Florida comenzó a desmontar parte de la red de cámaras que registra automáticamente las matrículas y los movimientos de vehículos en las carreteras del estado.
El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) revocó los permisos relacionados con los sistemas de lectura de placas, conocidos como LPR, que habían sido concedidos a agencias locales del orden para operar dentro de derechos de vía estatales.
La orden concede un plazo de 30 días para retirar los dispositivos alcanzados por la medida. Entretanto, varias oficinas del sheriff anunciaron que dejarán de utilizar inmediatamente esta tecnología.
“Todos los permisos relacionados con sistemas LPR emitidos por el Departamento a una agencia local de cumplimiento de la ley quedan revocados y deben ser removidos por el titular del permiso dentro de los 30 días siguientes a la fecha de este memorando”, señala la directriz firmada por Will Watts, director de operaciones y subsecretario de FDOT.
La medida representa un cambio importante en el uso de una tecnología que se había extendido por numerosas carreteras y comunidades de Florida.
¿Qué cámaras tendrán que retirar?
La directriz se refiere específicamente a los lectores de matrículas instalados dentro de derechos de vía administrados por el estado y autorizados mediante permisos de FDOT.
Esto significa que la orden no establece necesariamente la eliminación automática de todos los lectores existentes en propiedades municipales, terrenos del condado o espacios privados. Sin embargo, algunas agencias están tomando medidas más amplias y anunciaron la suspensión de sus sistemas.
Entre las oficinas policiales que informaron que apagarán o retirarán lectores de placas se encuentran:
- Oficina del Sheriff de Jacksonville
- Oficina del Sheriff del Condado Putnam
- Oficina del Sheriff de Volusia
- Oficina del Sheriff del Condado Clay
La Oficina del Sheriff de Volusia comunicó que apagaría inmediatamente los lectores instalados en el condado.
Por su parte, la sheriff del condado Clay, Michelle Cook, aseguró que la seguridad de las familias y los negocios continuará siendo una prioridad pese al cambio en el uso de la tecnología.
DeSantis aseguró que las cámaras estaban “fuera de control”
La orden de FDOT llegó después de que el gobernador Ron DeSantis cuestionara públicamente el crecimiento de estos sistemas y el acceso de las autoridades a la información que recopilan.
“Estas cámaras, los lectores de placas, creo que están fuera de control”, declaró el gobernador al referirse a los equipos utilizados por diferentes departamentos policiales y oficinas del sheriff.
Una parte considerable de la controversia se ha concentrado en las cámaras fabricadas por Flock Safety. Estos dispositivos fotografían las matrículas y pueden registrar datos como la hora, ubicación, dirección de desplazamiento y características visibles de los vehículos.
Las autoridades pueden utilizar posteriormente esa información para buscar automóviles relacionados con investigaciones o reconstruir sus movimientos.
Las cámaras también han ayudado a resolver delitos
Las agencias policiales que respaldan esta tecnología aseguran que los lectores han permitido localizar personas desaparecidas, recuperar vehículos robados, identificar sospechosos y resolver investigaciones criminales.
Sus críticos, en cambio, cuestionan durante cuánto tiempo se conserva la información, quién puede consultarla y si otras agencias pueden acceder a registros que permitan reconstruir los movimientos de personas que no están acusadas de ningún delito.
La discusión adquirió mayor intensidad ante reportes sobre el posible uso de estas bases de datos en investigaciones y operativos migratorios. Organizaciones y residentes han expresado preocupación por la posibilidad de que una parada de tráfico o el registro de un vehículo termine facilitando una detención migratoria.
La orden de FDOT no acusa directamente a las agencias de utilizar ilegalmente los lectores ni prohíbe toda forma de lectura automática de placas en Florida. Su efecto inmediato es revocar los permisos estatales y obligar a retirar los dispositivos colocados en los espacios bajo jurisdicción del Departamento de Transporte.
Durante los próximos 30 días deberá conocerse cuántas cámaras serán retiradas de las carreteras estatales y si más departamentos policiales deciden apagar completamente sus redes.
