La Fiscalía federal de Estados Unidos anunció que no solicitará la pena de muerte contra Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, exteniente coronel y expiloto de la Fuerza Aérea cubana acusado de participar en la operación que culminó con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
La decisión fue comunicada este miércoles durante una audiencia celebrada en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, en Miami. Aunque los fiscales descartaron la pena capital, González-Pardo todavía podría enfrentar cadena perpetua si fuera declarado culpable del cargo federal presentado en su contra.
El acusado, de 65 años, permanece detenido en una cárcel federal y compareció ante el tribunal esposado y vestido con uniforme de recluso. Durante el proceso ha mantenido su declaración de inocencia frente a la acusación relacionada con el derribo de las aeronaves.
El juicio continúa sin fecha
La audiencia no marcó el comienzo del juicio, sino que estuvo destinada a revisar el estado de un proceso considerado especialmente complejo por la cantidad y naturaleza de las pruebas acumuladas durante tres décadas.
El juicio todavía no tiene fecha debido, principalmente, a la existencia de materiales clasificados que podrían ser utilizados por la Fiscalía. Los abogados defensores necesitan obtener autorizaciones de seguridad del Gobierno estadounidense antes de acceder a esa información y preparar adecuadamente su estrategia.
El expediente también incluye documentos antiguos, evidencia física, grabaciones almacenadas en soportes tecnológicos obsoletos e informes que no fueron conservados originalmente en formato digital. Estos obstáculos han obligado al tribunal a conceder más tiempo a ambas partes.
Está previsto que se celebre otra audiencia de seguimiento dentro de aproximadamente 60 días, cuando la Fiscalía y la defensa deberán informar sobre sus avances.
Acusado de participar en una operación militar cubana
González-Pardo está acusado de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses por su presunta intervención en la operación militar ejecutada el 24 de febrero de 1996.
Ese día, tres avionetas de Hermanos al Rescate despegaron del aeropuerto de Opa-locka, en el sur de Florida, para realizar una misión sobre el estrecho. Cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos de las aeronaves civiles utilizando misiles aire-aire.
En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Estados Unidos sostiene que las avionetas se encontraban sobre aguas internacionales y que fueron destruidas sin advertencia previa.
La acusación federal alega que militares cubanos realizaron previamente entrenamientos para localizar e interceptar aeronaves civiles de movimiento lento. También sostiene que agentes de inteligencia del régimen infiltraron Hermanos al Rescate y enviaron a La Habana información sobre sus operaciones aéreas.
González-Pardo no está acusado de haber disparado los misiles. Según la acusación, habría formado parte de la operación desplegada por las autoridades militares cubanas. Lorenzo Alberto Pérez-Pérez es señalado como el piloto que abrió fuego contra las avionetas.
El único acusado bajo custodia estadounidense
El expiloto es el único de los seis acusados por el caso que se encuentra bajo custodia de Estados Unidos. La acusación presentada en mayo también incluye a Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, y a los militares Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga y Raúl Simanca Cárdenas.
Todos están acusados de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. Raúl Castro y Pérez-Pérez enfrentan además cargos por asesinato y destrucción de aeronaves, según explicó el Departamento de Justicia.
Los demás acusados permanecen en Cuba, lo que convierte a González-Pardo en el primero que podría ser juzgado físicamente en territorio estadounidense por estos hechos.
Llegó a Estados Unidos ocultando su carrera militar
González-Pardo sirvió en la Fuerza Aérea Revolucionaria y Defensa Antiaérea de Cuba entre 1980 y 2009. Su presencia en Estados Unidos salió a la luz después de que las autoridades detectaran inconsistencias en su expediente migratorio.
La Fiscalía aseguró que, al solicitar la residencia permanente, declaró falsamente que nunca había recibido entrenamiento militar, pertenecido a una organización armada o servido en una unidad militar o policial.
Fue arrestado en noviembre de 2025 y posteriormente se declaró culpable de realizar declaraciones falsas en documentos migratorios. En mayo de 2026 recibió una condena de siete meses, gran parte de la cual ya había cumplido mientras permanecía detenido.
Sin embargo, antes de ser liberado fue trasladado a Miami para enfrentar la acusación vinculada con Hermanos al Rescate. Un juez ordenó mantenerlo bajo custodia al considerar que existía riesgo de fuga.
La eliminación de la pena de muerte reduce una de las consecuencias más severas contempladas inicialmente, pero no disminuye la gravedad del proceso: el expiloto continúa expuesto a una posible condena de por vida. Como ocurre en todo proceso penal federal, se presume inocente del nuevo cargo mientras no exista una sentencia definitiva.
