La reciente pausa migratoria ordenada por la administración Trump ha reactivado el debate sobre la política migratoria estadounidense y, al mismo tiempo, ha puesto bajo la lupa el manejo del tema durante la administración Biden.
Los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, dos de las voces más influyentes del sur de Florida, respaldaron públicamente el enfoque del segundo mandato de Trump y subrayaron que el país necesita un sistema migratorio “riguroso, rápido y justo”, muy distinto al que —según ellos— dejó el gobierno anterior.
Ambos legisladores señalaron que buena parte de la crisis actual es consecuencia directa de las políticas migratorias de Joe Biden, las cuales calificaron como débiles, inconsistentes y generadoras de un aumento sin precedentes en la llegada de migrantes. Para Díaz-Balart y Giménez, las medidas recientemente implementadas por Trump representan un esfuerzo necesario para restablecer el orden que, aseguran, se erosionó en los últimos años.
El contraste entre dos administraciones
Durante la administración Biden, la frontera sur experimentó cifras récord de cruces irregulares, así como una saturación histórica en los sistemas de asilo y procesamiento de casos. Según los congresistas, estas condiciones reflejan un enfoque permisivo que incentivó la migración irregular y debilitó los mecanismos de control.
En el texto, Díaz-Balart y Giménez insistieron en que no se trataba de una preocupación reciente. Según explicaron, pasaron cuatro años haciendo sonar la alarma sobre lo que consideraban los riesgos inevitables de mantener “fronteras abiertas” y de carecer de un sistema sólido de verificación. Pero, pese a sus repetidos avisos, aseguran que nadie escuchó. Para ambos congresistas, esa desatención allanó el camino hacia el desorden que hoy se vive en la frontera sur y dejó grietas que actores hostiles no tardaron en aprovechar.
Los legisladores subrayan varios episodios que, a su juicio, ilustran con crudeza las fallas del actual sistema migratorio. Entre ellos mencionan el ingreso al territorio estadounidense de más de 300 personas clasificadas como posibles terroristas, así como una serie de crímenes que —según afirman— podrían haberse prevenido.
Para sustentar sus críticas, evocan casos que conmocionaron al país: el asesinato de la joven Laken Riley en Georgia y el de Jocelyn Nungaray en Texas, ambos atribuidos a inmigrantes que no deberían haber permanecido en circulación.
También recuerdan el complot frustrado para atentar durante el Día de las Elecciones de 2024, presuntamente planificado por el afgano Nasir Ahmad Tawhedi. A esto suman el homicidio de un integrante de la Guardia Nacional en Washington D.C., hecho en el que se señala como sospechoso a Rahmanullah Lakanwal.
El comunicado también trae a colación el caso del piloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, a quien acusan de haber “manipulado y aprovechado de forma fraudulenta el sistema migratorio de Estados Unidos”.
En contraste, el gobierno de Trump ha apostado por un rediseño estructural de la política migratoria, con énfasis en la revisión de procesos, la detección de fraudes, la seguridad fronteriza y la agilización de solicitudes legítimas. Para Díaz-Balart y Giménez, este enfoque no solo es adecuado, sino imprescindible para restaurar la credibilidad del sistema.
A juicio de los legisladores, el énfasis de Trump en orden, seguridad y eficiencia ofrece una respuesta más sólida frente a un escenario migratorio que —aseguran— se desbordó bajo la administración Biden.
Florida como ejemplo del impacto de las decisiones federales
La crisis migratoria que se intensificó en los años previos dejó un impacto profundo en Florida, especialmente en condados como Miami-Dade, donde la llegada de inmigrantes creció de forma sostenida mientras los procesos federales se volvían más lentos y menos claros. Las demoras acumuladas, las entrevistas pospuestas y la falta de definiciones se convirtieron en parte del día a día de miles de familias.
Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, ambos congresistas consideran que vuelve a imponerse un modelo más firme y mejor preparado para enfrentar los desafíos actuales, aun con medidas como la pausa migratoria, que —según ellos— busca precisamente reevaluar, corregir y agilizar los procedimientos.
Una revisión necesaria para recuperar la confianza pública
La pausa migratoria anunciada por Trump ha sido criticada por algunos sectores, pero para Díaz-Balart y Giménez constituye un paso estratégico para restablecer la eficiencia institucional. Los congresistas sostienen que revisar los procesos, detectar irregularidades y redefinir prioridades es crucial para evitar que las fallas heredadas del gobierno anterior sigan afectando a solicitantes legítimos.
Ambos insisten en que la justicia migratoria exige decisiones claras y rápidas, y que eso solo es posible cuando el sistema funciona sin saturación ni presiones excesivas. En este sentido, ven el enfoque de Trump como un intento por corregir la trayectoria y ofrecer un marco más predecible y ordenado.
El mensaje político: Estados Unidos debe retomar el control
Díaz-Balart y Giménez remarcaron que la seguridad nacional y la protección de la frontera no pueden ser opcionales ni pueden sacrificarse por consideraciones políticas. Sostienen que durante la administración Biden, el país perdió control de su sistema migratorio, y que ahora corresponde reconstruirlo bajo estándares más estrictos y modernos.
Ambos celebraron que Trump esté priorizando medidas orientadas al orden y a la revisión profunda del sistema, y recalcaron que la nación tiene la obligación de ser firme, clara y justa en materia migratoria. El llamado de los congresistas coloca al segundo mandato de Trump como un punto de inflexión para restaurar la estabilidad.
La reacción de los legisladores estalló luego de que saliera a la luz un memorando interno de USCIS y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el que se ordenaba detener de inmediato el avance de solicitudes de residencia permanente, reposiciones de tarjetas, procesos de naturalización, permisos de viaje y prácticamente cualquier trámite migratorio aún sin resolver.
Según explicó el propio Gobierno de Estados Unidos, esta pausa obedece a una intensificación de los mecanismos de vigilancia y verificación aplicados a naciones consideradas políticamente inestables o con historiales asociados al terrorismo.
Los 19 países alcanzados por la nueva medida —que ya enfrentaban limitaciones desde la Proclamación 10949, emitida en junio de 2025— son Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. En el caso particular de Cuba, su inclusión se sostiene en la designación de la isla como “Estado patrocinador del terrorismo” y en la reiterada falta de cooperación con las autoridades estadounidenses en asuntos de seguridad.
Una comunidad expectante
En Florida, donde millones de residentes dependen directa o indirectamente de decisiones federales en materia migratoria, las expectativas ante este giro político son altas. Díaz-Balart y Giménez aseguran que una política migratoria fuerte no solo protege la frontera, sino que también garantiza que quienes cumplen con la ley reciban respuestas rápidas y justas.
Su mensaje es claro: después de lo que consideran una etapa de desorden y falta de control bajo Biden, la administración Trump busca reencauzar la política migratoria hacia un modelo más eficiente y seguro.
