El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente que su administración impulsará la revocación de la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan sido condenados por delitos de fraude, una medida que marca un nuevo endurecimiento de su política migratoria y que ya genera amplio debate político, legal y social.
El planteamiento se presenta como parte de una ofensiva contra lo que la Casa Blanca describe como abusos al sistema migratorio y estafas que afectan a ciudadanos estadounidenses. Según Trump, quienes obtuvieron la ciudadanía y posteriormente cometieron este tipo de delitos “no merecen conservarla”, al tratarse —en sus palabras— de un privilegio que puede perderse cuando se violan las leyes del país.
“También vamos a revocar la ciudadanía de cualquier inmigrante naturalizado de Somalia, o de cualquier otro lugar, que sea condenado por defraudar a nuestros ciudadanos. Vamos a sacarlos de aquí primero, y si vienes a Estados Unidos para robar a los estadounidenses, te metemos en la cárcel y te enviamos de vuelta al lugar de donde viniste”, dijo el republicano en un discurso este miércoles desde el Club Económico de Detroit.
¿En qué consiste la medida anunciada?
De acuerdo con lo expresado por el mandatario, la iniciativa se enfocaría en ciudadanos naturalizados —personas que no nacieron en Estados Unidos, pero adquirieron la ciudadanía tras cumplir los requisitos legales— que hayan sido condenados formalmente por fraude u otros delitos similares.
Trump subrayó que la política no estaría limitada a una nacionalidad específica, al señalar que podría aplicarse a inmigrantes “de Somalia o de cualquier otro lugar”, reforzando la idea de que se trata de una directriz de alcance general. Sin embargo, no se ofrecieron detalles concretos sobre cuántos casos podrían verse afectados ni sobre los plazos para su implementación.
El trasfondo legal: ¿se puede quitar la ciudadanía?
Especialistas en derecho migratorio recuerdan que revocar la ciudadanía estadounidense es un proceso excepcional y complejo, que solo puede realizarse mediante procedimientos judiciales. Generalmente, estos casos se basan en pruebas de que la ciudadanía fue obtenida de forma fraudulenta o en la ocultación de delitos graves durante el proceso de naturalización.
En ese contexto, abogados advierten que la propuesta de Trump, de materializarse, podría traducirse en un aumento de procesos de “desnaturalización” en tribunales federales, algo que históricamente ha sido poco común, pero que ya ha ocurrido en casos específicos relacionados con fraude migratorio.
El rol de USCIS y el mayor escrutinio migratorio
El anuncio se produce en medio de un clima de mayor vigilancia por parte de las agencias federales, entre ellas el USCIS, encargada de gestionar la naturalización y otros beneficios migratorios.
En los últimos meses por orden de Trump, USCIS ha intensificado la revisión de expedientes y antecedentes, lo que ha generado preocupación entre comunidades inmigrantes, especialmente entre personas originarias de países como Cuba, Venezuela, Haití o Somalia, que temen que revisiones retroactivas puedan afectar a quienes ya completaron su proceso legal hace años.
Reacciones y temores entre inmigrantes naturalizados
Organizaciones defensoras de derechos civiles han reaccionado con cautela ante el anuncio. Aunque reconocen la facultad del Estado para perseguir delitos, alertan que mensajes políticos de este tipo pueden generar miedo e incertidumbre entre millones de ciudadanos naturalizados que cumplen la ley y participan activamente en la vida económica y social del país.
También advierten que existe el riesgo de que la medida sea percibida como selectiva o discriminatoria, especialmente si se concentra en comunidades específicas o se utiliza como herramienta política en un contexto electoral.
Un debate que vuelve al centro de la agenda nacional
La propuesta de Trump reabre un debate sensible en Estados Unidos: hasta qué punto la ciudadanía puede considerarse irrevocable y cuáles son los límites del poder del Estado para retirarla una vez concedida.
Mientras la administración insiste en que el objetivo es proteger a los ciudadanos y preservar la integridad del sistema migratorio, críticos sostienen que el enfoque podría debilitar la sensación de seguridad jurídica de millones de estadounidenses naturalizados, reforzando divisiones sociales y políticas.
En los próximos meses, la atención estará puesta en si este anuncio se traduce en acciones concretas, cambios normativos o litigios judiciales que definan el verdadero alcance de una medida que promete seguir generando reacciones tanto dentro como fuera del ámbito migratorio.
