Régimen cubano impone nuevas trabas a la importación de drones y dispositivos electrónicos

Las autoridades cubanas han puesto en marcha un amplio paquete de cambios legales que fortalece significativamente las facultades de la Aduana General de la República y refuerza el control sobre las mercancías que ingresan al país. Las nuevas disposiciones firmadas por la ministra de Comunicaciones Mayra Arevich Marín y publicadas en la Gaceta Oficial forman parte del Decreto-Ley 108 y de varias regulaciones complementarias, introducen mecanismos más estrictos de inspección, amplían las posibilidades de decomiso y endurecen las sanciones para quienes incumplan las normas de importación.

La medida llega en un momento particularmente sensible para la población cubana. En medio de la crisis económica más severa de las últimas décadas, miles de familias dependen de alimentos, medicamentos, productos de aseo, electrodomésticos y otros artículos enviados desde el extranjero por familiares y amigos para enfrentar la escasez que persiste en los mercados de la isla.

Aunque el gobierno presenta la reforma como una actualización destinada a modernizar el sistema aduanero y fortalecer la seguridad fronteriza, las nuevas regulaciones también incrementan el control estatal sobre uno de los principales canales de abastecimiento que utilizan actualmente los cubanos.

Más poder para inspeccionar, retener y decomisar mercancías

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación de las facultades de actuación de la Aduana. Las autoridades podrán realizar inspecciones más exhaustivas sobre viajeros, equipajes, vehículos, contenedores y mercancías que entren o salgan del territorio nacional.

La normativa permite además retener bienes durante investigaciones administrativas, inmovilizar mercancías bajo sospecha de infracción y proceder a su decomiso cuando se determine el incumplimiento de las regulaciones vigentes. En la práctica, esto significa que los funcionarios dispondrán de mayores herramientas legales para intervenir en operaciones de importación realizadas por particulares.

Según lo establecido en las nuevas disposiciones, la Aduana también podrá adoptar medidas cautelares destinadas a garantizar el desarrollo de investigaciones relacionadas con posibles violaciones aduaneras, fortaleciendo así su capacidad de fiscalización en aeropuertos, puertos y terminales internacionales.

Las “mulas” quedan bajo una vigilancia mucho más estricta

Uno de los sectores que podría experimentar el mayor impacto es el de las llamadas “mulas”, viajeros que transportan mercancías desde el exterior para familiares, conocidos o clientes dentro de Cuba.

Las nuevas regulaciones fortalecen la capacidad de las autoridades para determinar cuándo una importación deja de tener carácter personal y adquiere una finalidad comercial. Cuando se considere que los bienes transportados no están destinados al uso propio del viajero o exceden los límites establecidos, la Aduana podrá imponer sanciones y decomisar la mercancía.

Para muchos pequeños emprendedores privados, estos mecanismos de importación informal constituyen una fuente fundamental de abastecimiento. Restaurantes, cafeterías, negocios de reparación, vendedores de equipos electrónicos y otros trabajadores por cuenta propia dependen de insumos adquiridos fuera del país para mantener sus operaciones.

La normativa establece que varios equipos de telecomunicaciones y transmisión de señales solo podrán utilizarse o importarse con el aval técnico de la Unidad Presupuestada Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico. Esta exigencia alcanza a dispositivos como puntos de acceso Wi-Fi, routers y conmutadores de red, así como a walkie-talkies de radioaficionados, radares, sistemas de audio con micrófonos inalámbricos, receptores satelitales y cámaras de vigilancia que funcionan mediante enlaces inalámbricos.

Drones, teléfonos satelitales y equipos tecnológicos entre los artículos más controlados

Las nuevas normas también endurecen la supervisión sobre determinados productos considerados sensibles por las autoridades cubanas. Entre los artículos sometidos a controles especiales figuran drones, teléfonos satelitales, sistemas GPS especializados, equipos avanzados de telecomunicaciones, armas, explosivos y otros dispositivos sujetos a autorizaciones específicas.

La decisión adquiere especial relevancia en un contexto internacional donde los drones han ganado protagonismo en conflictos militares, labores de vigilancia, operaciones de inteligencia y actividades de seguridad. Las autoridades cubanas consideran que el ingreso de determinados equipos tecnológicos requiere una supervisión más estricta debido a sus potenciales aplicaciones estratégicas.

«La evaluación y aprobación de la Dirección de Criptografía según la legislación vigente del Ministerio del Interior», detalla la norma jurídica.

Asimismo, el control sobre dispositivos de comunicación independientes mantiene una larga tradición dentro de la política regulatoria cubana, especialmente en áreas vinculadas a las telecomunicaciones y la transmisión de información.

La nueva regulación refuerza el control sobre los drones al incorporarlos expresamente al grupo de equipos que necesitan autorización técnica previa. Las aeronaves no tripuladas quedan clasificadas en varias categorías según su peso, desde modelos ligeros de menos de 250 gramos hasta aparatos que pueden alcanzar los 150 kilogramos al despegue.

Asimismo, las autoridades establecen que cualquier actividad vinculada con estos dispositivos —incluyendo su importación, exportación, fabricación, comercialización o utilización— deberá recibir el visto bueno del Ministerio de Comunicaciones en lo referente al uso de frecuencias radioeléctricas. El trámite de homologación tendrá un costo de 1,200 pesos cubanos para residentes y entidades nacionales, mientras que los no residentes y organizaciones extranjeras deberán pagar 50 dólares.

La normativa también impone plazos específicos para la importación de equipos sujetos a control. Las entidades encargadas de introducir estos productos al país deberán tramitar la autorización técnica con un mínimo de 30 días de anticipación respecto a la llegada prevista de la mercancía al territorio nacional.

Una vez presentada la solicitud, la Unidad Presupuestada Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico contará con un período de hasta 10 días hábiles para evaluar la documentación y emitir la aprobación correspondiente.

Más cámaras, controles radiológicos y vigilancia tecnológica permanente

Otro de los pilares de la reforma es la modernización de los sistemas de supervisión utilizados por la Aduana. Las nuevas regulaciones contemplan el uso ampliado de cámaras de circuito cerrado, sistemas de monitoreo digital, controles radiológicos, equipos avanzados de detección y unidades caninas especializadas para la identificación de mercancías prohibidas o sujetas a restricciones.

La incorporación de estas tecnologías busca aumentar la capacidad de control de las autoridades y agilizar la detección de irregularidades en los puntos de entrada al país.

Los aeropuertos cubanos han experimentado un incremento sostenido del flujo de viajeros procedentes del exterior durante los últimos años, especialmente desde Estados Unidos, donde reside la mayor comunidad de emigrados cubanos. El fortalecimiento de la infraestructura tecnológica permitirá realizar revisiones más exhaustivas sin depender exclusivamente de las inspecciones manuales tradicionales.

Negarse a una inspección podría tener consecuencias inmediatas

Las nuevas disposiciones establecen además la obligación de los viajeros de cooperar con los procedimientos de control aduanero. Las personas que se nieguen a someterse a inspecciones o incumplan los requerimientos establecidos por las autoridades podrían enfrentar restricciones administrativas, limitaciones para acceder a determinadas áreas aeroportuarias e incluso impedimentos relacionados con su viaje.

El objetivo declarado es garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad en todos los puntos de entrada y salida del territorio nacional.

Multas más elevadas y sanciones más severas

La reforma incorpora además un régimen sancionador más riguroso para quienes incumplan la legislación aduanera. Las infracciones clasificadas como graves o muy graves podrán derivar en multas considerables, decomisos definitivos y otras medidas administrativas. Las autoridades buscan incrementar el efecto disuasorio de las sanciones y reforzar el cumplimiento de las normas relacionadas con la importación de mercancías.

Al mismo tiempo, la legislación otorga mayores facultades para decidir el destino final de los bienes confiscados y ejecutar procedimientos administrativos vinculados a mercancías retenidas durante investigaciones.

La interpretación de conceptos como “uso personal” o “actividad comercial” podría convertirse en uno de los elementos más observados por viajeros y emprendedores, ya que de ello dependerá en gran medida la aplicación práctica de las nuevas regulaciones.

Se mantienen las exenciones para alimentos y medicamentos

Pese al endurecimiento general de los controles, las autoridades mantuvieron las flexibilizaciones temporales relacionadas con la importación no comercial de alimentos, medicamentos, productos de aseo e insumos médicos.

Estas medidas fueron implementadas en años anteriores como respuesta a la escasez crónica que afecta a numerosos productos básicos y continúan siendo una vía fundamental para el abastecimiento de millones de cubanos.

Gracias a estas exenciones, miles de familias reciben regularmente antibióticos, analgésicos, suplementos nutricionales, leche en polvo, artículos de higiene personal y otros productos difíciles de encontrar en farmacias y tiendas nacionales.

También permanecen vigentes determinadas facilidades relacionadas con la importación de equipos destinados a enfrentar la crisis energética que afecta al país, marcada por frecuentes apagones y problemas de generación eléctrica.

Una reforma que llega en plena crisis económica

La entrada en vigor de estas normas coincide con un escenario económico extremadamente complejo para Cuba. La inflación, la escasez de alimentos y medicamentos, los apagones recurrentes, la falta de divisas y la caída de la producción nacional han reducido considerablemente la capacidad de abastecimiento del mercado interno.

Ante esta realidad, las remesas en especie enviadas desde el extranjero han adquirido una importancia estratégica para millones de hogares cubanos. En muchos casos, los productos transportados por viajeros o enviados por familiares representan la única forma de acceder a artículos esenciales para la vida cotidiana.

Economistas y observadores coinciden en que estas importaciones informales han desempeñado un papel fundamental para aliviar parte de las carencias generadas por la crisis. Por ello, cualquier modificación de las reglas que regulan su entrada tiene consecuencias económicas y sociales que trascienden el ámbito estrictamente aduanero.

Mientras el gobierno defiende la reforma como una herramienta para fortalecer la seguridad y modernizar los controles fronterizos, miles de viajeros observan con atención cómo serán aplicadas las nuevas disposiciones. Lo que está en juego no es únicamente el cumplimiento de una normativa, sino también uno de los principales mecanismos que ha permitido a innumerables familias cubanas enfrentar años de escasez y dificultades económicas.

La Resolución 2/2026 no comenzará a aplicarse de forma inmediata. El texto establece un período de 60 días desde su publicación oficial para su entrada en vigor, por lo que las nuevas disposiciones deberán empezar a regir aproximadamente a partir del 20 de julio de 2026.