En una decisión que ha encendido las alarmas en la comunidad inmigrante y entre organizaciones de derechos humanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha una nueva campaña nacional para arrestar a inmigrantes indocumentados en pleno proceso judicial, incluso mientras se presentan voluntariamente ante tribunales de inmigración.
La iniciativa, que según fuentes oficiales cuenta con respaldo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca identificar y detener a personas que arribaron al país en los últimos dos años, y cuyo estatus migratorio aún no está resuelto. La medida marca un giro estratégico en la política de deportaciones de Estados Unidos y se califica por expertos como una forma de agilizar expulsiones masivas evitando largas batallas judiciales.
Arrestos dentro de las cortes: el nuevo enfoque de ICE
A diferencia de operativos anteriores —centrados en redadas en domicilios, centros de trabajo o espacios públicos— esta campaña apunta directamente a las cortes de inmigración. ICE planea ejecutar arrestos durante las propias audiencias migratorias, lo que, según denuncian abogados y activistas, representa una forma de traicionar la confianza del sistema judicial.
“Estamos viendo cómo el gobierno desestima procesos en curso para luego detener a la persona en la puerta del tribunal”, advirtió un abogado que representa a varios solicitantes de asilo. “Es una táctica legalmente posible, pero moralmente cuestionable.”
Deportaciones rápidas: desestimar casos como estrategia
Una de las claves del nuevo plan consiste en cerrar anticipadamente los casos migratorios que aún están en proceso de audiencia, para luego canalizar a los migrantes hacia procedimientos de “remoción expedita”. Esta figura legal permite a ICE deportar a personas sin necesidad de que un juez emita una orden formal, siempre que no hayan residido más de dos años en el país y no tengan antecedentes de solicitudes de asilo ya aprobadas.
El DHS considera esta política como una forma de descongestionar los tribunales de inmigración, cuya carga de trabajo se ha disparado con más de 2.7 millones de casos pendientes, según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
No es necesario tener delitos: basta con haber cruzado la frontera
Lo más polémico del anuncio es que los migrantes no necesitan haber cometido ningún delito para ser blanco de estas detenciones. Basta con que hayan entrado de forma irregular al país —una violación administrativa, no penal— para considerarse candidatos a la deportación acelerada.
Esto afecta especialmente a personas que entraron por la frontera sur entre 2022 y 2024, muchas de las cuales han cumplido con sus citas ante ICE, se han presentado en corte, y no tienen historial criminal. “Es un castigo a quienes están haciendo todo legalmente”, criticó un defensor público de inmigración en Florida.
Riesgo añadido por el cierre parcial del gobierno
El nuevo plan se implementa en un momento delicado: el reciente cierre parcial del gobierno federal, provocado por la falta de aprobación del presupuesto en el Congreso. Aunque ICE continúa operativo, muchos tribunales de inmigración han suspendido audiencias para personas no detenidas, lo que podría causar que migrantes pierdan sus citas por causas ajenas a su voluntad.
La consecuencia: órdenes de deportación en ausencia, que pueden emitirse automáticamente si la persona no se presenta en su audiencia programada, incluso si esta fue reprogramada sin aviso adecuado.
Críticas legales y presión política
Diversos grupos de derechos civiles y expertos legales han cuestionado la constitucionalidad de estas prácticas. Argumentan que podrían violar el debido proceso, ya que arrestar a una persona cuando acude a ejercer su derecho de defensa judicial puede constituir una forma de intimidación o coerción.
El magistrado Brian Murphy evalúa ahora si los migrantes deportados se entrevistarán en Sudán del Sur o si es necesario su retorno a Estados Unidos para garantizar que se respeten plenamente sus derechos. Su decisión podría sentar un precedente, ya que se enmarca en una serie de litigios recientes que cuestionan las deportaciones a países como Libia, donde diversos organismos han denunciado la ausencia de garantías legales y el incumplimiento del debido proceso.
Además, la ofensiva ocurre en un contexto político tenso, donde el tema migratorio se utiliza por diversos sectores como eje electoral, y donde el gobierno de Biden busca mostrar una postura más firme frente al aumento de cruces fronterizos irregulares.
¿A quién afecta esta política?
La estrategia impacta principalmente a:
- Solicitantes de asilo con menos de dos años en EE.UU.
- Migrantes bajo el programa de libertad condicional (parole) o I-220A.
- Personas en proceso judicial que aún no tienen decisión final.
- Inmigrantes que no han cometido delitos, pero que entraron sin autorización.
Abogados recomiendan que toda persona con una audiencia programada consulte con su representante legal antes de acudir, y que se informen sobre sus derechos ante una posible detención.
