Un legislador republicano de Florida envió una carta directa al presidente Donald Trump solicitándole la suspensión inmediata de todas las licencias y autorizaciones federales relacionadas con Cuba, hasta que se realicen auditorías exhaustivas que determinen su verdadero impacto político, económico y en la seguridad nacional de Estados Unidos.
La petición, firmada por el congresista Tom Fabricio, se suma a la creciente presión desde Florida para endurecer la política hacia La Habana y revisar cualquier mecanismo que, de forma directa o indirecta, pueda beneficiar al régimen cubano.
“Florida conoce de primera mano el costo del comunismo”
En la misiva, el legislador apela al peso histórico y humano que el comunismo ha tenido para el estado. “Florida conoce de primera mano el costo del comunismo”, afirma Fabricio, en una referencia directa a las oleadas migratorias provenientes de Cuba y al impacto que décadas de dictadura han tenido sobre millones de personas.
El congresista insiste en que la política exterior estadounidense debe alinearse con los valores democráticos y con la protección de los intereses nacionales. “Debemos asegurarnos de que la política estadounidense nunca respalde una dictadura brutal ni socave nuestra seguridad nacional”, subraya en el documento enviado a la Casa Blanca.
Licencias bajo la lupa: comercio, viajes y finanzas
Aunque la carta no detalla una por una las licencias en cuestión, el llamado apunta a autorizaciones federales relacionadas con comercio, viajes, servicios financieros y otras actividades reguladas por el Gobierno federal.
Desde la óptica de los legisladores de línea dura, muchas de estas licencias terminan alimentando las arcas del Estado cubano o de empresas controladas por el aparato militar, sin generar mejoras reales en las condiciones de vida de la población ni avances en materia de derechos humanos.
Florida como epicentro de la política hacia Cuba
La iniciativa refuerza el papel de Florida como uno de los principales epicentros de presión política contra el régimen cubano. La influencia del exilio cubano —junto a comunidades venezolanas y nicaragüenses— ha sido determinante para mantener una postura crítica frente a cualquier flexibilización sin condiciones.
Durante años, políticos floridanos han advertido que las aperturas económicas sin controles estrictos no conducen a reformas democráticas, sino que prolongan la permanencia del sistema represivo en la Isla.
Auditorías como condición previa
El punto central de la solicitud es la exigencia de auditorías completas antes de mantener o restablecer cualquier licencia. Fabricio plantea que estas revisiones deben esclarecer si las autorizaciones federales cumplen realmente con los objetivos de la política estadounidense o si, por el contrario, terminan beneficiando a un régimen señalado por violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Para el legislador, congelar las licencias hasta contar con esos informes sería una señal clara de que Washington no está dispuesto a hacer concesiones sin transparencia ni rendición de cuentas.
Reacción desde Miami-Dade: la comisionada exige acción federal
El pedido de Fabricio no es casual, días antes, la comisionada del condado Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, presentó una resolución en la que insta al presidente Trump a suspender todas las licencias relacionadas con Cuba hasta que órganos como el Office of Foreign Assets Control (OFAC) y el Bureau of Industry and Security completen auditorías detalladas sobre su uso y efectos.
Milian Orbis subrayó que su comunidad entiende “mejor que ninguna otra en el país” cómo ciertas autorizaciones pueden ser explotadas por operadores vinculados al régimen cubano, incluso para mover bienes de consumo bajo supuestas categorías humanitarias que, según ella, terminan beneficiando a la dictadura.
“La presencia de anuncios, comercios y redes que facilitan transacciones con Cuba demuestra que estos mecanismos necesitan una supervisión más estricta”, dijo la comisionada, quien además resaltó que el concejo de Miami-Dade aprobó por unanimidad la resolución y está listo para colaborar con la Casa Blanca en iniciativas que “limiten los recursos que sostienen a la dictadura y apoyen la libertad del pueblo cubano”.
La comisionada también vinculó la medida con esfuerzos estatales más amplios que buscan fortalecer la aplicación de sanciones y evitar que empresas locales o entidades vinculadas al régimen exploten lagunas en las políticas federales.
Un mensaje político con eco nacional
La carta se interpreta como parte de una estrategia más amplia de legisladores conservadores para reforzar una línea dura frente a La Habana en el actual contexto político. El mensaje a la Administración es directo: cualquier vínculo con Cuba debe se revisarse, auditarse y condicionarse a que no represente un respaldo implícito al régimen ni un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.
En un escenario de alta sensibilidad electoral y geopolítica, la postura de Florida vuelve a colocar el tema cubano en el centro del debate nacional.
