El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, lanzó una advertencia pública sobre el presunto uso indebido de licencias comerciales federales por parte de empresas establecidas en el sur de Florida que realizan operaciones relacionadas con Cuba, una situación que —según afirmó— podría tener implicaciones legales y de seguridad nacional.
Fernández informó que su oficina recibió notificaciones formales de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en las que se confirma la revocación de licencias federales previamente otorgadas a determinadas compañías tras detectarse incumplimientos de las condiciones bajo las cuales fueron aprobadas.
Licencias humanitarias bajo escrutinio
De acuerdo con el recaudador, las licencias revocadas estaban amparadas en el marco de exportaciones con fines humanitarios, un régimen altamente regulado que permite ciertos envíos a Cuba bajo estrictas limitaciones. Estas autorizaciones, explicó, establecen con precisión qué tipo de bienes pueden exportarse, su uso final y los beneficiarios autorizados.
Las comunicaciones del Departamento de Comercio concluyeron que algunas empresas excedieron o violaron esas condiciones, lo que derivó en la cancelación inmediata de sus permisos federales. Fernández subrayó que una licencia revocada pierde toda validez legal, por lo que su uso posterior constituiría una infracción.
Empresas señaladas en la investigación
Entre las compañías mencionadas figura Katapulk Marketplace LLC, cuya licencia para la exportación de vehículos hacia Cuba fue anulada tras determinarse que no cumplía con los criterios humanitarios exigidos por las autoridades federales.
También fue citada Maravana Cargo Inc., dedicada al envío de mercancías y automóviles, a la que se le revocó la autorización por superar los límites permitidos en el marco de la licencia otorgada.
Fernández evitó emitir juicios sobre responsabilidades penales, pero insistió en que su deber institucional es alertar y actuar cuando se detectan irregularidades documentadas por agencias federales.
Notificación a la Casa Blanca y al Departamento de Estado
El recaudador anunció que trasladará la información directamente al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, con el objetivo de que el Gobierno federal esté plenamente informado sobre los hallazgos y evalúe posibles acciones adicionales.
Según Fernández, el uso indebido de licencias federales vinculadas a países sancionados no es solo un asunto administrativo, sino un tema que puede afectar la política exterior, el cumplimiento del régimen de sanciones y la seguridad nacional.
Natalie Milian Orbis también envió carta al presidente Trump
La comisionada del condado de Miami-Dade Natalie Milian Orbis esta semana también informó que envió una carta formal al presidente Donald Trump para alertar sobre lo que considera fallas y abusos en el uso de licencias federales vinculadas a operaciones comerciales con Cuba, especialmente aquellas amparadas bajo supuestos fines humanitarios.
En la misiva, Milian Orbis expresó su preocupación por lo que describió como lagunas en la aplicación y supervisión de las licencias generales, las cuales —según advirtió—podrían utilizarse por determinadas empresas para realizar actividades comerciales que terminan beneficiando al régimen cubano, en contravención del espíritu de las sanciones estadounidenses.
La comisionada subrayó que Miami-Dade, por su composición demográfica y su historia, está en una posición única para detectar irregularidades relacionadas con Cuba, y pidió al Gobierno federal una revisión más estricta y exhaustiva de los permisos actualmente vigentes. En ese sentido, solicitó que se evalúe la suspensión o restricción temporal de determinadas licencias, mientras se realizan auditorías federales para verificar su cumplimiento.
Milian Orbis también destacó en su comunicación que el condado no debe convertirse en una plataforma para operaciones que, bajo el argumento humanitario, eludan el régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos, e insistió en que cualquier flexibilización sin controles efectivos socava los objetivos de la política exterior estadounidense.
En una decisión adoptada previamente, los comisionados de la Ciudad de Miami avalaron de forma unánime la puesta en marcha de una fuerza especial destinada a examinar y fiscalizar los permisos comerciales de negocios que podrían estar relacionados, directa o indirectamente, con estructuras económicas o operativas vinculadas al régimen cubano.
Rol del recaudador y alcance de sus funciones
Aunque la oficina del recaudador de impuestos se asocia tradicionalmente con la recaudación fiscal, Fernández recordó que su cargo también implica la emisión, supervisión y revocación de licencias comerciales locales, especialmente cuando existen alertas provenientes de autoridades federales.
En ese sentido, explicó que Miami-Dade no puede permitir que empresas operen con licencias locales si sus permisos federales se anulen o estén bajo investigación, ya que ello expondría al condado a riesgos legales y reputacionales.
Revisión sistemática de negocios con vínculos a Cuba
Desde que asumió el cargo, Fernández ha impulsado una revisión integral de las licencias comerciales otorgadas a empresas con vínculos operativos con Cuba, en coordinación con agencias federales. Este proceso busca identificar patrones de incumplimiento, prevenir el uso irregular de permisos y garantizar que todas las operaciones se ajusten estrictamente a la ley.
El recaudador señaló que esta revisión no está dirigida contra un sector específico, sino que responde a la necesidad de hacer cumplir la normativa vigente, especialmente cuando se trata de transacciones con países sujetos a restricciones comerciales.
Contexto político y administrativo en Miami-Dade
La advertencia se produce en un momento de mayor vigilancia local sobre las actividades económicas relacionadas con Cuba. Autoridades del condado han reforzado en los últimos meses los mecanismos de supervisión administrativa para evitar que negocios establecidos en Miami-Dade operen al margen de las sanciones federales.
Fernández reiteró que su oficina continuará colaborando con el Gobierno federal y con otras dependencias del condado para garantizar transparencia, cumplimiento legal y protección del interés público.
