La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó escuchar la demanda de ExxonMobil contra empresas estatales cubanas por la confiscación de sus bienes en la isla en 1960, un caso que podría redefinir las reclamaciones legales por expropiaciones y abrir un frente judicial de gran envergadura contra el gobierno de La Habana y sus socios comerciales internacionales.
ExxonMobil y las propiedades perdidas en Cuba
ExxonMobil, heredera de la histórica Standard Oil, operaba en Cuba varias refinerías y activos energéticos antes de 1959. Tras el triunfo de la Revolución, el régimen de Fidel Castro ordenó la nacionalización de la industria petrolera y otras compañías extranjeras. Según la demanda, la empresa perdió instalaciones clave y derechos de explotación sin recibir compensación alguna. Ahora reclama más de 700 millones de dólares.
En instancias inferiores, tribunales federales habían limitado las posibilidades de ExxonMobil de obtener un fallo favorable. Sin embargo, la decisión de la Suprema Corte de revisar el caso otorga un nuevo impulso a la compañía y a otros reclamantes que buscan justicia por las confiscaciones.
La Ley Helms-Burton y el Título III
La demanda de ExxonMobil se fundamenta en el Título III de la Ley Helms-Burton (1996), una disposición que permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a entidades extranjeras que “trafiquen” con propiedades confiscadas en Cuba.
Durante más de dos décadas, presidentes de ambos partidos suspendieron su aplicación para evitar tensiones diplomáticas con Europa y América Latina, cuyos empresarios tienen inversiones en la isla. Pero en 2019, el entonces presidente Donald Trump levantó esa suspensión, abriendo la puerta a una avalancha de litigios.
Desde entonces, compañías de cruceros, hoteles internacionales y conglomerados vinculados al turismo han enfrentado demandas millonarias en tribunales de EE.UU.
El otro caso clave: Havana Docks Corporation
La Suprema Corte también decidió escuchar la apelación de Havana Docks Corporation, propietaria original de las instalaciones portuarias de La Habana. La compañía busca reactivar demandas contra Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC, acusándolas de beneficiarse de un puerto expropiado en 1960.
Si la Corte falla a favor de los demandantes, las principales líneas de cruceros internacionales podrían enfrentar un precedente legal que condicione sus operaciones en Cuba y, potencialmente, en otros países con históricos procesos de nacionalización.
En un primer fallo, la justicia federal en Florida impuso a las compañías de cruceros indemnizaciones que superaban los 100 millones de dólares por cabeza. Sin embargo, una corte de apelaciones desechó el caso al considerar que la concesión de Havana Docks había dejado de tener validez desde 2004, mucho antes de que las navieras usaran las instalaciones portuarias.
La estrategia de Cuba y las empresas estatales
El gobierno cubano, a través de CIMEX y CUPET, ha intentado frenar la demanda argumentando que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción. Pero la decisión del Supremo debilita esa postura y coloca a Cuba en una posición vulnerable frente a litigios multimillonarios.
Especialistas señalan que un fallo adverso no solo pondría en riesgo a las empresas estatales cubanas, sino también a compañías extranjeras de Europa, Canadá y América Latina que mantienen negocios en la isla y que podrían ser acusadas de “traficar” con propiedades confiscadas.
Impacto político y económico
El caso llega en un momento de alta tensión en la política hacia Cuba. Mientras sectores del exilio cubano en Miami celebran la posibilidad de justicia para los afectados, diplomáticos europeos han expresado en el pasado su rechazo a la aplicación extraterritorial de la Ley Helms-Burton.
Un fallo favorable a ExxonMobil podría desatar una nueva ola de conflictos legales internacionales, afectar la inversión extranjera en la isla y complicar aún más las relaciones entre Washington y La Habana.
Un fallo con repercusiones históricas
La decisión de la Suprema Corte tendrá implicaciones que trascienden lo económico. Podría redefinir las reglas de la justicia transnacional en materia de expropiaciones, consolidar la aplicación plena de la Helms-Burton y sentar un precedente para cientos de reclamaciones valoradas en miles de millones de dólares.
De esta manera, un litigio que comenzó hace más de seis décadas vuelve a situarse en el centro del debate jurídico y político entre Cuba y Estados Unidos.
