Un fallo federal emitido en Carolina del Sur desestimó las acusaciones penales presentadas contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al determinar que la funcionaria que impulsó los cargos carecía de autoridad legal para hacerlo.
La decisión del juez Cameron Currie introduce un giro inesperado en un proceso de alto perfil político y expone la fragilidad de ciertos nombramientos dentro del Departamento de Justicia en medio de tensiones institucionales y presiones desde la Casa Blanca.
«Concluyo que el intento del Fiscal General de nombrar a la Sra. Halligan como Fiscal Interina de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia fue inválido y que la Sra. Halligan ha estado desempeñando ilegalmente ese cargo desde el 22 de septiembre de 2025», dijo el magistrado.
El caso: acusaciones de declaraciones falsas y fraude bancario
James Comey enfrentaba cargos relacionados con supuestas declaraciones falsas, mientras que Letitia James había sido imputada por un presunto caso de fraude bancario. Las acusaciones surgieron en septiembre y octubre de 2025 y fueron impulsadas por Lindsey Halligan, designada como fiscal interina del Distrito Este de Virginia. Halligan, según documentos judiciales, actuó sin la colaboración de otros fiscales del distrito y sin contar con experiencia previa en procesos federales de gran envergadura.
El exdirector del FBI y la fiscal general de Nueva York rechazaron desde el inicio la validez de los cargos, asegurando que se trataba de un uso impropio del sistema judicial federal motivado por factores políticos.
Una designación irregular en el centro del escándalo
El juez Cameron Currie concluyó que el nombramiento de Halligan como Interim U.S. Attorney fue “inválido” y que, por tanto, todas las acciones realizadas bajo ese título carecían de sustento legal. Según la resolución, Halligan ejerció sin autoridad desde el 22 de septiembre de 2025, fecha en que comenzó a presentar mociones y a comparecer ante el gran jurado para formular las acusaciones.
Currie subrayó que permitir la ratificación retroactiva de esas actuaciones sería “inaudito”, pues sentaría un precedente peligroso en el que cualquier persona —con o sin formación jurídica— podría presentar acusaciones si luego el Fiscal General decidiera respaldarlas. Esta advertencia refuerza la importancia de mantener procesos rigurosos en materia de nombramientos y actuaciones fiscales.
Desestimación sin perjuicio: el DOJ conserva espacio para maniobrar
Aunque el fallo desestima todas las acusaciones, lo hace “sin perjuicio”, lo que significa que el Departamento de Justicia (DOJ) puede reiniciar el caso desde cero si designa a un fiscal con autoridad legal válida. También podría optar por apelar la decisión ante tribunales superiores.
Esta puerta abierta no garantiza que el proceso resurja, pero deja claro que la decisión del juez se basa en el procedimiento y no en la inocencia o culpabilidad de los acusados. Los abogados de Comey y Letitia James celebraron el fallo, mientras que voceros federales guardaron silencio sobre los próximos pasos.
Contexto político: presiones desde Washington y un clima judicial polarizado
La controversia se agrava por el entorno político en el que surgieron las acusaciones. La designación de Lindsey Halligan ocurrió después de que el presidente Donald Trump destituyera al fiscal interino anterior, Erik Siebert. Ese movimiento generó señales de alarma entre analistas legales, quienes señalaron que el cambio abrupto en un distrito tan sensible podría obedecer a presiones políticas.
Trump había instado públicamente al Fiscal General Pam Bondi a “tomar acción” contra James Comey cuando el estatuto de limitaciones estaba próximo a vencer, aumentando la percepción de que el proceso se estaba acelerando por motivos no estrictamente técnicos. Para algunos observadores, el intento fallido de imputar a Comey y a Letitia James refleja la creciente tensión entre la independencia del sistema de justicia y la influencia del poder ejecutivo.
Implicaciones institucionales: un llamado de atención sobre la integridad procesal
El fallo de la corte también plantea interrogantes sobre la calidad y el rigor de los procedimientos internos dentro del Departamento de Justicia. Que una fiscal sin autoridad válida haya encabezado un caso de tal magnitud pone en tela de juicio los mecanismos de supervisión y control que deberían impedir que situaciones así ocurran.
Expertos consultados por medios nacionales señalan que esta decisión podría motivar revisiones internas, nuevas reglas sobre designaciones interinas y un mayor escrutinio político sobre las decisiones del DOJ, especialmente en un clima nacional marcado por desconfianza hacia las instituciones.
Lo que viene: escenarios abiertos y un proceso aún incierto
Si el DOJ decide continuar, deberá designar a un fiscal plenamente autorizado, reiniciar la fase de investigación y volver a presentar los cargos ante un gran jurado. Ese proceso, que ya había generado controversia pública, requerirá un nivel más alto de transparencia y rigor para evitar nuevas impugnaciones.
Por otra parte, si opta por no avanzar, el fallo acentuaría la percepción de que las acusaciones fueron apresuradas y motivadas por intereses políticos, lo que podría tener repercusiones en la imagen pública del Departamento de Justicia y en el discurso político nacional.
La desestimación de los cargos contra Comey y Letitia James marca un episodio significativo en la relación entre el poder judicial, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Aunque la decisión no excluye la posibilidad de nuevas imputaciones, sí expone fallas estructurales y tensiones políticas que podrían tener efectos duraderos en la percepción del sistema judicial federal.
El caso, lejos de cerrarse, abre la puerta a un debate más amplio sobre la integridad institucional y los límites de la intervención política en procesos legales de alto perfil.
