«¡Todos los presos políticos deben ser liberados ahora!»: senador Rick Scott denuncia que la dictadura cubana no liberó a presos políticos en el nuevo indulto

El anuncio de un nuevo indulto masivo en Cuba ha reavivado el debate internacional sobre la situación de los derechos humanos en la isla. El senador estadounidense Rick Scott acusó al régimen gobernado por Miguel Díaz-Canel de utilizar esta medida como una herramienta de propaganda política, al considerar que las excarcelaciones no incluyen a los presos políticos y, por tanto, no representan un cambio real.

La iniciativa, presentada por el gobierno cubano el día 2 de abril como un acto humanitario, contempla la liberación de 2,010 reclusos. Sin embargo, desde el ámbito político estadounidense y organizaciones independientes, la medida se interpreta como una acción limitada que busca aliviar presiones externas sin modificar la política interna de represión.

Un “gesto humanitario” en medio de presiones crecientes

El gobierno cubano ha defendido el indulto como una decisión soberana, alineada con prácticas penitenciarias previas y enmarcada dentro de su sistema legal. No obstante, el contexto en el que se produce resulta clave: Cuba enfrenta una creciente presión internacional por denuncias de violaciones a los derechos humanos, agravadas tras las protestas sociales y el endurecimiento de la crisis económica.

En este escenario, desde su cuenta de X Rick Scott cuestionó la narrativa oficial al señalar que el régimen intenta proyectar una imagen de apertura ante la comunidad internacional, sin introducir reformas estructurales que garanticen libertades civiles o políticas.

El senador subrayó que este tipo de medidas, si no incluyen a los presos políticos, terminan siendo simbólicas y carecen de impacto real en la percepción global sobre la situación en la isla.

«Ha pasado más de una semana desde que el régimen anunció su llamado ‘indulto masivo’. En realidad, el ilegítimo régimen comunista de Castro/Díaz-Canel solo está liberando a los criminales regulares mientras continúa procesando y oprimiendo brutalmente a los prisioneros políticos y al pueblo valiente de Cuba por defender la libertad», destacó el legislador.

El legislador instó a que se dé a conocer sin demora el registro completo de personas encarceladas por motivos políticos y demandó su liberación total. «¡TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEBEN SER LIBERADOS YA!», advirtió.

Ha pasado más de una semana desde que el régimen anunció su llamado “indulto masivo”.

En realidad, ilegítimo el régimen comunista de Castro/Díaz-Canel solo está liberando a los criminales regulares mientras continúa procesando y oprimiendo brutalmente a los prisioneros políticos…

— Rick Scott (@SenRickScott) April 7, 2026

En su mensaje, Scott expuso tres ejemplos específicos de prisioneros políticos que continúan encarcelados a pesar del indulto. El primero corresponde a Jonathan David Muir Burgos, un adolescente de 16 años recluido en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, después que represores lo detuvieran por manifestaciones a causa de los apagones en marzo de 2026. “¡Es solo un niño!”, enfatizó el senador.

El segundo caso es el del artista y activista Maykel “Osorbo” Castillo Pérez, quien fue víctima de desaparición forzada en 2021 y posteriormente sentenciado a nueve años de cárcel. Scott afirmó que, pese a haber llevado a cabo reiteradas huelgas de hambre, no se le ha brindado asistencia médica y su estado de salud permanece incierto. «Todo porque se convirtió en la voz de los valores pro-democracia y la libertad para el pueblo cubano», añadió.

El tercer caso al que hizo referencia es el de Luis Manuel Alcántara, artista y defensor de los derechos humanos en Cuba. Según indicó Scott, ha sido sometido de forma intermitente a confinamiento solitario, en condiciones extremas y con escasa o nula atención médica, como consecuencia de sus denuncias contra los abusos del régimen.

Luis Manuel Otero Alcántara comenzó una nueva huelga de hambre a finales de marzo del presente año, en respuesta a presuntas amenazas de muerte por parte de agentes de la Seguridad del Estado. Días antes, el 23 de marzo, el Tribunal Provincial Popular de Artemisa había denegado un recurso de habeas corpus presentado en su favor.

Exclusiones legales que generan controversia

Uno de los aspectos más relevantes del indulto es el criterio de exclusión aplicado por las autoridades cubanas. Quedan fuera del beneficio personas condenadas por delitos como “desacato”, “atentado” y “desórdenes públicos”, categorías que, según organizaciones de derechos humanos, han sido utilizadas de forma recurrente para procesar a opositores y participantes en manifestaciones.

Este punto resulta especialmente sensible porque muchos de los detenidos tras las protestas en Cuba están acusados bajo estas figuras penales, lo que implica que una parte significativa de los considerados presos políticos no será beneficiada.

Para los críticos, esta selección evidencia que el indulto no está diseñado para resolver el conflicto político interno, sino para liberar presión en el sistema penitenciario sin alterar el control sobre la disidencia. Rick Scott insistió en que la única señal creíble de cambio sería la liberación total de los presos políticos, acompañada de transparencia en los procesos judiciales y penitenciarios.

Denuncias sobre condiciones en las cárceles cubanas

Diversos informes independientes han advertido que la crisis económica que atraviesa Cuba ha impactado directamente en el sistema penitenciario, generando escasez de alimentos, medicamentos y recursos básicos, lo que agrava la situación de los detenidos.

A esto se suma el uso del aparato judicial como mecanismo de control político, una práctica denunciada por organismos internacionales que consideran que en la isla no existen garantías plenas de debido proceso en casos vinculados a la disidencia.

Según datos de la organización Prisoners Defenders, al cierre de febrero de 2026 se contabilizaban 1,214 presos políticos en Cuba, y ninguno de ellos se benefició del indulto. De acuerdo con la plataforma Justicia 11J, se estimaba la existencia de al menos 760 presos políticos, incluidos 358 arrestados a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021.

El primer proceso ocurrió en marzo, cuando excarcelaron a 51 reclusos tras un diálogo con el Vaticano; de ellos, entre cinco y 27 se consideraron presos políticos, según diferentes organizaciones.

Un patrón histórico de indultos selectivos

El indulto anunciado en 2026 no es un hecho aislado. Se trata del segundo en lo que va de año y del quinto desde 2011, lo que refleja una estrategia recurrente del gobierno cubano en momentos de presión o crisis.

En experiencias anteriores, estos procesos han seguido un patrón similar: liberaciones parciales que no incluyen a presos políticos, lo que ha limitado su impacto en términos de reformas estructurales o apertura política. Este comportamiento ha generado desconfianza entre analistas y actores internacionales, que interpretan los indultos como medidas tácticas más que como parte de un proceso de transformación institucional.

Cifras que alimentan la controversia

Mientras el gobierno cubano destaca la liberación de más de 2,000 reclusos, organizaciones independientes estiman que más de 1,000 personas continúan encarceladas por motivos políticos en la isla.

La ausencia de estos detenidos en el proceso de excarcelación es uno de los principales argumentos utilizan los críticos para cuestionar la legitimidad del indulto. Además, la falta de una lista oficial detallada de beneficiados limita la capacidad de verificación independiente, lo que incrementa las dudas sobre el alcance real de la medida.

Impacto político y narrativa internacional

Las declaraciones de Rick Scott se insertan en un contexto de creciente tensión política entre Estados Unidos y Cuba, donde el tema de los derechos humanos sigue siendo un eje central del discurso.

Desde Washington, el indulto se interpreta como una oportunidad perdida para avanzar hacia reformas significativas, mientras que el gobierno cubano insiste en defender su soberanía y rechazar las críticas externas.

Este contraste de narrativas mantiene el tema en el centro del debate internacional, especialmente en un momento en que la situación económica y social en Cuba continúa deteriorándose.

Un escenario marcado por la crisis interna

El indulto también debe entenderse dentro del contexto interno de la isla, donde la crisis económica, los apagones prolongados y el descontento social han incrementado la presión sobre el gobierno.

En este sentido, la liberación de reclusos podría responder también a la necesidad de aliviar tensiones dentro del sistema penitenciario y reducir riesgos de conflictividad social. Sin embargo, al excluir a los presos políticos, la medida no logra desactivar uno de los principales focos de crítica tanto dentro como fuera del país.

Un debate abierto sobre el futuro político de Cuba

El caso del indulto masivo refleja la compleja relación entre control interno, presión internacional y narrativa política en Cuba. Mientras el gobierno defiende la medida como un acto humanitario, sus detractores la interpretan como una estrategia limitada que evita abordar las demandas fundamentales de libertad política y derechos civiles.

El desarrollo de este proceso y sus consecuencias se seguirán observando de cerca por la comunidad internacional, en un escenario donde cada decisión adquiere un peso significativo en la percepción global sobre el futuro de la isla.