El gobernador Ron DeSantis confirmó que votará a favor de la Enmienda 3, la propuesta constitucional que busca ampliar exenciones al impuesto a la propiedad en Florida, pero dejó claro que no encabezará una campaña formal para promoverla entre los votantes. Su decisión llega en un momento clave: mientras todavía no existe una maquinaria política visible a favor de la medida, al menos dos organizaciones ya comenzaron a movilizarse para frenarla antes de las elecciones de noviembre de 2026.
La postura del gobernador introduce una paradoja política. DeSantis respalda la enmienda, la considera beneficiosa para los contribuyentes y ha defendido durante más de un año la necesidad de reducir la carga fiscal sobre los propietarios. Sin embargo, se niega a invertir capital político en una campaña porque sostiene que la Legislatura republicana diluyó su propuesta original y dejó fuera componentes que, según él, habrían ofrecido un alivio más profundo.
La Enmienda 3 necesitará al menos el 60% de los votos para ser incorporada a la Constitución de Florida. Ese umbral convierte la contienda en una batalla de persuasión amplia, donde no bastará con el respaldo de la base republicana ni con el atractivo inicial de una rebaja fiscal. Los votantes deberán decidir si el alivio en la factura del impuesto a la propiedad compensa los posibles efectos sobre los ingresos de condados, municipios y otros servicios locales.
Un respaldo sin campaña formal
DeSantis dijo en Tampa que votará por la Enmienda 3, pero no creará un comité político ni liderará una campaña pública para promoverla. El gobernador explicó que su decisión se debe a que el texto final aprobado por la Legislatura no coincide con la reforma más amplia que él había impulsado.
Según el mandatario, si los legisladores hubieran colocado en la boleta su propuesta original, él habría organizado una estructura política para defenderla ante los votantes. Esa campaña habría servido, dijo, para explicar los beneficios de la reforma y contrarrestar los argumentos de quienes alertan sobre el impacto fiscal para gobiernos locales.
«La razón es que lo que hizo la Legislatura no fue mi propuesta. Teníamos una propuesta y sentí la obligación de que, si esa estuviera en la papeleta, de liderar el esfuerzo habríamos hecho un comité político. Nos habríamos asegurado de poder hacerlo, explicar y educar a la gente sobre ello. Y no me habría gustado hacerlo, pero habría sentido una obligación», comentó DeSantis a un periodista de Phoenix.
La falta de participación directa de DeSantis puede tener consecuencias importantes. El gobernador conserva una fuerte capacidad de movilización dentro del Partido Republicano de Florida y ha utilizado comités políticos en el pasado para influir en campañas estatales. Su ausencia deja a la Enmienda 3 sin el principal promotor político del tema del alivio tributario en el estado.
Aun así, DeSantis insistió en que la medida sigue siendo positiva. Para él, aunque la enmienda no llega tan lejos como quería, representa una oportunidad para reducir parte de la presión que enfrentan los propietarios en un mercado marcado por el aumento del costo de vida, las primas de seguros y la valorización de las viviendas.
Qué cambiaría la Enmienda 3 para los propietarios
La Enmienda 3 propone ampliar la exención homestead aplicable a los impuestos no escolares sobre la propiedad. Bajo el texto aprobado, la exención aumentaría a 150,000 dólares en 2027 y a 250,000 dólares en 2028. A partir de 2029, esos montos se ajustarían anualmente según la inflación.
En la práctica, esto significa que una porción mayor del valor de la vivienda principal quedaría libre de ciertos impuestos locales. Para muchos propietarios, especialmente quienes viven en zonas donde el valor de las viviendas se ha disparado, la medida podría traducirse en una reducción de su factura tributaria.
Sin embargo, la exención no aplicaría a los impuestos escolares. Ese punto es clave porque los gravámenes destinados a financiar escuelas públicas representan una parte significativa de las facturas de impuestos a la propiedad. La exclusión del componente escolar fue una de las principales razones por las que DeSantis se distanció de la versión final.
La propuesta también incluye un trato diferenciado para los nuevos residentes. Quienes se muden recientemente a Florida recibirían una exención menor durante sus primeros cinco años en el estado, lo que busca evitar que recién llegados reciban de inmediato el mismo beneficio que propietarios establecidos desde hace más tiempo.
Cambios para propiedades comerciales, alquileres y segundas viviendas
La Enmienda 3 no se limita a la vivienda principal. También propone reducir el límite anual de aumento en el valor tasado de propiedades no homestead, como viviendas de alquiler, segundas residencias y propiedades comerciales.
Actualmente, esos inmuebles están sujetos a un límite de aumento del 10% anual en su valor tasado para ciertos impuestos. La enmienda reduciría ese tope a 5%, excepto para impuestos escolares.
Este cambio podría beneficiar a dueños de propiedades comerciales, pequeños negocios, arrendadores y propietarios de segundas viviendas, al ofrecer mayor previsibilidad tributaria. Pero también podría reducir los ingresos futuros de gobiernos locales, sobre todo en áreas de rápido crecimiento inmobiliario.
Para los opositores, este componente amplía el debate más allá del alivio para propietarios de vivienda principal. Argumentan que la medida también beneficiaría a propietarios de inmuebles de inversión y negocios, mientras limita la capacidad de los gobiernos locales para captar ingresos cuando suben los valores de mercado.
La propuesta original que DeSantis quería llevar a la boleta
La versión defendida originalmente por DeSantis era más agresiva. El gobernador quería incluir los impuestos escolares dentro del alcance de la reforma y elevar eventualmente la exención homestead hasta 500,000 dólares.
También buscaba crear un fondo estatal para compensar a gobiernos locales por la pérdida de ingresos derivada de la reducción tributaria. Ese punto pretendía responder a una de las críticas centrales de alcaldes, comisionados y administradores locales: que una rebaja profunda podría dejar sin recursos a servicios esenciales.
Además, su propuesta incluía una partida de 5.5 millones de dólares para que la oficina del gobernador pudiera enviar información a los votantes. Ese componente habría dado al Ejecutivo una herramienta directa para explicar la medida antes de las elecciones.
«Pero la nuestra formaba parte de una visión más amplia, y creo que realmente habría sido algo histórico. Esto podría llevar a eso, pero tendrás que hacer otras cosas en el futuro, y sentí que esta era la única oportunidad que teníamos para ponernos realmente en este camino. Tenemos todo este dinero aquí, así que podríamos haber ayudado a facilitar esta transición. Habría estado totalmente dispuesto a hacerlo», añadió el gobernador.
La Legislatura eliminó esos elementos y optó por una enmienda más limitada. Para algunos legisladores, excluir los impuestos escolares redujo el riesgo de afectar el financiamiento educativo. Para DeSantis, en cambio, dejó la reforma incompleta y menos transformadora.
La tensión entre DeSantis y la Legislatura republicana
El episodio vuelve a mostrar una tensión recurrente entre DeSantis y sectores de la Legislatura estatal, pese a que ambos están dominados por republicanos. El gobernador ha presionado por medidas de alto impacto político, mientras los legisladores han buscado, en algunos casos, versiones más moderadas o fiscalmente manejables.
La Enmienda 3 refleja ese choque. El gobernador quería una reforma más amplia y con mayor capacidad de presentarse como una reducción histórica de impuestos. La Legislatura prefirió una propuesta que ofreciera alivio, pero sin tocar directamente el componente escolar ni incorporar todos los mecanismos de compensación sugeridos por el Ejecutivo.
Ese desacuerdo puede tener efectos en la campaña. Una enmienda constitucional necesita una explicación sencilla y una defensa organizada. Si el principal impulsor de la idea decide mantenerse al margen, la propuesta queda más expuesta a los ataques de los opositores y a la confusión de los votantes.
También puede abrir espacio para que grupos contrarios definan el marco del debate: no como una discusión sobre alivio fiscal, sino como una advertencia sobre servicios públicos, presupuestos locales y posibles costos ocultos.
Dos organizaciones ya trabajan para derrotar la medida
Aunque aún no se ha anunciado una campaña política formal para apoyar la Enmienda 3, ya hay al menos dos organizaciones trabajando para oponerse.
Una de ellas es el grupo “No al 3”, que se autodenomina “Detener los Cambios Fiscales Injustos”. Fue anunciado formalmente la semana pasada y está presidido por Bryan Desloge, excomisionado del condado de Leon.
La organización busca advertir a los votantes sobre las consecuencias de reducir de forma significativa los ingresos de gobiernos locales. Su mensaje apunta a que el alivio tributario puede parecer atractivo en el corto plazo, pero generar presiones presupuestarias que terminen afectando la calidad de vida de los residentes.
La otra organización es “Now There Are 3 Degrees in Florida”, presidida por Derek Strickland, quien se presenta como un floridano de tercera generación que decidió involucrarse por responsabilidad cívica. El grupo afirma que no pide a los residentes votar contra una exención por simple oposición a una rebaja fiscal, sino analizar qué ocurre después de aprobarla.
El mensaje de ambas organizaciones podría calar especialmente en votantes preocupados por servicios de emergencia, seguridad pública, infraestructura, transporte local, parques, bibliotecas y programas comunitarios.
El argumento opositor: menos impuestos, pero ¿a qué costo?
Los grupos contrarios a la Enmienda 3 sostienen que una factura de impuestos más baja no necesariamente equivale a un ahorro real si los residentes terminan pagando más por otras vías.
“Todos pagaremos por la pérdida de la capacidad y calidad del servicio esencial de una forma u otra”, advierte uno de los grupos en su página web. También plantea que “una factura de impuestos sobre la propiedad más baja no es una ganga si acabas pagando más en todos los demás”.
Ese argumento busca desplazar el debate desde el monto de la factura individual hacia el impacto colectivo. Si condados y ciudades recaudan menos, podrían tener que reducir servicios, posponer obras, aumentar tarifas, aplicar cargos especiales o buscar nuevas fuentes de ingresos.
En Florida, los impuestos a la propiedad son una fuente central de financiamiento para gobiernos locales. Con ellos se pagan cuerpos policiales, bomberos, servicios médicos de emergencia, mantenimiento de carreteras, drenaje, parques, bibliotecas, programas para adultos mayores, permisos, inspecciones y otras operaciones municipales o del condado.
La pregunta que intentan instalar los opositores es si el ahorro en la factura de una vivienda compensa el riesgo de deterioro en esos servicios.
El argumento de los defensores: alivio ante un costo de vida cada vez más alto
Para quienes apoyan la Enmienda 3, el centro del debate es otro: muchos propietarios sienten que el costo de mantener una vivienda en Florida se ha vuelto cada vez más difícil de asumir.
Durante los últimos años, el estado ha enfrentado aumentos en valores inmobiliarios, primas de seguros, costos de reparación, mantenimiento y gastos cotidianos. En ese contexto, una reducción del impuesto a la propiedad puede ser presentada como una herramienta directa para aliviar a familias que ya están presionadas por el encarecimiento general.
Los defensores también pueden argumentar que el crecimiento de los presupuestos locales debe tener límites y que los gobiernos deben ajustar gastos antes de trasladar una carga creciente a los residentes. Desde esa perspectiva, la enmienda funcionaría como una forma de disciplina fiscal para condados y municipios.
DeSantis ha repetido durante meses que los propietarios necesitan protección frente a facturas tributarias cada vez más altas. Aunque ahora no hará campaña formal, su voto a favor mantiene viva esa línea argumental.
La advertencia de DeSantis sobre fondos públicos
Consultado sobre las campañas opositoras, DeSantis dijo que no conocía los detalles de los grupos, pero advirtió que sería “totalmente inapropiado” que gobiernos locales usaran dinero de los contribuyentes para oponerse a la Enmienda 3.
La ley de Florida prohíbe que un gobierno local, o una persona actuando en su nombre, gaste o autorice el gasto de fondos públicos en anuncios políticos o comunicaciones dirigidas a votantes sobre asuntos, referendos o enmiendas sometidas a votación.
También impide que personas o grupos acepten fondos públicos para ese tipo de comunicación. La norma busca evitar que gobiernos locales utilicen recursos de todos los contribuyentes para influir en una campaña electoral.
Ese marco legal será observado de cerca durante los próximos meses. Los gobiernos locales sí pueden analizar impactos fiscales, discutir presupuestos y explicar consecuencias administrativas, pero no pueden convertir recursos públicos en propaganda electoral a favor o en contra de una enmienda.
La línea entre información institucional y campaña política podría convertirse en un punto de disputa.
El contraste con las campañas estatales de 2024
El debate sobre fondos públicos adquiere mayor relevancia por el antecedente de 2024. Ese año, DeSantis lanzó el comité de acción política Florida Freedom Fund, creado en parte para combatir dos enmiendas constitucionales: una sobre cannabis recreativo para adultos y otra sobre el derecho al aborto en Florida.
Según reportes del Tampa Bay Times y el Miami Herald, la administración DeSantis también desvió al menos 35 millones de dólares de fondos públicos para financiar campañas contra esas enmiendas.
Ese antecedente podría ser utilizado por críticos del gobernador para señalar una aparente contradicción entre su advertencia actual a los gobiernos locales y el uso previo de recursos estatales en campañas relacionadas con medidas constitucionales.
Para DeSantis y sus aliados, la diferencia podría estar en el tipo de fondos, la autoridad estatal y la naturaleza de las campañas. Pero políticamente, el tema ofrece munición a opositores que podrían presentar el debate como una doble vara sobre el uso de recursos públicos en campañas electorales.
Por qué esta enmienda puede definir el debate fiscal de 2026
La Enmienda 3 tiene potencial para convertirse en una de las batallas políticas más importantes de Florida en 2026 porque toca tres temas sensibles: impuestos, vivienda y servicios públicos.
Para los propietarios, el impuesto a la propiedad es una carga visible y recurrente. Aunque muchos votantes no estudian detalles presupuestarios locales, sí entienden el impacto directo de una factura que sube año tras año.
Para condados y municipios, en cambio, el impuesto a la propiedad es una herramienta esencial para sostener operaciones. Una reducción constitucional limita el margen de maniobra de gobiernos locales y puede afectar su capacidad de responder al crecimiento poblacional, a emergencias climáticas, a necesidades de infraestructura y a presiones de seguridad pública.
La medida también llega en un estado que ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico. Más residentes significan mayor demanda de servicios, carreteras, escuelas, agua, alcantarillado, policías y bomberos. Reducir ingresos en ese contexto puede generar tensiones entre alivio fiscal y capacidad operativa.
Un mensaje difícil de vender en ambos lados
Aunque el alivio fiscal suele ser popular entre los votantes, la Enmienda 3 no tiene garantizada su aprobación. El requisito del 60% obliga a construir un consenso amplio y a superar dudas sobre sus consecuencias.
Los defensores deberán explicar de forma clara cuánto podrían ahorrar los propietarios, quiénes recibirían el mayor beneficio y por qué los gobiernos locales podrían absorber la reducción sin deteriorar servicios.
Los opositores, por su parte, deberán evitar parecer contrarios a cualquier alivio para contribuyentes. Su desafío será convencer a los votantes de que la medida no es simplemente una rebaja, sino un cambio constitucional con efectos duraderos sobre presupuestos locales.
En ese escenario, la ausencia de una campaña formal encabezada por DeSantis podría ser decisiva. Sin un promotor fuerte, el mensaje a favor puede quedar fragmentado. Con grupos opositores ya organizados, la campaña contra la enmienda podría tomar ventaja temprana en la definición del debate público.
Qué deben saber los votantes antes de noviembre
Los votantes de Florida no decidirán únicamente si quieren pagar menos impuestos a la propiedad. También decidirán cómo debe financiarse el gobierno local y qué límites deben imponerse a la recaudación.
La Enmienda 3 plantea un alivio concreto para propietarios, pero también abre interrogantes sobre el futuro de servicios esenciales y la autonomía fiscal de condados y municipios.
DeSantis, quien durante meses defendió una reforma agresiva del impuesto a la propiedad, ahora se ubica en una posición intermedia: apoya la enmienda, pero no se compromete a liderar su campaña. Esa distancia puede reflejar frustración con la Legislatura, pero también crea incertidumbre sobre la fuerza política que tendrá la propuesta en las urnas.
Con dos organizaciones opositoras ya activas, advertencias sobre el uso de fondos públicos y el antecedente de campañas estatales contra enmiendas constitucionales, la Enmienda 3 se perfila como mucho más que una propuesta tributaria. Será una prueba sobre hasta dónde quieren llegar los votantes de Florida en la reducción de impuestos y cuánto están dispuestos a arriesgar en servicios locales a cambio de ese alivio.
