Las autoridades federales anunciaron la acusación formal contra 11 personas señaladas de integrar un presunto esquema de fraude matrimonial en Florida, cuya finalidad era facilitar beneficios migratorios a ciudadanos extranjeros mediante matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses, incluidos miembros del servicio militar.
El caso fue divulgado por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y procesado por la U.S. Attorney’s Office for the Middle District of Florida, tras la presentación de cargos ante un gran jurado federal.
El esquema: matrimonios simulados y pagos estructurados
De acuerdo con el comunicado oficial, la presunta red habría operado entre 2024 y 2025 organizando matrimonios sin intención de convivencia real, con el objetivo de que ciudadanos extranjeros obtuvieran beneficios migratorios, incluida la residencia permanente.
Según la acusación, el mecanismo incluía: la captación de ciudadanos estadounidenses dispuestos a contraer matrimonio por compensación económica, la preparación de documentos, formularios y evidencia —incluyendo fotografías— para presentar ante autoridades migratorias con el fin de simular relaciones legítimas, así como un esquema de pagos estructurado para los ciudadanos que aceptaban participar.
El caso no se limitó a Florida, las autoridades señalaron que los matrimonios se habrían tramitado también en otros estados como Nueva York, Connecticut y Nevada, ampliando el alcance territorial de la investigación.
«Esta investigación subraya el papel fundamental que desempeña HSI en la protección de nuestra nación frente a organizaciones criminales transnacionales que buscan explotar nuestras leyes de aduanas e inmigración y amenazar nuestra seguridad nacional. Gracias a la dedicación y experiencia de nuestros agentes y socios, hemos investigado, desmantelado y desmantelado con éxito una sofisticada red criminal que opera a través de las fronteras», dijo el agente especial interino en funciones, de HSI Tampa, Michael Cochran.
El componente militar y las preocupaciones de seguridad
Uno de los aspectos más sensibles del caso es el presunto reclutamiento de miembros del servicio militar estadounidense para contraer matrimonio con ciudadanos chinos. Según la acusación, algunos militares activos o reservistas habrían sido persuadidos para participar en matrimonios fraudulentos.
Con el propósito de simular vínculos matrimoniales genuinos, los involucrados organizaron sesiones fotográficas y elaboraron material visual destinado a respaldar ante las autoridades de inmigración la apariencia de una relación estable y auténtica. La intención era construir una narrativa que hiciera creer que las uniones respondían a lazos afectivos reales y a un compromiso conyugal legítimo.
No obstante, detrás de esa puesta en escena existía un acuerdo económico previamente definido: el ciudadano estadounidense recibía una compensación inicial por formalizar el matrimonio con el ciudadano chino, otro pago al concretarse la regularización migratoria y una suma adicional una vez tramitado el divorcio.
Además del beneficio migratorio, la investigación apunta a intentos de obtener de forma indebida tarjetas de acceso del Departamento de Defensa, conocidas como Common Access Cards (CAC). Estas credenciales permiten el ingreso a instalaciones militares y el acceso a sistemas oficiales.
En ese contexto, se menciona la Naval Air Station Jacksonville como una de las instalaciones relacionadas con la investigación. Las autoridades subrayan que cualquier intento de acceso no autorizado a instalaciones militares constituye un riesgo potencial para la seguridad nacional.
Cargos federales y posibles penas
Los 11 acusados enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude matrimonial, además de otros delitos asociados, que incluyen conspiración para soborno y obtención indebida de credenciales oficiales. Todos enfrentan cargos federales por conspiración, que contemplan una posible condena de hasta cinco años de prisión.
Entre los señalados se encuentra Anny Chen, de 54 años y residente en Nueva York, quien además enfrenta acusaciones adicionales por fraude matrimonial y conspiración para cometer soborno, delitos que podrían acarrear hasta cinco años de cárcel por cada cargo en caso de que la hallen culpable.
También figura Kiah Holly, de 29 años y procedente de Maryland; Kin Man Cheok, de 32 años y ciudadano chino, acusado igualmente de conspirar para realizar sobornos entre noviembre de 2024 y el 14 de febrero de 2025; Hailing Feng, de 27 años y residente en Nueva York, quien enfrenta cargos similares por conspiración para soborno; y Xionghu Fang, de 41 años, originario de China.
En procesos vinculados a esta misma red, Raymond Zumba, Brinio Urena, Morgan Chambers y Jacinth Bailey, todos exintegrantes de la Marina de Estados Unidos, admitieron su responsabilidad en delitos asociados al esquema investigado. Las audiencias para dictar sus respectivas sentencias aún no se han programado.
Según la información del caso, Zumba habría manifestado su disposición a ofrecer sobornos tanto a la fuente confidencial como a su cónyuge, quien se desempeñaba en la Estación Aérea Naval de Jacksonville dentro de la oficina encargada de expedir tarjetas de identificación del Departamento de Guerra. De acuerdo con el reporte, Zumba indagó si el cónyuge estuviera dispuesto a emitir credenciales auténticas, aunque sin la debida autorización oficial, a cambio de un pago encubierto.
Zumba trasladó a los involucrados hasta la Estación Aérea Naval de Jacksonville, donde el cónyuge de la fuente les permitió ingresar a la oficina de personal fuera del horario habitual y comenzó los trámites para que Anny Chen y Cheok obtuvieran las tarjetas de identificación.
Al día siguiente, Zumba sostuvo un encuentro con la fuente, quien le entregó dos cartas a cambio de 3.500 dólares. Inmediatamente después de la transacción, fue detenido por las autoridades e incautaron los documentos.
Contexto migratorio y refuerzo de controles
El anuncio se produce en un momento de creciente vigilancia federal sobre esquemas organizados de fraude migratorio. ICE reiteró que este tipo de investigaciones buscan proteger la integridad del sistema migratorio estadounidense y evitar que se utilicen mecanismos legales —como el matrimonio— para eludir los requisitos establecidos por la ley.
Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta y no descartaron que puedan surgir nuevas acciones judiciales.
Qué sigue en el proceso
El caso avanzará en la corte federal correspondiente en Florida, donde se desarrollarán las audiencias preliminares y el proceso judicial. Será en esa instancia donde se determine la responsabilidad penal de los implicados, si corresponde.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner en debate la vulnerabilidad de ciertos procedimientos migratorios y los desafíos de seguridad que pueden surgir cuando se combinan fraude documental y acceso a instalaciones militares.
