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El cubano Yoelso Linares Reyes, deportado desde Estados Unidos hacia Cuba el pasado 9 de febrero tras enfrentar un proceso migratorio bajo el formulario I-220A, denunció públicamente fue víctima de amenazas, interrogatorios y presuntas torturas por parte de la Seguridad del Estado cubana luego de su regreso a la isla.
La denuncia se difundió a través de un video publicado por el periodista cubano Javier Díaz, donde Linares Reyes ofreció un testimonio detallado sobre lo que aseguró haber vivido desde su llegada al país. Sus declaraciones generaron un amplio debate en redes sociales y volvieron a colocar sobre la mesa la situación de los cubanos deportados desde Estados Unidos, especialmente aquellos identificados por las autoridades cubanas como opositores o personas vinculadas al exilio político.
El caso también incrementó la preocupación entre miles de migrantes cubanos que actualmente permanecen en Estados Unidos bajo el estatus I-220A, un documento migratorio utilizado por las autoridades estadounidenses para liberar bajo supervisión a ciertos inmigrantes mientras sus procesos continúan abiertos.
En medio del endurecimiento de políticas migratorias y del aumento de deportaciones hacia Cuba, el relato de Linares Reyes se convirtió rápidamente en un nuevo símbolo del temor que muchos cubanos sienten ante la posibilidad de ser retornados a la isla.
Torturas en Villa Marista tras aterrizar en Cuba
Según explicó Linares Reyes en el video, apenas llegó a Cuba lo trasladaron a Villa Marista, instalación ubicada en La Habana que funciona como sede principal de la Seguridad del Estado cubana y que durante décadas opositores, periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos la señalaron como un centro utilizado para interrogatorios políticos y detenciones de carácter represivo.
El cubano aseguró que permaneció retenido allí hasta el 25 de febrero y que durante ese período fue sometido a intensos interrogatorios, amenazas y presiones psicológicas relacionadas con sus posturas políticas y sus conexiones fuera de Cuba.
De acuerdo con su relato, los oficiales mostraron especial interés en sus vínculos con miembros del exilio cubano en Miami, así como en sus denuncias públicas contra el régimen cubano y su presunta participación en espacios jurídicos y grupos críticos del gobierno.
Linares Reyes afirmó que durante las sesiones de interrogatorio los agentes intentaron intimidarlo constantemente y hacerle sentir que las autoridades tenían conocimiento de sus actividades, contactos y relaciones fuera de la isla.
Sus declaraciones coincidieron con denuncias previas realizadas por activistas y opositores cubanos que aseguran los interrogaron en Villa Marista tras regresar a Cuba o después de participar en acciones consideradas contrarias al gobierno.
Denunció amenazas por sus vínculos con el exilio cubano y sus críticas al régimen
Tras quedar libre el 25 de febrero, Linares Reyes explicó que posteriormente lo citaron a una unidad policial ubicada en el municipio Cotorro, en La Habana, donde —según denunció— continuaron las amenazas y advertencias en su contra.
El cubano aseguró que oficiales de la Seguridad del Estado le comunicaron abiertamente que las medidas tomadas respondían a sus “grandes vínculos con exiliados cubanos en Miami” y a las denuncias que había realizado anteriormente contra el gobierno cubano.
Según relató, las autoridades también hicieron referencia a su participación en estructuras jurídicas y espacios opositores, elementos que, de acuerdo con su versión, se utilizaron para justificar el seguimiento y la presión ejercida sobre él.
Uno de los momentos más delicados de su testimonio ocurrió cuando aseguró que agentes cubanos le advirtieron que podría enfrentar hasta 30 años de prisión si “cruzaba la línea de la legalidad”, frase que interpretó como una amenaza directa para impedir cualquier futura actividad política o denuncia pública.
El relato provocó reacciones inmediatas en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron preocupación por la situación de los deportados cubanos y denunciaron supuestas represalias contra quienes mantienen posiciones críticas hacia el régimen.
Obligado a abandonar el país
Otro de los elementos que más impacto generó en el testimonio de Linares Reyes fue la afirmación de que agentes de la Seguridad del Estado le sugirieron abandonar nuevamente el país.
Según contó, durante uno de los encuentros las autoridades le comunicaron que tenía un tiempo determinado para salir de Cuba y le recomendaron reunir dinero rápidamente para concretar esa salida porque, supuestamente, “no les convenía” mantenerlo dentro de la isla.
Para Linares Reyes, ese mensaje representó una clara señal de hostigamiento y una forma indirecta de expulsarlo nuevamente del país debido a sus posiciones políticas y sus vínculos con el exilio cubano.
La denuncia alimentó nuevamente el debate sobre las presiones que, según activistas y organizaciones independientes, enfrentan determinados opositores o críticos del sistema cubano después de regresar a la isla.
En redes sociales, varios usuarios compararon el caso con otros testimonios de cubanos que aseguraron sufrieron vigilancia, amenazas o limitaciones después de que los deportaran a la isla.
Presión psicológica sobre familiares y vecinos de su comunidad
Durante el video, Linares Reyes también afirmó que la Seguridad del Estado habría utilizado a personas cercanas de su entorno para aumentar la presión emocional sobre él. Según explicó, a algunos familiares y vecinos de su barrio los utilizaron en su contra, situación que describió como una de las experiencias más dolorosas que enfrentó tras regresar a Cuba.
El cubano aseguró que esa estrategia provocó un fuerte deterioro emocional debido al impacto que tuvo sobre sus relaciones personales y familiares, además de la sensación de aislamiento y vigilancia constante.
De acuerdo con su testimonio, la situación generó un ambiente de tensión dentro de su propia comunidad, algo que —según dijo— terminó afectándolo profundamente desde el punto de vista psicológico.
El señalamiento coincidió con denuncias realizadas anteriormente por opositores cubanos, quienes han acusado a la Seguridad del Estado de ejercer presión indirecta a través de familiares, vecinos o centros laborales para aislar socialmente a personas consideradas críticas del gobierno.
Preocupación entre cubanos con I-220A
Las declaraciones de Linares Reyes reavivaron el temor dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos, especialmente entre quienes permanecen bajo el formulario I-220A y aún no logran regularizar completamente su situación migratoria.
En los últimos meses, abogados y organizaciones de ayuda migratoria han advertido sobre el impacto humano y político que podrían tener las deportaciones hacia Cuba, sobre todo en casos de personas que participaron en protestas, realizaron denuncias públicas o mantuvieron vínculos con movimientos opositores.
La incertidumbre migratoria también ha generado preocupación en ciudades con fuerte presencia cubana como Miami, donde numerosas familias siguen pendientes de decisiones judiciales y cambios en las políticas migratorias estadounidenses.
El caso de Linares Reyes volvió a alimentar el debate sobre los riesgos que podrían enfrentar determinados deportados tras regresar a la isla y sobre las consecuencias políticas y personales de esos retornos.
Llamado público para recibir apoyo y visibilidad
Al finalizar su testimonio, Yoelso Linares Reyes hizo un llamado a la comunidad cubana dentro y fuera de la isla para escuchar su historia y brindarle apoyo ante la situación que aseguró estar viviendo.
El cubano afirmó que decidió hacer pública su denuncia debido al temor que siente tras las amenazas recibidas y a las presiones que, según aseguró, continúa enfrentando desde su regreso a Cuba.
También pidió que su caso no quede en silencio y que sirva para visibilizar la situación de otros cubanos deportados que, según afirmó, podrían estar atravesando experiencias similares.
La historia continuó generando reacciones en redes sociales y plataformas digitales, donde numerosos usuarios debatieron sobre la situación migratoria de los cubanos con I-220A, el incremento de deportaciones y las presuntas represalias denunciadas por algunos retornados a la isla.
