo obtuviera la ciudadanía. Sin embargo, el nuevo decreto iba más lejos al ordenar que las agencias federales negaran documentos que reconocieran esa ciudadanía.
La jueza rechazó esperar por las reglas de implementación
Los abogados del Departamento de Justicia alegaron que la demanda era prematura porque las agencias federales todavía no habían publicado las instrucciones para implementar la nueva política.
Según el Gobierno, antes de emitir esas directrices no podía afirmarse que las familias enfrentarían un daño concreto. Boardman rechazó ese argumento porque, independientemente del contenido de las futuras instrucciones, la orden presidencial ya exigía negar documentos de ciudadanía a grupos amplios de niños.
La magistrada también señaló que el texto podía interpretarse de manera retroactiva. Esa lectura permitiría afectar a bebés que ya habían nacido y cuya ciudadanía había sido reconocida bajo el fallo de la Corte Suprema.
La decisión impide que el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social interfieran, desconozcan o nieguen la ciudadanía de los menores incluidos en la demanda colectiva. La protección alcanza a niños nacidos después del 19 de febrero de 2025 y a los que nazcan en el futuro mientras permanezca vigente la medida judicial.
Pasaportes y números de Seguro Social estaban en juego
La orden ejecutiva podía tener consecuencias directas para la obtención de pasaportes, certificados de ciudadanía y números de Seguro Social.
El Departamento de Estado había preparado un borrador que contemplaba pedir a los padres documentos sobre su ciudadanía o situación migratoria cuando solicitaran un pasaporte para un hijo nacido en Estados Unidos. Esa información habría permitido determinar si el menor pertenecía a alguna de las categorías excluidas por la nueva orden.
Con la decisión de Boardman, las agencias no pueden emplear esas reglas para desconocer la ciudadanía de los niños protegidos por la demanda.
El fallo no significa que el litigio haya terminado ni constituye todavía una sentencia definitiva sobre todos los aspectos del decreto. Se trata de una medida preliminar destinada a impedir posibles daños mientras el tribunal estudia el fondo del caso.
La administración Trump continuará la batalla legal
El fiscal general Todd Blanche defendió la orden y afirmó que había sido redactada tomando en cuenta la sentencia de la Corte Suprema. También aseguró que el Gobierno continuará litigando y que está dispuesto a llevar nuevamente la disputa ante el máximo tribunal.
La administración podría apelar la decisión de Boardman y solicitar que un tribunal superior suspenda la medida cautelar. Mientras eso no ocurra, las agencias federales deberán mantener el reconocimiento de la ciudadanía de los menores cubiertos.
La demanda fue impulsada por familias inmigrantes y organizaciones como We Are CASA, el Asylum Seeker Advocacy Project y el Institute for Constitutional Advocacy and Protection.
El caso abre un nuevo capítulo en la disputa sobre los límites del poder presidencial y la interpretación de la 14ta Enmienda. También deja claro que cualquier intento de modificar la ciudadanía por nacimiento continuará enfrentando importantes obstáculos constitucionales.
