El condado de Miami-Dade esta semana notificó formalmente a 3,909 empresas locales ante la posibilidad de que estén realizando actividades comerciales con Cuba sin contar con las autorizaciones federales correspondientes. La medida, impulsada por la oficina del recaudador de impuestos del condado, abre una revisión administrativa de amplio alcance que podría derivar en sanciones locales para quienes no acrediten cumplimiento con la normativa vigente en Estados Unidos.
En una declaración difundida en la red social X, el recaudador de impuestos Dariel Fernández indicó que su oficina envió los avisos como parte de un proceso de supervisión administrativa a nivel del condado, enfocado en examinar posibles operaciones relacionadas con el gobierno cubano, al que describió como una “dictadura socialista y comunista”. La acción coloca bajo escrutinio a un número significativo de negocios en una de las jurisdicciones con mayor concentración de vínculos comerciales y logísticos hacia el Caribe.
¿Qué exige el condado a las empresas?
Las compañías notificadas deberán confirmar por escrito si mantienen transacciones, exportaciones, servicios o cualquier tipo de operación vinculada con Cuba. En caso afirmativo, tendrán que presentar documentación que demuestre que dichas actividades están debidamente autorizadas por el gobierno federal.
«Como recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, siempre me aseguraré de que cada negocio que opere en nuestro condado cumpla con la ley», señaló Fernández en su comunicado.
Señaló además que su responsabilidad consiste en resguardar la integridad del sistema de Impuestos Locales sobre Negocios y salvaguardar a la comunidad frente a cualquier actividad asociada a un régimen que —según afirmó— reprime, censura y vulnera derechos humanos fundamentales.
Entre los permisos requeridos se encuentran licencias emitidas por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro que administra y hace cumplir los regímenes de sanciones económicas, así como autorizaciones de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), adscrita al Departamento de Comercio.
Estas entidades regulan exportaciones, reexportaciones, transferencias financieras y otras operaciones con países sujetos a sanciones, entre ellos Cuba. La oficina del recaudador indicó además que las respuestas y documentos entregados podrían publicarse en un portal de transparencia, en lo que describió como un esfuerzo por garantizar supervisión pública del proceso.
Posibles consecuencias: impacto directo en la licencia comercial
Aunque el régimen de sanciones es de competencia federal, el condado advirtió que puede adoptar medidas administrativas a nivel local si una empresa no demuestra que cumple con la ley.
Entre las consecuencias contempladas se encuentra la suspensión o revocación del Recibo de Impuesto Comercial Local, requisito indispensable para operar legalmente en Miami-Dade. De concretarse esa medida, las empresas afectadas podrían ver paralizadas sus operaciones dentro del condado. Las autoridades también señalaron que la falta de respuesta a la notificación podría ser considerada incumplimiento administrativo.
Antecedentes de la revisión
La iniciativa forma parte de un proceso de revisión iniciado a finales de enero de 2026 por la oficina encabezada por Dariel. Desde entonces, el condado ha estado evaluando posibles irregularidades en el uso de licencias comerciales relacionadas con exportaciones hacia Cuba.
Según la información divulgada, el análisis incluye casos en los que licencias federales habrían sido revocadas o utilizadas fuera de los parámetros permitidos, incluyendo operaciones tramitadas bajo categorías humanitarias.
Fernández informó que los hallazgos serán remitidos en un informe formal a la administración Trump y al al Departamento de Estado dirigido por Marco Rubio, lo que podría escalar el alcance del asunto más allá del plano local.
El trasfondo regulatorio: sanciones y comercio con Cuba
El comercio con Cuba está sujeto a un complejo entramado de regulaciones federales que limitan exportaciones, servicios financieros y determinadas inversiones. Si bien existen excepciones —como envíos humanitarios, telecomunicaciones y ciertos productos agrícolas— estas requieren autorizaciones específicas y cumplimiento estricto de condiciones establecidas por las autoridades federales.
El 13 de enero, enviaron dos comunicaciones oficiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre la cancelación de licencias federales que se utilizaron para exportar a Cuba. Las cartas, enviadas por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), señalaban incumplimientos vinculados a las licencias D1325305 y D1331933, ambas revocadas de manera definitiva por no ajustarse a las condiciones autorizadas.
De acuerdo con la documentación difundida, las compañías señaladas son Katapulk Marketplace LLC, perteneciente al empresario Hugo Cancio, y Maravana Cargo Inc., encabezada por Alejandro Martínez Pardo, ambas radicadas en Miami.
En el caso de Katapulk Marketplace LLC, la licencia identificada como D1325305 permitía la exportación a Cuba de vehículos híbridos y de gasolina bajo criterios de carácter humanitario. No obstante, la autorización se anuló el 4 de junio tras constatarse incumplimientos de las condiciones fijadas. En cuanto a Maravana Cargo Inc., empresa dedicada al envío de mercancías y vehículos hacia la Isla, la licencia D1331933 se la cancelaron el 3 de noviembre, después de que se determinara que la compañía había superado la cantidad de automóviles y motocicletas autorizados bajo ese permiso.
En ese contexto, la comisionada del condado, Natalie Milian Orbis, dirigió una misiva al presidente Trump en la que instó a cancelar todas las licencias y autorizaciones federales asociadas a Cuba, argumentando que dichas medidas son necesarias para evitar que el régimen cubano acceda a recursos, financiamiento o servicios provenientes de Estados Unidos.
Miami-Dade ha sido históricamente un punto neurálgico para operaciones de carga, envíos y servicios hacia la isla, lo que convierte al condado en un escenario sensible dentro del debate sobre cumplimiento de sanciones.
Repercusiones económicas y políticas
La notificación masiva podría generar efectos en sectores vinculados a la logística, transporte marítimo, agencias de envío, exportadores de bienes y servicios profesionales que gestionan trámites hacia el Caribe. También podría tener implicaciones políticas, dado el peso de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida y la centralidad del tema Cuba en la agenda local y federal.
Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de recopilación de información. El desenlace dependerá de la documentación presentada por las empresas y de la evaluación que realicen tanto las autoridades locales como las federales.
Lo que sí queda claro es que la revisión iniciada por el condado coloca bajo la lupa a miles de negocios y reabre el debate sobre los límites y alcances del comercio con Cuba desde uno de los principales centros económicos del país.
