Una corte federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno de Donald Trump reanudar el procesamiento de solicitudes de residencia permanente, permisos de trabajo y otros beneficios migratorios que habían quedado paralizados por políticas aplicadas a ciudadanos de determinados países.
La decisión, emitida el 6 de julio de 2026 por el juez federal Algenon L. Marbley, del Distrito Sur de Ohio, beneficia directamente a 25 inmigrantes que ya viven en Estados Unidos y cuyos expedientes permanecían pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, conocido como USCIS. Los demandantes son ciudadanos de Birmania, Canadá, Irán, Nigeria, Siria, Tanzania y Venezuela.
El fallo representa un nuevo límite judicial a las políticas con las que la administración Trump trasladó las restricciones de entrada al país hacia la tramitación de beneficios migratorios de personas que ya habían sido admitidas y residían dentro del territorio estadounidense.
Sin embargo, la resolución no concede automáticamente una green card ni un permiso laboral. El tribunal ordenó que los casos vuelvan a procesarse y que las autoridades adopten decisiones individuales conforme a la legislación migratoria.
El origen de la disputa: expedientes suspendidos indefinidamente
El caso se centra en una serie de políticas adoptadas por USCIS y el Departamento de Seguridad Nacional, o DHS, que mantenían en pausa la decisión final sobre solicitudes presentadas por ciudadanos de países sometidos a restricciones migratorias.
Según la orden judicial, esas directrices no se limitaban a exigir comprobaciones adicionales de identidad o seguridad. También instruían a la agencia para que considerara la nacionalidad de ciertos solicitantes como un factor “significativo y negativo” al evaluar sus casos.
“La cuestión no es si estas personas tienen derecho o no al beneficio migratorio, sino si el gobierno puede simplemente dejar de decidir sus casos”, detalla el fallo.
Los demandantes alegaron que esa práctica los colocó en un limbo administrativo sin una fecha clara de conclusión. Sus expedientes no necesariamente los rechazaron, pero tampoco avanzaban hacia una aprobación o una denegación formal.
El juez consideró que esa paralización generalizada podía vulnerar la Ley de Procedimiento Administrativo y las obligaciones que las normas migratorias imponen a USCIS. La controversia, por tanto, no se limitó a determinar si los inmigrantes cumplían los requisitos para recibir un beneficio, sino a establecer si una agencia federal podía dejar sus solicitudes detenidas indefinidamente.
La orden alcanza green cards, permisos laborales y otros documentos
La mayoría de los 25 demandantes tenía pendientes solicitudes relacionadas con el formulario I-485, utilizado para pedir la residencia permanente mediante ajuste de estatus, o con el formulario I-765, empleado para obtener una autorización de empleo.
Algunos también tenían trámites correspondientes al formulario I-131, asociado con documentos de viaje y determinados permisos de entrada o salida, así como peticiones laborales I-129 vinculadas a categorías de empleo temporal como la visa H-1B.
USCIS explica que el formulario I-485 permite solicitar la condición de residente permanente a quienes se encuentran dentro de Estados Unidos y cumplen con una base legal para ajustar su estatus. El I-765, por su parte, sirve para pedir el documento que acredita la autorización para trabajar legalmente. El I-131 abarca distintos documentos de viaje, permisos de reingreso y modalidades de parole.
La orden de Ohio impide que las autoridades continúen aplicando a los demandantes las políticas que congelaron sus casos o que utilicen su nacionalidad de manera automática como elemento adverso.
No es una aprobación automática de la residencia
El aspecto más importante del fallo es la diferencia entre procesar una solicitud y aprobarla. El juez no determinó que los 25 demandantes tengan derecho automático a recibir una green card, un permiso de trabajo, una visa laboral o un documento de viaje. USCIS mantiene la autoridad para analizar cada caso, comprobar antecedentes, solicitar pruebas adicionales y rechazar una petición cuando el solicitante no reúna los requisitos legales.
Lo que la agencia no puede hacer, según la decisión preliminar, es sacar esos expedientes del proceso normal y mantenerlos congelados de manera indefinida por una política general basada principalmente en el país de ciudadanía.
La normativa exige que USCIS adopte una decisión sobre las solicitudes de residencia y autorización laboral y que comunique al interesado si el caso se aprobó o denegó. La discreción para decidir el resultado no equivale, razonó la corte, a una facultad ilimitada para no decidir.
Los demandantes ya se encuentran dentro de Estados Unidos
La resolución distingue entre los extranjeros que intentan ingresar al país y quienes ya viven en Estados Unidos y tienen trámites pendientes ante USCIS. «“Estos extranjeros no están fuera del país; viven en distintas partes de EE. UU. y muchos llevan años aquí y ya habían recibido autorización para trabajar”, añade la resolución.
Entre ellos aparecen una farmacéutica de hospital, una enfermera registrada que trabaja en investigaciones contra el cáncer financiadas con recursos federales, graduados universitarios con ofertas en ciencia e ingeniería, una profesora universitaria y parejas jóvenes que estaban formando familias.
La corte utilizó esas circunstancias para evaluar el daño provocado por la paralización. La falta de un documento migratorio no solo afecta el estatus legal futuro de una persona, sino también su posibilidad de conservar el empleo, viajar, completar estudios, aceptar una oferta laboral o tomar decisiones familiares.
Una solicitante tenía aprobado el permiso, pero no recibió el documento
Uno de los casos descritos por el tribunal ilustra el carácter extraordinario de las demoras. Una demandante había obtenido la aprobación de su formulario I-765, pero USCIS no le había entregado físicamente el documento de autorización de empleo debido al bloqueo administrativo. Sin esa tarjeta, podía perder su trabajo pese a que la agencia ya había decidido favorablemente su solicitud.
Otro caso involucraba a una ciudadana canadiense nacida en Zimbabue. Canadá no figuraba entre las naciones señaladas por las proclamaciones presidenciales, por lo que el tribunal indicó que no estaba claro por qué su expediente había sido alcanzado por las políticas cuestionadas.
Varios demandantes también habían pagado tarifas adicionales por procesamiento prioritario. A pesar de ello, sus peticiones se detuvieron sin que recibieran una resolución o un reembolso, una circunstancia que el juez consideró relevante al examinar la razonabilidad de las demoras.
El argumento de seguridad nacional bajo cuestionamiento
El Gobierno justificó las políticas en la necesidad de reforzar la seguridad nacional y la seguridad pública respecto de ciudadanos de determinados países.
El tribunal reconoció que el Ejecutivo posee amplias facultades para controlar la entrada de extranjeros y realizar verificaciones de seguridad. No obstante, cuestionó la relación entre esos objetivos y la decisión de impedir que USCIS concluyera los expedientes de personas ya establecidas dentro del país.
La corte sostuvo que los demandados no explicaron cómo retrasar una decisión sobre una solicitud presentada por una persona que ya vive en Estados Unidos podría reducir un posible riesgo de seguridad.
El juez también señaló que, si existiera una preocupación concreta sobre algún solicitante, la adjudicación individual del expediente podría servir precisamente para identificar el problema, solicitar información adicional o rechazar el beneficio.
Para la corte, aplicar un tratamiento indiferenciado a todos los ciudadanos de una nación no sustituye la evaluación particular de los antecedentes y circunstancias de cada persona.
Las proclamaciones de viaje no regulaban directamente los trámites de USCIS
Otro punto central fue la relación entre las proclamaciones presidenciales de Trump y las políticas implementadas posteriormente por USCIS. Las proclamaciones estaban dirigidas a restringir o condicionar la entrada de ciertos extranjeros a Estados Unidos. Según el tribunal, esos textos no regulaban expresamente la obligación de USCIS de resolver solicitudes de beneficios migratorios presentadas por personas que ya estaban dentro del país.
A pesar de esa diferencia, la agencia extendió sus efectos y aplicó bloqueos a residencias, permisos laborales y otros trámites internos. Los demandantes argumentaron que USCIS transformó una política de entrada en una paralización de expedientes sin seguir los procedimientos administrativos correspondientes y sin contar con una autorización legal suficiente.
La corte no decidió de manera definitiva todo el litigio, pero concluyó que los demandantes mostraron una probabilidad suficiente de éxito como para justificar una medida cautelar mientras el caso continúa.
El daño de no poder trabajar legalmente
El permiso de trabajo constituye uno de los aspectos más sensibles del fallo porque su vencimiento o falta de emisión puede dejar a una persona sin ingresos, incluso cuando mantiene otro estatus legal o una solicitud migratoria pendiente.
El tribunal consideró que la pérdida de la capacidad legal para trabajar puede representar un daño irreparable. Ese perjuicio no siempre puede corregirse posteriormente mediante el pago de una compensación económica.
La ausencia de autorización también puede provocar la pérdida de una oferta de empleo, interrupciones en una carrera profesional, dificultades para pagar vivienda y alimentos, y problemas para mantener un seguro médico.
En el caso de investigadores, trabajadores sanitarios, profesores y graduados de carreras científicas, las demoras podían afectar proyectos académicos y empleos para los cuales habían invertido años de formación.
La corte mencionó además la imposibilidad de viajar para visitar a familiares, la incertidumbre sobre la permanencia en el país, el impacto emocional y la dificultad de planificar decisiones personales de largo plazo.
Diferencia entre ajuste de estatus y trámite consular
La orden se aplica a los demandantes que ya están dentro de Estados Unidos y cuyos casos son procesados por USCIS. No beneficia automáticamente a personas que esperan fuera del país una entrevista consular o la emisión de una visa de inmigrante. Esos procedimientos dependen principalmente del Departamento de Estado y están sometidos a reglas y vías judiciales distintas.
El ajuste de estatus permite, en determinadas circunstancias, que una persona solicite la residencia permanente sin salir de Estados Unidos. El procesamiento consular, en cambio, se realiza generalmente mediante una embajada o consulado estadounidense en el extranjero.
Esta distinción es importante porque una decisión judicial contra USCIS no necesariamente obliga a los consulados a reanudar la emisión de visas afectadas por las restricciones de entrada.
El propio texto de referencia señala que existen otros litigios sobre personas que esperan respuestas desde fuera de Estados Unidos, pero la orden de Ohio no resolvió esas controversias.
¿El fallo beneficia a miles de inmigrantes?
La orden de Marbley protege de manera directa a los 25 demandantes del caso conocido como Doe 1 v. Edlow. Por esa razón, afirmar que todas las green cards o permisos de trabajo congelados en el país quedaron inmediatamente reactivados sería una interpretación demasiado amplia.
El potencial impacto sobre miles de solicitudes procede del contexto en el que se dicta la resolución: existen otros litigios contra las mismas políticas, y diferentes tribunales han concedido medidas preliminares a solicitantes afectados.
La orden también instruyó a los abogados de las partes a reunirse para analizar en qué medida la decisión podría resolver cuestiones pendientes en otros dos casos relacionados. Las partes deberán informar al tribunal sobre sus posiciones dentro de los 60 días siguientes a la orden.
Esto abre la posibilidad de que el razonamiento utilizado en Ohio influya en más expedientes, acuerdos judiciales o decisiones posteriores. Sin embargo, ese efecto más amplio dependerá de cómo evolucionen los litigios y de si tribunales superiores confirman o limitan la medida.
Una medida cautelar, no una sentencia definitiva
La decisión es una orden judicial preliminar. Las medidas cautelares se utilizan para evitar que una política continúe causando daños mientras el tribunal examina el fondo del caso. Para concederlas, el juez debe valorar factores como la posibilidad de que los demandantes ganen el litigio, la existencia de daños irreparables y el interés público.
El fallo no representa todavía la sentencia final sobre la legalidad de todas las políticas impugnadas. El proceso continuará y el Gobierno puede presentar argumentos adicionales. La administración también puede acudir a la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito y solicitar que la orden sea suspendida mientras se resuelve el recurso.
Si una instancia superior concede esa suspensión, USCIS podría quedar temporalmente liberado de algunas de las obligaciones impuestas. Si la rechaza, la medida seguiría en vigor durante la apelación.
Qué deberá hacer USCIS
Mientras la orden permanezca vigente, USCIS y DHS deberán dejar de aplicar a los demandantes el bloqueo general de sus solicitudes. La agencia deberá reincorporar los expedientes al proceso de adjudicación, completar las revisiones correspondientes y emitir decisiones conforme a las normas migratorias habituales.
Esto puede incluir entrevistas, verificaciones de antecedentes, solicitudes de evidencia adicional, revisión de la elegibilidad y análisis de posibles causas de inadmisibilidad. La orden no obliga a que todos los casos sean resueltos el mismo día ni elimina las comprobaciones de seguridad. Sí impide que permanezcan fuera del proceso por la aplicación automática de las políticas cuestionadas.
El tribunal también ordenó que los abogados del Gobierno notificaran por escrito la decisión a todos los funcionarios demandados dentro de los dos días siguientes.
Qué pueden hacer los inmigrantes con trámites congelados
Las personas con solicitudes pendientes deben verificar primero si están incluidas directamente en este caso o en alguna acción judicial relacionada. Un expediente demorado no significa necesariamente que haya sido detenido por las mismas políticas. USCIS puede tardar por razones como acumulación de casos, verificaciones de seguridad, falta de documentos, disponibilidad de visas o necesidad de una entrevista.
Los solicitantes pueden revisar el estado de su caso en su cuenta de USCIS, conservar copias de todas las notificaciones y comprobar la fecha de vencimiento de sus permisos.
También deben tener en cuenta que presentar una solicitud de residencia no siempre concede por sí solo autorización para trabajar o viajar. Esos beneficios pueden requerir formularios separados y dependen de la categoría migratoria de cada persona.
Quienes consideren que su caso fue paralizado por su nacionalidad o por las políticas discutidas en la demanda deberían buscar asesoría legal individual. La orden judicial no sustituye el análisis particular de cada expediente.
Un nuevo frente judicial para la política migratoria de Trump
La resolución de Ohio se integra en una disputa más amplia sobre hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo al aplicar restricciones migratorias dentro de Estados Unidos. La administración Trump ha defendido la necesidad de revisar con mayor rigor los antecedentes de ciudadanos procedentes de países considerados deficientes en el intercambio de información o la verificación de identidad.
Las organizaciones defensoras de inmigrantes responden que la seguridad nacional no puede convertirse en una justificación genérica para suspender indefinidamente derechos procesales y trámites creados por el Congreso.
El conflicto también plantea una diferencia entre la amplia autoridad presidencial sobre la entrada al país y las obligaciones administrativas de las agencias cuando una persona ya se encuentra dentro de Estados Unidos.
En este caso, el juez concluyó de manera preliminar que USCIS continúa sujeto a las leyes y regulaciones que le exigen procesar las solicitudes y comunicar una decisión.
La incertidumbre continúa pese al alivio judicial
Para los 25 demandantes, el fallo supone una oportunidad concreta de sacar sus expedientes del estancamiento.
Algunos podrán recuperar la posibilidad de trabajar, avanzar en su solicitud de residencia o recibir documentos que ya habían sido aprobados. Otros podrían enfrentar nuevos requerimientos o incluso una denegación después del análisis individual.
El alivio, por tanto, no elimina todos los riesgos. Su efecto inmediato consiste en devolver a los inmigrantes el derecho a que el Gobierno examine sus casos y adopte una decisión.
La batalla legal podría prolongarse durante meses y llegar a una corte de apelaciones. Mientras tanto, la orden de Ohio envía un mensaje relevante: las autoridades migratorias pueden reforzar sus controles y revisar antecedentes, pero no necesariamente pueden mantener a una persona en un limbo administrativo indefinido solo por su nacionalidad.
