El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ordenó suspender temporalmente la mayoría de las operaciones destinadas a perseguir o detener a personas mientras se encuentran dentro de vehículos, después de que dos hombres murieran baleados por agentes federales en intervenciones migratorias ocurridas con apenas seis días de diferencia en Texas y Maine.
La instrucción nacional supone un cambio de gran alcance para ICE, debido a que las paradas vehiculares se habían convertido en uno de los métodos más utilizados para localizar y arrestar inmigrantes fuera de sus viviendas. Estas operaciones permitían a los agentes vigilar una dirección, seguir un automóvil y bloquearlo en una calle, estacionamiento o carretera para detener a sus ocupantes.
La suspensión se produce mientras la agencia enfrenta cuestionamientos por el uso de la fuerza, la falta de cámaras corporales en operativos sensibles y la fuerte presión interna para alcanzar alrededor de 2.000 arrestos diarios como parte de la ofensiva migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.
Fuentes familiarizadas con las nuevas instrucciones señalaron que ICE mantendría excepciones limitadas para casos relacionados con personas consideradas peligrosas o con antecedentes criminales graves. Sin embargo, la mayor parte de las detenciones migratorias basadas exclusivamente en seguimientos y bloqueos de automóviles deberá detenerse mientras la agencia revisa sus procedimientos.
La orden llega después de dos muertes en menos de una semana
La decisión la comunicaron después de dos tiroteos terminaron con la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, en el área de Houston, y Johan Sebastián Durán Guerrero, en Biddeford, Maine.
En ambos episodios, las víctimas estaban dentro de vehículos cuando los agentes intentaron realizar las detenciones. También se ha confirmado que ninguno de los dos hombres era el objetivo original que ICE pretendía localizar durante sus respectivos operativos.
Ese elemento ha reforzado las dudas sobre la verificación de identidades, la planificación previa y la manera en que los equipos federales deciden intervenir cuando una persona sale de una vivienda o conduce un automóvil parecido al vinculado con una investigación migratoria.
Las muertes provocaron protestas, demandas de transparencia y llamados para que las investigaciones no dependan exclusivamente de las versiones proporcionadas por el Departamento de Seguridad Nacional, la entidad federal que supervisa a ICE.
El caso de Maine quedó bajo investigación del FBI y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. En Texas, fiscales locales también buscan determinar si el agente que abrió fuego actuó conforme a la ley y a las reglas federales sobre el uso de fuerza letal.
A Lorenzo Salgado Araujo lo confundieron durante un operativo en Houston
Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano de 52 años dedicado a la construcción, murió después de recibir disparos durante una intervención de ICE en el área de Houston. El hombre había vivido aproximadamente 35 años en Estados Unidos, era padre de tres hijos y, según familiares y abogados, no tenía antecedentes criminales. Tampoco era la persona que los agentes buscaban inicialmente.
Los funcionarios federales aparentemente relacionaron la camioneta en la que viajaba con el vehículo asociado al objetivo del operativo. Sin embargo, los agentes terminaron acercándose a un grupo de trabajadores de la construcción que se trasladaba al comenzar su jornada.
El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Salgado Araujo ignoró las órdenes de los agentes, chocó contra un vehículo gubernamental y convirtió su camioneta en un arma, obligando a uno de los oficiales a disparar en defensa propia.
La versión oficial ha sido cuestionada por tres hombres que viajaban con la víctima y que posteriormente quedaron bajo custodia migratoria. Según el relato transmitido por su abogado, ningún agente estaba situado frente a la camioneta cuando se produjeron los disparos.
Los pasajeros sostienen que el agente abrió fuego desde el lado del acompañante y que las balas atravesaron una de las ventanas del vehículo. También negaron que Salgado Araujo hubiera intentado atropellar deliberadamente a los oficiales.
Los testigos permanecen detenidos y temen a la deportación
Los hombres que viajaban con Salgado Araujo fueron detenidos después del tiroteo, una circunstancia que ha generado preocupación entre abogados y defensores de los inmigrantes. Sus representantes sostienen que los testigos podrían enfrentar presiones para aceptar una salida voluntaria o ser deportados antes de que las autoridades locales completen las entrevistas y las investigaciones relacionadas con la muerte.
El temor es que la expulsión de los principales testigos dificulte reconstruir lo sucedido y limite la capacidad de fiscales, familiares o abogados civiles para establecer responsabilidades.
La familia de Salgado Araujo también ha cuestionado la forma en que fue informada. De acuerdo con los testimonios divulgados públicamente, sus allegados se enteraron inicialmente de la muerte mediante publicaciones en redes sociales y no a través de una comunicación oficial inmediata.
Hasta el momento, las autoridades federales no han divulgado públicamente videos que demuestren que la camioneta intentó embestir a los agentes. Tampoco se ha revelado la identidad del oficial que efectuó los disparos.
La ausencia de cámaras corporales y de grabaciones oficiales completas ha convertido los testimonios de los pasajeros y las posibles imágenes de negocios cercanos en elementos centrales de la investigación.
Un colombiano murió durante otro operativo de ICE en Maine
El segundo tiroteo se registró la mañana del 13 de julio en Biddeford, una ciudad costera del estado de Maine. La víctima fue identificada como Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que, según organizaciones comunitarias, contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos y tenía un número de Seguro Social.
Los agentes realizaban vigilancia en la última dirección conocida de una persona con una orden final de deportación. Cuando Durán Guerrero salió de la vivienda y se marchó en un automóvil, los oficiales intentaron detenerlo.
El Departamento de Seguridad Nacional informó inicialmente que el conductor intentó escapar. Posteriormente, explicó que el agente abrió fuego porque temía por la seguridad pública, aunque no precisó de inmediato qué movimiento del automóvil representaba una amenaza mortal.
El senador independiente Angus King, representante de Maine, confirmó que Durán Guerrero no era la persona buscada originalmente por los agentes federales.
Videos grabados después del incidente mostraron vehículos bloqueando el automóvil y a oficiales sacando del interior a una persona que parecía estar inconsciente. Testigos citados en los reportes dijeron que el conductor intentaba detenerse y no atacar a los agentes.
La muerte desató protestas y reclamos de transparencia
Cientos de personas se congregaron en Biddeford después del tiroteo para reclamar una investigación independiente y exigir que las autoridades divulguen todos los videos, comunicaciones internas y documentos relacionados con la operación.
Los manifestantes cuestionaron que agentes federales pudieran realizar un operativo de alto riesgo sin cámaras corporales, especialmente después de otros tiroteos ocurridos durante intervenciones migratorias en distintas partes del país.
Organizaciones defensoras de inmigrantes también criticaron las declaraciones iniciales de las autoridades, argumentando que fueron modificadas a medida que surgieron videos y testimonios. La falta de una explicación detallada sobre la amenaza que supuestamente enfrentaba el agente aumentó el escepticismo de familiares, dirigentes comunitarios y funcionarios estatales.
Aunque las autoridades indicaron que Durán Guerrero podía estar sujeto a un proceso migratorio, ese aspecto no determina por sí solo si el uso de fuerza letal estuvo justificado. La investigación deberá establecer si existía una amenaza inmediata de muerte o lesiones graves cuando el oficial disparó.
El caso también renovó el debate sobre las operaciones efectuadas por agentes en vehículos sin identificación visible, con el rostro cubierto o sin uniformes claramente reconocibles, prácticas que pueden provocar confusión entre los conductores y hacer que interpreten la intervención como un asalto o secuestro.
ICE queda bajo presión por la meta de 2.000 arrestos diarios
La suspensión de las detenciones vehiculares ocurre en medio de una aceleración sin precedentes recientes de los operativos migratorios. A finales de junio, ICE arrestó a unas 10.000 personas en un periodo de cinco días, lo que equivale a un promedio cercano a 2.000 detenciones diarias. Esa cifra representó un fuerte aumento frente al ritmo registrado durante meses anteriores.
La administración Trump ha presionado a la agencia para elevar la cantidad de arrestos y deportaciones, convirtiendo las cifras diarias en un indicador central para evaluar el rendimiento de las oficinas regionales y los equipos de campo.
Funcionarios de ICE citados en reportes periodísticos describieron un ambiente interno marcado por largas jornadas laborales, vacaciones canceladas, despliegues acelerados y una presión constante para localizar a más personas.
Algunos de esos funcionarios atribuyen el aumento de los enfrentamientos a la necesidad de producir resultados rápidos. Sostienen que las metas numéricas pueden llevar a realizar operaciones con menos tiempo de preparación, verificaciones incompletas y equipos que no siempre poseen suficiente experiencia en detenciones vehiculares.
La preocupación dentro de la agencia no se limita al riesgo para los inmigrantes. Los funcionarios también advierten que bloquear automóviles, romper ventanas o aproximarse a un vehículo en marcha puede exponer a los agentes, pasajeros, peatones y otros conductores a situaciones impredecibles.
Las paradas de tráfico migratorias suelen producirse en espacios abiertos que no han sido asegurados previamente y donde los oficiales tienen poco control sobre el movimiento del automóvil o la reacción de sus ocupantes.
Las detenciones vehiculares se convirtieron en una herramienta fundamental
A diferencia de las policías locales, ICE no se dedica habitualmente a detener conductores por infracciones comunes de tránsito. Sus equipos utilizan los automóviles como una vía para localizar a personas previamente identificadas en investigaciones migratorias.
Los agentes pueden vigilar una residencia durante varias horas, esperar que un individuo salga y seguir el vehículo hasta encontrar un lugar donde bloquearlo. Este método evita en algunos casos la necesidad de ingresar a una vivienda, donde los agentes normalmente requieren una orden judicial para entrar sin permiso de sus ocupantes.
En las calles o estacionamientos, los equipos pueden rodear un automóvil, colocarse frente a él, romper las ventanas y ordenar al conductor y a los pasajeros que salgan. Sin embargo, esas intervenciones también pueden escalar rápidamente. Un conductor puede intentar alejarse porque teme ser detenido, porque no comprende quiénes son los agentes o porque los vehículos y uniformes utilizados no permiten identificar claramente a las autoridades.
Cuando el automóvil comienza a moverse, los oficiales pueden interpretar esa acción como un intento de embestida. En varias operaciones, el Departamento de Seguridad Nacional ha utilizado expresiones como “utilizó el vehículo como un arma” para justificar los disparos.
Expertos en seguridad pública han advertido que disparar contra un automóvil en movimiento no siempre detiene el peligro. Si el conductor resulta herido o muere, el vehículo puede quedar sin control y provocar choques contra peatones, agentes u otros automóviles.
La agencia revisará su entrenamiento y sus tácticas de intervención
La pausa permitirá a ICE revisar los protocolos relacionados con persecuciones, bloqueos de automóviles, identificación de conductores y uso de armas de fuego. Entre los aspectos que podrían recibir mayor atención se encuentra la recomendación de que los agentes eviten colocarse directamente frente a un vehículo.
Las reglas de numerosas agencias policiales establecen que un oficial debe apartarse de la trayectoria de un automóvil siempre que sea posible, en lugar de permanecer en una posición de peligro que posteriormente pueda justificar el uso de fuerza letal.
También se espera que la agencia refuerce las técnicas de desescalada. Esto incluye emitir instrucciones claras, identificarse adecuadamente, permitir tiempo razonable para que los ocupantes comprendan las órdenes y evitar acciones que puedan interpretarse como una amenaza inmediata.
Otra alternativa consiste en registrar la matrícula del vehículo, continuar la vigilancia y efectuar la detención posteriormente en una vivienda, lugar de trabajo o espacio donde exista menor riesgo. ICE no ha detallado públicamente cuánto tiempo permanecerá vigente la suspensión ni cuáles serán las condiciones exactas para reanudar las operaciones.
La agencia ha sostenido que revisa regularmente sus políticas para proteger tanto a los oficiales como al público, aunque la nueva orden indica que existe preocupación interna por la seguridad de las tácticas utilizadas hasta ahora.
Al menos un agente por equipo deberá usar cámara corporal
La agencia también habría ordenado que al menos un integrante de cada equipo de arresto lleve una cámara corporal durante las operaciones. La medida busca garantizar que exista algún registro oficial de las intervenciones, especialmente cuando un agente afirma que un conductor intentó atacarlo o que fue necesario utilizar fuerza letal.
No obstante, ICE no dispone actualmente de suficientes dispositivos para equipar de inmediato a todos sus oficiales. Esto significa que la implementación podría ser gradual y que muchas operaciones continuarían siendo registradas únicamente desde la perspectiva de un agente.
Los defensores de la transparencia consideran insuficiente que solo un integrante del equipo lleve cámara, debido a que su ubicación podría impedir que el dispositivo registre el momento decisivo de un enfrentamiento.
También reclaman reglas claras para impedir que los agentes apaguen las cámaras, oculten las grabaciones o retrasen su divulgación después de un incidente grave. La falta de cámaras corporales en Houston y Maine ha complicado la reconstrucción de los hechos y ha dejado a las autoridades con versiones contradictorias entre los oficiales y los testigos.
La pausa puede reducir temporalmente los arrestos de ICE
La suspensión podría afectar directamente la capacidad de la agencia para mantener el ritmo de aproximadamente 2.000 detenciones diarias. Las operaciones vehiculares permiten realizar arrestos relativamente rápidos sin esperar a que una persona acuda a una cita migratoria, se presente ante un tribunal o salga de un lugar de trabajo.
Sin esa herramienta, los agentes deberán dedicar más horas a vigilar objetivos, verificar direcciones y buscar espacios alternativos para efectuar las detenciones. La agencia también podría aumentar su presencia en tribunales, centros laborales, estacionamientos, viviendas y oficinas donde los inmigrantes acuden a citas programadas.
Otra posibilidad es que ICE concentre más recursos en personas que ya se encuentran bajo custodia de cárceles estatales o locales, debido a que esos arrestos presentan menos riesgos operativos que las intervenciones en calles.
La orden no implica una suspensión general de la campaña de deportaciones. Los equipos continuarán arrestando personas mediante otros métodos y podrán realizar paradas vehiculares en situaciones consideradas excepcionales. Sin embargo, la eliminación temporal de una de sus tácticas más productivas podría dificultar el cumplimiento de las metas establecidas desde Washington.
Crece la preocupación por errores de identificación
Los dos tiroteos han colocado en primer plano el riesgo de intervenir contra personas equivocadas. Los agentes pueden iniciar una operación basándose en una dirección, una descripción física, una fotografía antigua, una matrícula o información procedente de bases de datos migratorias.
Cuando el objetivo vive con otras personas, comparte un automóvil o se encuentra en una vivienda con varios residentes, aumenta la posibilidad de que los agentes confundan a un acompañante con la persona buscada.
En Houston, Salgado Araujo habría sido relacionado con un objetivo debido a la apariencia del vehículo y de uno de sus ocupantes. En Maine, Durán Guerrero salió de una vivienda vigilada, pero no era el individuo contra quien se dirigía inicialmente el operativo.
Aunque ICE puede detener a una persona diferente si descubre que también se encuentra en situación migratoria irregular, esa facultad no elimina la obligación de confirmar identidades y utilizar la fuerza de manera proporcional.
La muerte de dos personas que no eran los objetivos originales ha reforzado los llamados para que los equipos realicen comprobaciones más exhaustivas antes de bloquear vehículos o rodear a sus ocupantes con armas.
La versión oficial sobre vehículos usados como armas queda bajo escrutinio
En los dos incidentes, las autoridades federales justificaron los disparos mediante argumentos relacionados con el movimiento de los automóviles y el peligro para los agentes o para el público. Sin embargo, familiares y testigos han cuestionado que los vehículos fueran utilizados deliberadamente como armas.
Este tipo de controversia también ha aparecido en otros tiroteos protagonizados por agentes migratorios. En algunos casos, videos divulgados posteriormente han mostrado diferencias entre las primeras declaraciones oficiales y la posición real de los oficiales cuando se efectuaron los disparos.
Las reglas generales sobre el uso de fuerza letal permiten disparar cuando existe una amenaza inmediata de muerte o lesiones graves. La simple posibilidad de que un automóvil pueda moverse no necesariamente cumple ese requisito.
Las investigaciones deberán analizar la velocidad del vehículo, su dirección, la ubicación del agente, la distancia existente y si el oficial tenía una vía segura para apartarse. También será importante determinar si las propias tácticas utilizadas por los agentes contribuyeron a crear el peligro, por ejemplo, al bloquear abruptamente el automóvil o situarse frente a él.
Los agentes sin identificación visible generan más riesgos
Otro elemento de debate es la utilización de automóviles sin marcas oficiales y agentes con ropa civil, chalecos tácticos o el rostro cubierto. ICE sostiene que esas prácticas pueden proteger la identidad y la seguridad de sus oficiales, especialmente ante amenazas, protestas o intentos de revelar públicamente sus datos personales.
No obstante, los críticos advierten que un conductor rodeado por vehículos sin identificación y hombres armados que no llevan uniformes tradicionales puede no comprender inmediatamente que se trata de un operativo federal. Esa confusión puede provocar que intente huir, cierre las puertas o se niegue a bajar del automóvil, reacciones que los agentes pueden interpretar como resistencia.
Autoridades locales y defensores de los derechos civiles han reclamado que los oficiales muestren insignias visibles, se identifiquen verbalmente y utilicen vehículos claramente reconocibles cuando las circunstancias lo permitan. Una intervención que se asemeje a un asalto puede aumentar el peligro para todas las personas presentes, incluso cuando los agentes están actuando dentro de sus facultades legales.
Las investigaciones deberán establecer responsabilidades
El FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y autoridades locales examinan distintos aspectos de los tiroteos. Las investigaciones deberán determinar si los oficiales cumplieron los protocolos de identificación, si emitieron órdenes comprensibles y si las víctimas representaban una amenaza inmediata.
También tendrán que analizar la trayectoria de las balas, la posición de los vehículos, las comunicaciones entre los agentes y los posibles videos captados por cámaras de seguridad cercanas.
En el caso de Houston, será fundamental preservar el testimonio de los trabajadores que estaban dentro de la camioneta. En Maine, los investigadores deberán revisar las grabaciones disponibles y aclarar por qué Durán Guerrero fue seguido y detenido aunque no fuera el objetivo inicial.
Las familias podrían iniciar demandas civiles contra el Gobierno federal si consideran que los agentes violaron los derechos constitucionales de las víctimas. No obstante, estos procesos suelen ser complejos debido a las protecciones legales de los funcionarios federales y a las dificultades para obtener documentos, grabaciones y testimonios internos.
Una crisis que trasciende los dos tiroteos
Las muertes de Salgado Araujo y Durán Guerrero forman parte de un debate nacional más amplio sobre la expansión de las operaciones migratorias y el nivel de fuerza utilizado por los agentes federales.
Al menos siete personas habrían muerto en acciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias desde comienzos de 2025, de acuerdo con recuentos periodísticos citados tras el incidente de Maine.
Las controversias han aumentado a medida que ICE amplía sus operativos y recibe apoyo de otras agencias federales para cumplir la agenda de deportaciones. Defensores de la estrategia gubernamental argumentan que los agentes enfrentan situaciones peligrosas y que algunos conductores intentan huir, atropellar a los oficiales o impedir los arrestos.
Las organizaciones civiles responden que el Gobierno debe demostrar esas afirmaciones mediante videos, investigaciones transparentes y pruebas verificables, especialmente cuando una intervención termina con una persona muerta. También reclaman que las autoridades diferencien entre resistencia pasiva, intento de escape y una amenaza mortal inmediata.
El futuro de las operaciones vehiculares de ICE
La suspensión podría ser temporal, pero sus consecuencias pueden modificar de manera permanente la forma en que ICE realiza arrestos en calles y carreteras. Si la revisión concluye que los protocolos actuales son demasiado peligrosos, la agencia podría limitar las detenciones vehiculares a casos de fugitivos con antecedentes violentos o personas consideradas amenazas para la seguridad pública.
También podrían establecerse requisitos de supervisión, equipos especializados, cámaras corporales obligatorias y planes de intervención aprobados previamente. Otra posibilidad es que la agencia reanude las operaciones con cambios menores una vez que disminuya la atención pública.
Por ahora, la orden refleja una preocupación seria dentro de ICE por una estrategia que, aunque permitió aumentar rápidamente las cifras de arrestos, también produjo enfrentamientos mortales, cuestionamientos legales y un deterioro de la confianza pública.
La presión para cumplir metas de detención continuará, pero la agencia deberá demostrar que puede hacerlo sin convertir cada bloqueo de un automóvil en una situación potencialmente letal.
Los resultados de las investigaciones en Texas y Maine serán determinantes para establecer si los agentes actuaron justificadamente o si las muertes fueron consecuencia de errores de identificación, tácticas deficientes y una campaña operativa desarrollada bajo una presión excesiva por elevar las cifras.
