La ciudad de Miami aprobó una ordenanza que facilita la intervención policial contra las personas sin hogar que duerman o mantengan campamentos en calles, aceras, parques y otras propiedades públicas, una decisión que profundiza el debate sobre el manejo de la indigencia en una de las zonas metropolitanas con mayor presión inmobiliaria de Estados Unidos.
La medida fue respaldada por la Comisión Municipal con una votación de tres a dos y elimina varios pasos del procedimiento anterior. Una vez que entre en vigor, los agentes ya no tendrán que entregar una notificación escrita ni conceder un plazo obligatorio de 24 horas antes de actuar.
En su lugar, bastará con una advertencia verbal y un periodo considerado “razonable” para que la persona recoja sus pertenencias y abandone el lugar. Si se niega a hacerlo, existe una cama disponible en un refugio y rechaza esa alternativa, podrá ser arrestada.
La ordenanza plantea un cambio significativo en la respuesta de Miami a los campamentos urbanos. Sus promotores aseguran que busca recuperar los espacios públicos, atender las quejas de residentes y comerciantes y conducir a las personas vulnerables hacia los servicios sociales. Sus detractores sostienen que la ciudad está endureciendo la respuesta policial sin haber resuelto la falta de vivienda asequible, la insuficiencia de refugios y las necesidades de salud mental de la población afectada.
La nueva norma reduce el proceso previo a una posible detención
Hasta ahora, la Policía de Miami debía seguir un procedimiento que incluía una advertencia escrita y un margen de hasta 24 horas para retirar las pertenencias de un espacio público. La nueva ordenanza elimina ambos requisitos. Los agentes podrán informar verbalmente a la persona de que está infringiendo la normativa y concederle tiempo para empacar sus objetos y marcharse.
El texto, sin embargo, no establece exactamente cuánto debe durar ese periodo. La expresión “tiempo razonable” puede variar según las circunstancias, la cantidad de pertenencias, la condición física de la persona y la evaluación realizada por el agente.
Esa ambigüedad se convirtió en uno de los puntos más controvertidos de la discusión. Los opositores temen que situaciones similares puedan recibir respuestas diferentes y que el margen de discreción policial provoque una aplicación desigual entre barrios o individuos.
También fue eliminada la multa como alternativa previa al arresto. Por tanto, la consecuencia más grave podría llegar con mayor rapidez cuando la persona se niegue a abandonar el sitio después de recibir la advertencia.
No obstante, la detención no será automática. El agente deberá cumplir varias condiciones, incluida la verificación de que existe alojamiento disponible en un refugio y que la persona rechazó expresamente esa opción.
Dormir bajo cartones o mantas podrá considerarse un campamento
La regulación incluye una definición amplia de las conductas que pueden ser consideradas como campamento en una propiedad pública. La categoría puede abarcar a quienes duerman dentro de una tienda de campaña o bajo mantas, cartones y otros materiales improvisados. También podrá aplicarse a personas que permanezcan en un lugar con una cantidad de pertenencias superior a la que podría guardarse en una caja.
El alcance de esa descripción genera preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos de las personas sin hogar. A su juicio, elementos utilizados para protegerse del sol, la lluvia o el frío podrían ser interpretados como pruebas de que se estableció un campamento.
Para los impulsores de la ordenanza, en cambio, la distinción es necesaria para evitar la ocupación prolongada de aceras, parques y áreas utilizadas por peatones, familias, negocios y servicios públicos.
El debate no gira únicamente alrededor del acto de dormir. También involucra la acumulación de objetos, la salubridad, el acceso a entradas comerciales, la movilidad de personas con discapacidad y la utilización compartida de los espacios públicos.
No habrá arresto si los refugios están llenos
La disponibilidad de una cama es uno de los principales límites incorporados en la norma. Antes de detener a una persona, el agente deberá comprobar que exista un espacio adecuado en un refugio. Posteriormente tendrá que ofrecer el traslado y verificar que el individuo se negó a aceptar la alternativa.
Si todos los centros están llenos, la policía no podrá realizar el arresto únicamente por la conducta contemplada en la ordenanza. Este requisito podría restringir considerablemente la aplicación de la medida, debido a la diferencia entre la cantidad de personas que viven en la calle y el número de plazas disponibles.
La ciudad contaba con más de 605 personas sin techo durmiendo en espacios públicos, según el conteo citado durante el debate. En el conjunto de Miami-Dade, los registros oficiales estiman que alrededor de 3.500 personas experimentan alguna forma de falta de vivienda, incluyendo tanto a quienes permanecen en refugios como a quienes viven a la intemperie.
Un nuevo centro aportará 80 camas, pero la demanda es mucho mayor
Entre las iniciativas destinadas a ampliar la capacidad de alojamiento aparece el Better Way Navigation Center, un refugio de emergencia previsto en la zona de Liberty City y Gladeview.
El proyecto contará con aproximadamente 80 camas y tendrá un modelo de acceso más flexible que otros albergues tradicionales. Se prevé que admita mascotas y permita que parejas o familias extendidas permanezcan juntas, evitando algunas de las separaciones que suelen disuadir a las personas sin hogar de entrar en un refugio.
Miami-Dade asignó más de 10,6 millones de dólares para financiar su funcionamiento durante siete años. La administración quedará en manos de la organización Better Way of Miami, que también deberá ayudar a los residentes a avanzar hacia soluciones habitacionales más estables.
Aunque la apertura representa un aumento de la capacidad, las 80 camas equivalen a una fracción de la población que necesita alojamiento. Ese desequilibrio deja abierta la pregunta de cuántos arrestos podrán producirse legalmente cuando la norma exija confirmar una plaza disponible.
También será necesario determinar qué sucede cuando la cama ofrecida no responde a las circunstancias particulares de la persona, como una discapacidad, la necesidad de cuidados médicos, la presencia de una mascota o el deseo de permanecer junto a su pareja.
Por qué algunas personas rechazan los albergues
La negativa a ingresar en un refugio no siempre significa que una persona prefiera vivir en la calle. Una investigación de la Universidad de Miami citada en la discusión concluyó que alrededor del 28% de las personas sin hogar podría rechazar una cama debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad o las normas internas.
Algunos centros establecen horarios rígidos de entrada y salida, limitan la cantidad de pertenencias permitidas, separan a las parejas o no aceptan animales. Otros requieren cumplir condiciones relacionadas con la sobriedad o la participación en determinados programas.
Para una persona que trabaja de noche, posee documentos y objetos acumulados durante años o depende emocionalmente de una mascota, ingresar en un albergue puede implicar perder parte de sus pertenencias o romper su única red de apoyo.
También existen personas con trastornos mentales, adicciones o experiencias traumáticas que se sienten inseguras en espacios colectivos. En esos casos, el rechazo no necesariamente responde a una falta de voluntad para recibir ayuda, sino a la percepción de que la opción ofrecida no es adecuada. La apertura de centros de baja exigencia, como el previsto Better Way Navigation Center, busca reducir algunas de esas barreras.
Una Comisión Municipal dividida por el alcance de la política
La ordenanza fue aprobada con los votos de Rolando Escalona, Miguel Ángel Gabela y Ralph Rosado. Escalona, quien representa áreas que incluyen sectores de Little Havana y Brickell, defendió la medida como una herramienta para mejorar la seguridad y limpieza de las comunidades, al tiempo que se ofrece acceso a servicios.
Los partidarios sostuvieron que la policía necesita procedimientos más rápidos para intervenir cuando una persona ocupa durante largos periodos una acera, la entrada de un negocio o un parque. También argumentaron que la ordenanza no está diseñada para realizar arrestos indiscriminados, debido a que obliga a ofrecer una cama antes de proceder.
Christine King y Damian Pardo votaron en contra. Entre sus preocupaciones apareció la falta de una definición precisa del tiempo que debe concederse después de la advertencia verbal.
Los opositores consideran que una ordenanza con conceptos ambiguos puede aumentar la posibilidad de decisiones arbitrarias, especialmente cuando las personas afectadas tienen problemas de movilidad, discapacidades o una gran cantidad de pertenencias.
La Policía de Miami respalda el cambio
El jefe de la Policía de Miami, Edwin Lopez, apoyó la modificación y señaló que las detenciones relacionadas con personas durmiendo en espacios públicos han sido poco frecuentes. De acuerdo con las cifras presentadas, solo dos personas habían sido arrestadas durante el año bajo el procedimiento anterior.
Para los defensores, este dato demuestra que la policía utiliza la detención como último recurso y que el cambio no necesariamente provocará arrestos masivos. Sin embargo, las organizaciones civiles responden que la conducta futura no puede evaluarse únicamente a partir de las estadísticas de una normativa que exigía más pasos antes de detener a alguien.
La eliminación del aviso escrito y del plazo de 24 horas podría acelerar las intervenciones. Por ello, insisten en la necesidad de documentar cada advertencia, cada ofrecimiento de refugio y las razones por las que una persona rechazó la cama.
Miami se adapta a una ley estatal contra dormir en espacios públicos
La decisión municipal ocurre dentro de un marco más amplio establecido por Florida. Desde octubre de 2024, la legislación estatal prohíbe a los gobiernos locales permitir que las personas duerman o acampen de forma regular en propiedades públicas. La norma también presiona a los condados y ciudades para que retiren los campamentos y creen espacios autorizados cuando no exista capacidad suficiente en los refugios.
La ordenanza aprobada en Miami se alinea con ese enfoque estatal, que prioriza la prohibición de dormir en la vía pública y permite mecanismos de cumplimiento más estrictos. La ley de Florida también abrió la posibilidad de acciones legales contra gobiernos locales que no respondan adecuadamente a las denuncias sobre campamentos, lo que incrementó la presión sobre las autoridades municipales.
Sus defensores aseguran que los espacios públicos no pueden convertirse en asentamientos permanentes. Sus críticos señalan que el estado trasladó la responsabilidad financiera a los gobiernos locales sin aportar suficientes recursos para construir refugios, viviendas o centros de salud mental.
El debate legal cambió tras una decisión de la Corte Suprema
Las ciudades estadounidenses recibieron mayor margen para regular los campamentos después de que la Corte Suprema determinara en 2024 que aplicar prohibiciones generales contra dormir en espacios públicos no viola automáticamente la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales.
La decisión redujo uno de los principales obstáculos legales utilizados durante años por organizaciones que argumentaban que una ciudad no debía castigar a una persona por dormir en la calle cuando no había refugios disponibles.
Aun así, los gobiernos locales continúan expuestos a demandas relacionadas con el debido proceso, la aplicación discriminatoria de las normas, la destrucción de pertenencias y el trato a personas con discapacidades.
El requisito incluido por Miami de verificar que haya una cama disponible podría funcionar como una protección legal y como un mecanismo para demostrar que el arresto se produjo después de ofrecer una alternativa. No obstante, todavía podrían surgir disputas sobre la idoneidad de la plaza, el tiempo concedido para abandonar el lugar y la forma en que la policía documente el rechazo.
Los críticos advierten que un arresto puede agravar la falta de vivienda
Las organizaciones defensoras de la población sin hogar sostienen que una detención puede generar consecuencias que van mucho más allá del tiempo pasado en la cárcel. Un antecedente penal puede dificultar la contratación laboral, la aprobación de una solicitud de alquiler y el acceso a determinados programas de vivienda.
Una persona arrestada también puede perder documentos, medicamentos, ropa, teléfonos o pertenencias esenciales. Incluso una ausencia breve puede provocar que pierda su lugar en una lista de espera, falte a una cita médica o no se presente ante un trabajador social.
David Peery, vinculado a la Coalición de Miami para el Avance de la Equidad Racial, ha sostenido que las medidas de este tipo castigan a personas que no han cometido delitos contra terceros, sino que carecen de un espacio privado donde realizar actividades básicas.
Los grupos opositores defienden que los recursos utilizados para policías, tribunales y cárceles deberían dirigirse a programas de vivienda permanente y atención médica.
Detener a una persona cuesta más que alojarla
El costo económico se convirtió en otro argumento central contra la ordenanza. Mantener a una persona detenida en el sistema carcelario de Miami-Dade puede costar aproximadamente 304 dólares diarios. En un año, el gasto superaría los 111.000 dólares.
Por contraste, una plaza en un programa de vivienda de apoyo permanente tendría un costo estimado cercano a 80 dólares por día. La comparación muestra que la cárcel puede resultar casi cuatro veces más costosa que una solución habitacional acompañada de servicios.
Los programas de vivienda de apoyo suelen combinar alojamiento estable con atención de salud mental, tratamiento de adicciones, orientación laboral y ayuda para obtener documentos o beneficios públicos. Sus defensores argumentan que resulta más difícil superar una enfermedad, conseguir trabajo o cumplir un tratamiento cuando la persona continúa durmiendo en la calle.
Crece la presencia de adultos mayores sin vivienda
Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis es el aumento de personas mayores de 65 años que pierden sus hogares. El informe de necesidades de Miami-Dade correspondiente a 2026 contabilizó 479 hogares encabezados por adultos mayores, frente a 475 en el periodo anterior. El documento también confirmó que el conteo de personas sin refugio fue realizado el 22 de enero con 28 equipos desplegados en el condado.
Parte de esta población vive con ingresos fijos que no crecen al mismo ritmo que los alquileres, las primas de seguros, los medicamentos y otros gastos esenciales. Algunos adultos mayores terminan en la calle después de una hospitalización, la muerte de su pareja, un desalojo o la pérdida del apoyo familiar.
Para ellos, un arresto puede ser especialmente perjudicial. Pueden necesitar medicamentos diarios, equipos de movilidad, atención médica y condiciones que no siempre están disponibles en una cárcel o en un refugio general. La situación obliga a considerar soluciones específicas, como viviendas para personas mayores, asistencia de alquiler y centros con servicios médicos.
La falta de vivienda no se limita a quienes duermen en la calle
Los conteos oficiales ofrecen una fotografía de una noche concreta, pero no reflejan todas las formas de inestabilidad habitacional. Además de las personas que duermen en aceras o parques, existen familias que viven temporalmente en automóviles, habitaciones de motel, casas de amigos o viviendas sobreocupadas.
Otras se encuentran a una factura médica, un aumento del alquiler o la pérdida de empleo de quedarse sin techo. Por esa razón, las organizaciones sociales insisten en que la respuesta no debe concentrarse únicamente en retirar campamentos visibles. También debe incluir mecanismos de prevención para evitar que más residentes pierdan sus viviendas.
Los programas de asistencia de alquiler, mediación ante desalojos y apoyo económico de emergencia pueden resultar menos costosos que atender a una persona después de que se haya quedado en la calle.
La alcaldesa Eileen Higgins conserva la posibilidad de vetar la ordenanza
Aunque la Comisión Municipal aprobó el texto, la alcaldesa Eileen Higgins conserva la facultad de vetarlo. Si decide no firmarlo ni rechazarlo dentro del periodo establecido, la ordenanza entrará en vigor automáticamente diez días después de su aprobación. La fecha exacta será importante para la Policía de Miami, que deberá establecer protocolos internos antes de comenzar a aplicar los cambios.
Entre los asuntos pendientes está definir cómo se verificará la disponibilidad de camas en tiempo real, cómo se registrará la advertencia verbal y qué procedimiento se seguirá cuando una persona tenga una discapacidad, una mascota o una necesidad médica. También deberá aclararse qué ocurrirá con las pertenencias de quienes sean arrestados y cómo se evitará la pérdida de documentos, medicamentos u objetos personales.
Recuperar las calles o criminalizar la pobreza: el debate que divide a Miami
La controversia expone dos maneras diferentes de interpretar el problema. Los residentes y comerciantes que respaldan la medida señalan que los campamentos pueden impedir el tránsito, generar acumulación de basura y afectar la seguridad o la actividad económica.
Consideran que los gobiernos tienen la obligación de mantener parques, aceras y entradas de negocios disponibles para toda la comunidad. Las organizaciones sociales responden que retirar a una persona de una calle no significa que haya dejado de estar sin hogar. En muchos casos, simplemente se trasladará a otro barrio, a otra acera o a una cárcel.
Desde esa perspectiva, el éxito de la ordenanza no debería medirse únicamente por la reducción de campamentos visibles, sino por la cantidad de personas que consiguen vivienda estable.
La aplicación práctica determinará el verdadero alcance de la norma
El impacto de la ordenanza dependerá menos de su lenguaje general que de la manera en que sea aplicada. Si la policía coordina sus intervenciones con equipos de alcance comunitario, trabajadores sociales y centros de salud mental, la medida podría aumentar la cantidad de personas conectadas con refugios y servicios.
Pero si las advertencias y arrestos se realizan sin una red suficiente de alojamiento y asistencia, podría producirse un ciclo de detención, liberación y retorno a las calles. La disponibilidad real de camas será decisiva. También lo será la capacidad de ofrecer opciones adecuadas para parejas, personas con mascotas, adultos mayores, trabajadores nocturnos y ciudadanos con problemas médicos.
Miami enfrenta así un desafío que comparten numerosas ciudades estadounidenses: garantizar el uso seguro de los espacios públicos sin convertir la pobreza extrema en una condición perseguida principalmente por la policía.
La ordenanza ofrece a las autoridades una herramienta más estricta, pero no resuelve por sí sola las causas que empujan a cientos de personas a dormir a la intemperie.
Su resultado dependerá de si el endurecimiento policial avanza acompañado de refugios suficientes, viviendas asequibles, atención sanitaria y programas capaces de ayudar a las personas a salir definitivamente de la calle.
