Díaz-Canel amenaza a emprendedores en medio de la crisis económica: “No se puede permitir el derroche, aunque puedan pagar la electricidad”

En medio de una crisis energética que se agrava con apagones diarios y escasez de combustible, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ordenó reforzar las inspecciones al sector privado para limitar el consumo eléctrico.

En su mensaje publicado en su cuenta oficial de X, insistió en que el “derroche” no será tolerado “aunque los emprendedores puedan pagar la electricidad”, una frase que refleja la tensión creciente entre el Estado y las mipymes, que se han convertido en pilares de la economía nacional ante el colapso del sistema estatal.


El trasfondo: crisis eléctrica y medidas restrictivas

Cuba atraviesa uno de los periodos más críticos de su sistema energético en los últimos años. Las fallas recurrentes en las termoeléctricas, la reducción del suministro de petróleo venezolano y la falta de divisas para comprar combustible han provocado un escenario de racionamiento severo.

En este contexto, Díaz-Canel participó en un recorrido por La Habana —como parte de lo que el gobierno denomina “operativo de apoyo”— que abarca el control del consumo eléctrico, la recolección de basura y la distribución de agua. Durante la visita, el mandatario ordenó que se revisen todos los centros del sector no estatal para verificar el cumplimiento de los “planes de consumo”. Si se detectan excesos, instruyó aplicar cierres inmediatos, sin importar la capacidad de pago de los dueños.

“El derroche no se puede permitir, aunque se pueda pagar la electricidad”, subrayó Díaz-Canel ante funcionarios locales, al justificar los cortes y medidas disciplinarias que afectan tanto a negocios privados como estatales.

Las declaraciones del mandatario se enmarcan en la implementación del Decreto 110/2024, aprobado por el Consejo de Ministros, que impone nuevas exigencias al sector privado. Según la norma, las mipymes deben producir, por medios propios, al menos el 50 % de la electricidad que consuman para el año 2028.


El decreto también establece regulaciones adicionales, como mantener los equipos de climatización en temperaturas iguales o superiores a 24 °C, aplicar planes de ahorro y reportar mensualmente los niveles de consumo. Las violaciones pueden ser castigadas con multas de hasta 20.000 pesos y la suspensión del servicio eléctrico por 72 horas, además de inspecciones extraordinarias por parte del Ministerio de Energía y Minas.

Aunque el gobierno prorrogó hasta 2026 la exención arancelaria para la importación de paneles solares y plantas eléctricas, los emprendedores enfrentan obstáculos logísticos y financieros: el combustible para operar estos equipos se vende únicamente en divisas y bajo cupos limitados. En algunos municipios, incluso, los generadores deben ser trasladados físicamente hasta las gasolineras para poder ser abastecidos, un requisito que empresarios califican de “absurdo y contraproducente”.

Impacto en las mipymes y el clima económico

El endurecimiento de las medidas llega en un momento en que las mipymes privadas —más de 10.000 registradas desde 2021— se han convertido en uno de los pocos sectores capaces de generar empleo y mantener el flujo de bienes básicos en medio de la crisis económica. Sin embargo, su desarrollo sigue limitado por controles estatales, trabas burocráticas y un entorno de incertidumbre jurídica.

Empresarios consultados por medios independientes han denunciado que las inspecciones energéticas se utilizan también como mecanismo de vigilancia política y económica. Algunos aseguran que han recibido advertencias o cierres temporales, a pesar de pagar puntualmente sus facturas eléctricas, simplemente por no ajustarse al “plan de consumo” que el Estado impone sin criterios técnicos claros.

“Nos obligan a reducir producción o cerrar en horarios donde hay demanda, solo porque el plan no se puede sobrepasar. Es absurdo. Si pagamos por el servicio, ¿por qué el Estado decide cuánta electricidad podemos usar?”, comentó un dueño de cafetería en La Habana, bajo condición de anonimato.

El discurso del ahorro como herramienta de control

El mensaje de Díaz-Canel se enmarca en una narrativa repetida por las autoridades cubanas, que responsabilizan al “consumo excesivo” del sector privado por el deterioro del sistema eléctrico, aunque la mayoría de las interrupciones se debe al mal estado de las plantas termoeléctricas y a la falta de combustible.

El gobierno insiste en promover la “conciencia energética” como parte de lo que denomina “soberanía nacional”, pero al mismo tiempo aplica políticas que penalizan la autonomía económica. Analistas señalan que esta dualidad —necesidad de la actividad privada para sostener la economía, frente al temor a su independencia— es uno de los dilemas centrales del modelo cubano actual.

Una contradicción que persiste

A pesar de reconocer oficialmente a las mipymes como parte del “ordenamiento económico”, el régimen mantiene sobre ellas un sistema de vigilancia constante. Las auditorías, decomisos, multas y cambios regulatorios súbitos han creado un entorno de alta volatilidad que frena la inversión y desalienta la formalización de nuevos proyectos.

La advertencia de Díaz-Canel no solo reafirma el control del Estado sobre la energía, sino también su poder para condicionar la actividad privada en general. En una economía cada vez más dependiente del sector no estatal para sobrevivir, las medidas restrictivas podrían terminar agravando el propio déficit productivo que el gobierno dice querer resolver.

Un futuro incierto para la iniciativa privada

Mientras tanto, los apagones continúan afectando tanto a hogares como a negocios, y las alternativas energéticas —como los paneles solares o generadores— siguen fuera del alcance de la mayoría de los emprendedores. En las redes sociales, muchos cubanos interpretaron las declaraciones de Díaz-Canel como un nuevo golpe a la ya frágil economía privada.

“Ni pagar te salva”, escribió un usuario en X (antes Twitter), reflejando el sentimiento generalizado de frustración ante un sistema que impone límites incluso a quienes intentan prosperar dentro de la legalidad.

En el actual contexto de crisis y control, la frase del mandatario resume una política que sigue privilegiando el mando centralizado sobre la eficiencia: en Cuba, ni el esfuerzo ni el pago garantizan el derecho a producir.


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