Un tribunal del sur de Florida emitió este miércoles su veredicto en el caso de una ciudadana cubana de 62 años que quedó arrestada durante un operativo policial en la ciudad de Sweetwater. El proceso judicial puso fin a semanas de atención mediática y debate público, luego de que circularan imágenes del momento en que la mujer fue reducida por un agente y colocada en el suelo.
La acusada, identificada como Vivian Hernández, enfrentaba cargos relacionados con un incidente ocurrido en diciembre de 2024 en el parque de casas móviles Li’l Abner, en medio de un amplio proceso de desalojos que afectó a numerosos residentes del lugar.
El fallo del jurado y los cargos imputados
Tras escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa, el jurado declaró culpable a Hernández de tres delitos menores: alteración del orden público, allanamiento tras advertencia y resistencia al arresto sin violencia. A pesar del veredicto, la jueza decidió no imponer una pena de cárcel, permitiendo que la mujer regresara a su vivienda tras la audiencia.
La decisión judicial evita una condena privativa de libertad, pero deja constancia de antecedentes penales, un elemento que puede tener implicaciones legales futuras para la acusada.
La versión de Vivian Hernández
Durante el juicio, Hernández aseguró que su comportamiento fue pacífico y que en ningún momento intentó resistirse de forma violenta. Según su testimonio, se encontraba en el lugar con la intención de pagar la renta para evitar la pérdida de su vivienda.
“En ningún momento yo formé disturbio público… de la mejor manera y la forma más decente expliqué por qué ellos no debían estar demoliendo la primera propiedad como lo estaban haciendo”, dijo en el juicio donde aclaró que el tono de voz que utilizó durante su arresto es común en los cubanos, lo que no significaba que estuviera alterando el orden público.
“Lo único que me molestó fue que basaran todo el proceso en un tecnicismo de que el policía vulgarmente y agresivamente me dijera: ‘fuera, fuera, fuera’. Y que yo tuviera que entenderlo”, declaró a los medios locales una vez que salió de la corte.
La acusada afirmó además que existieron malentendidos durante el intercambio con los agentes, influenciados por la barrera del idioma y la confusión generada por el proceso de desalojo. Desde su perspectiva, el veredicto se sustentó en aspectos técnicos más que en una conducta criminal intencional. “Fuera del lugar donde yo tenía que pagar la renta para no perder mi casa, y que yo tuviera que entenderlo… en eso basaron mi culpabilidad”, agregó molesta.
Un arresto que generó impacto público
El caso adquirió relevancia nacional después de que se difundiera un video del arresto, grabado durante el operativo policial. En las imágenes se observa cómo un agente somete físicamente a la mujer, lo que provocó reacciones encontradas en redes sociales y medios digitales.
Las autoridades sostuvieron que la actuación policial respondió a la negativa de la acusada a abandonar el lugar tras recibir varias advertencias. El arresto ocurrió el 4 de diciembre de 2024, cuando agentes acudieron al parque residencial en el contexto de un proceso de desalojo de más de 5 mil personas que generó fuertes tensiones entre residentes y funcionarios.
En ese contexto intervino el sargento Brian Arias, quien explicó ante el tribunal que los empleados del lugar lo convocaron al notar que la mujer presentaba un comportamiento visiblemente alterado. De acuerdo con el testimonio de Arias, este solicitó en varias ocasiones que Hernández abandonara el lugar, pero ella se negó a hacerlo. “Intenté acompañarla a la salida. Comenzó a forcejear, y fue entonces cuando tuve que inmovilizarla en el suelo”, testificó el oficial bajo juramento.
Un proceso paralelo en el ámbito civil
Más allá del juicio penal ya concluido, Hernández mantiene activa una demanda civil contra la ciudad de Sweetwater. En esa acción legal, la mujer alega uso excesivo de la fuerza por parte del oficial que ejecutó el arresto. Además, integra un colectivo de cerca de 200 residentes que presentaron denuncias contra los dueños del parque, a quienes acusan de prácticas de acoso y desalojos sin causa justificada.
Ese litigio se encuentra en una etapa independiente y no se abordó en el proceso penal, por lo que el fallo del jurado no cierra definitivamente el caso desde el punto de vista judicial.
El contexto de los desalojos en Li’l Abner
El arresto se produjo en un momento especialmente sensible para los residentes del parque de casas móviles Li’l Abner, donde cientos de familias enfrentaban la pérdida de sus viviendas. El proceso de desalojo provocó protestas, reclamos públicos y un clima de alta tensión en la comunidad.
En ese contexto, el caso de Hernández se convirtió en uno de los episodios más visibles del conflicto, al concentrar la atención en la actuación policial y en la situación de vulnerabilidad de los residentes afectados.
Un fallo que cierra una etapa, pero deja debate abierto
Con la lectura del veredicto, el proceso penal llega a su fin, pero el caso continúa generando discusión sobre los procedimientos policiales durante operativos de desalojo y las consecuencias legales que enfrentan personas en situaciones de precariedad habitacional.
El desenlace judicial marca un punto clave en una historia que trascendió el ámbito local y se convirtió en referencia dentro de un debate más amplio sobre autoridad, derechos civiles y conflictos sociales en el sur de Florida.
