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Miles de cubanos y venezolanos que habían visto paralizados sus procesos migratorios en Estados Unidos comenzaron nuevamente a recibir movimiento en sus expedientes, después de que una decisión de un tribunal federal obligara al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a retomar la tramitación de solicitudes suspendidas.
La congresista republicana María Elvira Salazar informó que USCIS le confirmó que los casos de ciudadanía y naturalización afectados por la congelación continúan avanzando nuevamente.
El anuncio representa un alivio para residentes permanentes que habían cumplido con los requisitos legales para solicitar la ciudadanía estadounidense, pero permanecían sin una respuesta debido a una suspensión administrativa vinculada a su país de origen.
“Hace unos días, USCIS me confirmó que, tras una decisión de un tribunal federal, esos casos siguen avanzando de nuevo”, afirmó Salazar en una publicación difundida a través de su cuenta en X.
La legisladora aseguró que la medida beneficiará especialmente a familias del sur de Florida, una región donde se concentra una de las mayores comunidades cubanas y venezolanas de Estados Unidos.
Salazar había reclamado la reanudación de los procesos
La congresista recordó que, cuando Markwayne Mullin asumió el cargo de secretario del Departamento de Seguridad Nacional, le solicitó que interviniera para reanudar los procesos de ciudadanía y las ceremonias de naturalización de cubanos y venezolanos. Mullin fue confirmado como secretario de Seguridad Nacional el 24 de marzo de 2026, convirtiéndose en el noveno titular de esa agencia federal.
El 31 de marzo, pocos días después de su confirmación, Salazar envió una carta formal al Departamento de Seguridad Nacional en la que presentó tres peticiones principales: reiniciar el procesamiento de beneficios migratorios y solicitudes de naturalización, mantener controles reforzados de seguridad y reanudar las ceremonias de juramento que habían sido suspendidas.
La oficina de la congresista sostuvo entonces que decenas de miles de personas podían estar atrapadas en un limbo migratorio en el sur de Florida, muchas de ellas a pesar de ser residentes permanentes, haber presentado sus documentos, cumplir los requisitos y encontrarse cerca de completar el proceso de ciudadanía.
Salazar defendió que los controles de seguridad podían mantenerse sin imponer una paralización general a personas que ya habían atravesado años de verificaciones migratorias.
Una congelación que afectó a ciudadanos de decenas de países
La paralización tuvo su origen en una serie de instrucciones adoptadas por USCIS a finales de 2025. En diciembre de ese año, la agencia emitió una política que colocó en espera la decisión final de determinadas solicitudes migratorias presentadas por ciudadanos de países catalogados por el Gobierno como de “alto riesgo”.
Entre las nacionalidades afectadas se encontraban ciudadanos de Cuba y Venezuela. Las medidas no se limitaron únicamente a las solicitudes de ciudadanía. También alcanzaron otros beneficios migratorios, entre ellos permisos de trabajo, residencias permanentes, peticiones de visa y determinados casos de asilo.
Según un análisis del American Immigration Council, USCIS suspendió el procesamiento de beneficios para ciudadanos de 39 países, dejando sin resolución cientos de miles de expedientes.
La política permitía conservar las solicitudes dentro del sistema, pero impedía que los funcionarios emitieran decisiones finales. En la práctica, muchos expedientes permanecían archivados sin avanzar, aunque los solicitantes hubieran pagado las tarifas correspondientes y entregado toda la documentación requerida.
Cuando el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, llegó al cargo, le pedí que reanudara los procesos de ciudadanía y naturalización para miles de cubanos y venezolanos cuyos casos habían quedado congelados, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos.
— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) July 20, 2026
Entrevistas, decisiones y ceremonias quedaron detenidas
La congelación produjo efectos distintos dependiendo de la etapa en la que se encontraba cada solicitante. Algunas personas no recibieron fecha para la entrevista de naturalización. Otras completaron la entrevista y el examen de inglés y educación cívica, pero no obtuvieron una decisión final.
También hubo residentes permanentes que ya habían recibido una recomendación favorable, pero vieron cancelada o aplazada su ceremonia de naturalización. La ceremonia de juramento constituye el último paso del proceso. Hasta que una persona presta juramento, recibe su certificado de naturalización y se convierte oficialmente en ciudadana estadounidense, continúa teniendo únicamente el estatus de residente permanente.
En ciudades como Miami, donde se celebran decenas de ceremonias cada año, la suspensión tuvo un impacto especialmente visible. La oficina de Salazar destacó que estos actos representan un momento de enorme importancia para familias que, en muchos casos, han esperado años para completar su integración legal al país.
El tribunal concluyó que USCIS no podía mantener una pausa indefinida
El cambio se produjo después de una decisión del juez federal John McConnell, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Rhode Island. El magistrado determinó que USCIS no tenía autoridad legal para suspender indefinidamente la tramitación de beneficios migratorios y ordenó que la agencia volviera a decidir los casos afectados.
El tribunal también bloqueó tres políticas relacionadas: la suspensión de beneficios para ciudadanos de los países incluidos en las restricciones, la consideración de la nacionalidad como un factor negativo y la paralización general de decisiones de asilo dentro de USCIS.
De acuerdo con el análisis jurídico del fallo, diversas leyes y reglamentos establecen que el Gobierno debe decidir las solicitudes migratorias siguiendo un orden regular. El tribunal concluyó que la agencia no podía negarse a resolverlas de manera indefinida únicamente por la nacionalidad del solicitante. La orden entró en vigor inmediatamente y obligó a USCIS a comenzar nuevamente la adjudicación de los expedientes.
La decisión abarca más que los trámites de ciudadanía
Aunque el anuncio de Salazar se concentró en los procesos de naturalización de cubanos y venezolanos, el alcance del fallo es más amplio. La decisión judicial afecta solicitudes de permisos de trabajo, residencia permanente, naturalización, asilo y otras peticiones migratorias que habían sido congeladas como parte de las políticas impugnadas.
Esto significa que el efecto no se limita a los residentes permanentes que buscan convertirse en ciudadanos. También podría beneficiar a personas que aguardaban por una autorización de empleo, una decisión sobre su green card o la resolución de otros beneficios presentados ante USCIS.
Sin embargo, la orden no elimina todas las restricciones migratorias vigentes. El fallo no anuló determinadas prohibiciones de entrada al país ni las medidas aplicadas por el Departamento de Estado a la emisión de visas en consulados y embajadas. Su efecto directo recae sobre las solicitudes que se procesan dentro de USCIS.
Reactivar un expediente no equivale a aprobarlo
La reanudación tampoco significa que todos los casos serán aprobados automáticamente. USCIS debe volver a revisar las solicitudes y emitir una decisión individual en función de los requisitos de cada beneficio.
En los trámites de naturalización, la agencia continuará evaluando aspectos como el tiempo de residencia permanente, la presencia física en Estados Unidos, la continuidad de residencia, los antecedentes, el pago de impuestos, el conocimiento básico del inglés y la educación cívica.
Los funcionarios también podrán solicitar documentación adicional, programar nuevas entrevistas o realizar verificaciones de seguridad cuando lo consideren necesario. La principal diferencia es que los expedientes ya no deberían permanecer suspendidos de manera general e indefinida solo porque el solicitante nació en Cuba, Venezuela u otro de los países incluidos en la política.
¿Quiénes pueden verse beneficiados?
El anuncio resulta particularmente relevante para los residentes permanentes cubanos y venezolanos que presentaron el formulario N-400 para solicitar la naturalización y después descubrieron que su expediente había quedado detenido.
También podría alcanzar a solicitantes que habían completado la entrevista, aprobado los exámenes correspondientes o recibido una fecha para prestar juramento antes de que su ceremonia fuera cancelada. No todas las personas afectadas se encontraban en la misma fase. Por ello, algunos expedientes podrían avanzar con mayor rapidez que otros.
Quienes estaban a la espera de la ceremonia podrían recibir una nueva convocatoria. Los que no habían sido entrevistados podrían recibir una cita, mientras que otros solicitantes podrían obtener una petición de evidencia o una notificación de que su caso continúa bajo revisión.
El fuerte impacto en el sur de Florida
El sur de Florida se convirtió en uno de los principales focos de preocupación por la cantidad de cubanos y venezolanos que viven en Miami-Dade, Broward y zonas cercanas. El distrito 27 de Florida, representado por Salazar, incluye comunidades con una elevada presencia de inmigrantes y residentes permanentes procedentes de ambos países.
Para muchas de estas familias, la ciudadanía no representa solamente un cambio documental. También permite obtener un pasaporte estadounidense, votar en elecciones federales, acceder a determinados empleos gubernamentales y solicitar beneficios migratorios para algunos familiares bajo categorías reservadas a ciudadanos.
La naturalización también reduce la vulnerabilidad migratoria de los residentes permanentes, cuyo estatus puede ser cuestionado en determinadas circunstancias, especialmente cuando existen condenas penales, viajes prolongados o alegaciones de fraude.
Salazar reivindica a quienes siguieron la vía legal
En su publicación, la congresista presentó la reanudación de los casos como una cuestión de justicia para personas que huyeron de gobiernos autoritarios y trataron de construir una nueva vida dentro de la legalidad estadounidense.
“Nuestra comunidad está formada por personas que huyeron de la tiranía para construir una vida en libertad”, escribió. Salazar añadió que los afectados “hicieron las cosas bien, siguieron la ley y merecen una respuesta justa sin más demoras”.
Su postura busca establecer una diferencia entre el debate general sobre la inmigración irregular y la situación de residentes permanentes que ya habían cumplido las exigencias para solicitar la ciudadanía.
En su carta de marzo, la legisladora también defendió que la seguridad nacional y la protección de los solicitantes legales no son objetivos incompatibles. Solicitó mantener las revisiones reforzadas, pero rechazó que estas se convirtieran en una excusa para detener todos los procesos de manera indiscriminada.
La demanda cuestionó el uso de la nacionalidad como criterio general
Uno de los principales puntos controvertidos fue la utilización del país de origen como un elemento para decidir qué casos podían avanzar. Según el análisis del American Immigration Council, una de las políticas ordenaba considerar la nacionalidad de personas procedentes de los países afectados como un “factor negativo significativo” durante la revisión migratoria.
El juez consideró que el Gobierno no había ofrecido una justificación razonada para congelar de forma general solicitudes de personas procedentes de países con contextos políticos, sociales y de seguridad muy diferentes. El tribunal concluyó que la agencia debía evaluar el historial, los documentos y las circunstancias individuales de cada solicitante, en lugar de aplicar una suspensión colectiva basada en el lugar de nacimiento.
La Administración todavía podría apelar
Aunque USCIS ha comenzado nuevamente a procesar los casos, la disputa judicial podría continuar. La Administración puede solicitar a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito que suspenda temporalmente el fallo mientras se resuelve una apelación.
También podría recurrir posteriormente a la Corte Suprema si no obtiene una suspensión en instancias inferiores. Por ahora, mientras no exista una nueva orden judicial que limite o detenga la decisión, USCIS debe continuar tramitando las solicitudes afectadas.
Esto significa que el escenario todavía puede cambiar, aunque la confirmación recibida por Salazar indica que la agencia está cumpliendo actualmente con la orden del tribunal.
Qué deben hacer los solicitantes
Las personas con una solicitud pendiente deben revisar periódicamente su cuenta en línea de USCIS, el correo postal y cualquier notificación enviada por la agencia. También es importante confirmar que la dirección registrada esté actualizada. USCIS puede enviar por correo las citas de entrevista, solicitudes de evidencia y convocatorias para ceremonias de naturalización.
Un cambio de dirección no informado podría provocar que el solicitante no reciba una comunicación importante. Los afectados deben cumplir los plazos establecidos en cualquier petición de documentos adicionales. Una respuesta tardía podría generar una denegación o el cierre administrativo del expediente.
En caso de una demora prolongada, el solicitante puede presentar una consulta de caso, comunicarse con USCIS o solicitar asistencia a la oficina de su representante en el Congreso. Los procesos complejos, con antecedentes migratorios o penales, deben ser revisados por un abogado de inmigración o un representante acreditado.
Una señal de esperanza después de meses en el limbo
La reanudación pone fin, al menos por ahora, a uno de los mayores obstáculos que enfrentaban miles de solicitantes: la imposibilidad de obtener una decisión debido a una suspensión general. Para las familias cubanas y venezolanas del sur de Florida, el cambio devuelve la posibilidad de completar un proceso que, en muchos casos, comenzó varios años atrás.
La confirmación de USCIS no garantiza una resolución inmediata, pero sí obliga a que las solicitudes vuelvan a ser examinadas y que las personas elegibles reciban una respuesta. Después de meses de entrevistas aplazadas, ceremonias canceladas y expedientes sin movimiento, los solicitantes pueden volver a avanzar hacia el último paso de su camino migratorio: prestar juramento y convertirse formalmente en ciudadanos de Estados Unidos.
