Florida enfrenta uno de los ajustes tarifarios más grandes de su historia reciente luego de que la Comisión de Servicios Públicos del estado (PSC) aprobara un acuerdo que permitirá a Florida Power & Light (FPL) cobrar miles de millones de dólares adicionales entre 2026 y 2029. La decisión afecta a más de 12 millones de clientes residenciales y comerciales, marcando un precedente en el sector energético del estado y despertando una ola de reacciones entre consumidores, activistas y expertos en regulación pública.
El aumento, descrito por organizaciones defensoras del consumidor como “el más amplio y oneroso jamás aprobado en Florida”, llega en un momento en que el costo de vida continúa en ascenso y miles de familias luchan por mantenerse al día con sus facturas básicas.
Un aumento tarifario escalonado que superará los $6.900 millones
El acuerdo establece un incremento inicial de $945 millones para 2026, seguido de $705 millones en 2027. A estas cifras se sumarán ajustes adicionales en 2028 y 2029 relacionados con la expansión de proyectos solares, parques de baterías y otras inversiones de infraestructura consideradas prioritarias por la compañía.
Aunque la PSC no publicó una cifra consolidada del impacto total, estimaciones independientes señalan que el costo acumulado para los consumidores podría superar los $6.9 mil millones durante el periodo de vigencia del acuerdo. Para los clientes residenciales, el alza promedio se traduciría en alrededor de $8 adicionales al mes hacia 2029, aunque la cifra exacta variará según el consumo y la ubicación del usuario.
El argumento de FPL: modernizar la red y responder al crecimiento del estado
FPL justificó la solicitud alegando la necesidad de reforzar la red eléctrica ante el rápido crecimiento demográfico de Florida, la mayor frecuencia de huracanes intensos, la transición hacia energías renovables y la implementación de tecnologías de redes inteligentes.
El comisionado Gary Clark salió en defensa de la decisión, insistiendo en que el ajuste de tarifas responde a criterios “justos y razonables”. Al mismo tiempo, Armando Pimentel, presidente y director ejecutivo de FPL, no ocultó su satisfacción y describió la aprobación como “un logro significativo para nuestros usuarios y para todo el estado de Florida”.
Según la compañía, las inversiones proyectadas permitirán aumentar la seguridad del servicio, reducir apagones durante tormentas fuertes y ampliar la producción de energía solar. Aseguró también que, incluso con los aumentos aprobados, las tarifas seguirían “por debajo del promedio nacional”, una afirmación que ha sido cuestionada por grupos defensores del consumidor.
Camino a los tribunales: organizaciones preparan demandas
Activistas de Florida Rising y otros grupos ya adelantaron que estudian acciones legales para frenar o modificar el aumento. De avanzar, el proceso podría derivar en una disputa judicial prolongada que involucre a la PSC, a FPL y a organizaciones de consumidores.
Los abogados Bradley Marshall y Robert Scheffel Wright de la Oficina de Asesoría pública sostuvieron que el procedimiento no ha protegido de forma adecuada a los consumidores y adelantaron que podría haber medidas legales. «Creo que este caso terminará en el Tribunal Supremo de Florida», manifestó Marshall.
Las demandas podrían enfocarse en la falta de representación adecuada de los intereses de los usuarios, en la estructura del acuerdo o en la posible violación de principios de regulación justa.
Críticas: desigualdad, falta de transparencia y peso excesivo sobre los hogares vulnerables
La medida encontró una fuerte oposición de organizaciones comunitarias y ambientales como Florida Rising, LULAC Florida y la Environmental Confederation of Southwest Florida. Los grupos aseguran que la aprobación del acuerdo se produjo en un proceso donde “la voz del consumidor quedó relegada”, y advierten que el peso del ajuste recaerá desproporcionadamente en familias vulnerables.
Asimismo, criticaron que grandes corporaciones energointensivas podrían recibir tarifas más favorables mientras que los hogares enfrentarán un aumento constante durante cuatro años. Señalan además que la PSC está compuesta por comisionados nombrados políticamente, lo que, según ellos, genera dudas sobre la independencia y transparencia del proceso regulatorio.
Un problema acumulado: el recargo de huracanes y la presión sobre el bolsillo
El aumento aprobado ahora se suma a un recargo cercano a $12 mensuales que los consumidores ya pagan desde 2024 para cubrir los costos derivados de huracanes anteriores. Este cargo, autorizado en medio de debates sobre la capacidad del estado para enfrentar desastres naturales cada vez más severos, ha sido una carga adicional para miles de familias.
Con el nuevo ajuste tarifario, los usuarios enfrentarán un incremento acumulativo que podría elevar significativamente el costo mensual del servicio eléctrico, especialmente para los hogares de menores ingresos y para los adultos mayores con ingresos fijos.
En marzo de este año, FPL ingresó su primera petición para elevar las tarifas, con la meta de obtener hasta 9,000 millones de dólares. La empresa argumentó que el incremento era necesario para responder al crecimiento de la población, ampliar la infraestructura y fortalecer las inversiones en energía solar y en tecnologías de redes inteligentes.
La otra cara de la discusión: ¿inversiones necesarias o costos inflados?
Expertos en política energética señalan que, aunque las inversiones en infraestructura y resiliencia climática son esenciales, la magnitud del aumento y la estructura del acuerdo plantean preguntas sobre los costos reales, la eficiencia de las inversiones y los incentivos regulatorios existentes.
Algunos economistas del sector sostienen que FPL —al ser una empresa con un dominio significativo en el mercado energético del estado— enfrenta menos presión competitiva para mantener bajos sus costos operativos, lo que facilita la aprobación de incrementos tarifarios amplios.
Un debate que seguirá abierto
La decisión de la PSC marca el inicio de una etapa de mayor escrutinio público sobre el costo de la energía en Florida. Con una población en crecimiento, una infraestructura eléctrica presionada por huracanes intensos y una transición energética en marcha, el debate sobre quién debe pagar las inversiones —y cuánto— promete seguir generando tensiones entre reguladores, empresas y ciudadanos.
