El jueves se concretó la deportación de 136 migrantes cubanos desde Estados Unidos hacia La Habana, en lo que constituye la novena operación aérea de repatriación del año ejecutada por Washington como resultado de los acuerdos en materia de inmigración. Según confirmó el Ministerio del Interior de Cuba en su perfil de Facebook, entre los retornados viajaban 125 hombres y 11 mujeres.
Al arribar al Aeropuerto Internacional José Martí, cuatro de los migrantes fueron puestos bajo investigación penal, pues se les vincula con delitos cometidos antes de su salida de Cuba. Este tipo de medidas no es inusual: cada operación deja en evidencia la vigilancia de las autoridades sobre aquellos que, además de emigrar, tenían procesos pendientes en el país.
Acumulado de deportaciones en 2025
Con esta acción, suman 37 operaciones de repatriación ejecutadas en 2025 desde diversos países de la región, que han devuelto 1 140 personas a Cuba. De esa cifra, la gran mayoría —999 migrantes— fueron deportados desde Estados Unidos.
Las cifras confirman que Washington continúa siendo el principal emisor de vuelos de deportación hacia la isla, en línea con su estrategia de contención migratoria.
Las autoridades en Cuba insistieron en su “compromiso con promover una migración regular, segura y ordenada”, al tiempo que hicieron énfasis en los peligros asociados a las salidas ilegales de la isla. Según señalaron, estas travesías no solo ponen en riesgo la vida de quienes deciden emprenderlas, sino que también generan impactos negativos en el orden y la estabilidad social del país.
El caso emblemático de la exjueza Melody González
La operación incluyó a una figura particularmente controvertida: la exjueza Melody González, quien permaneció 484 días detenida en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes de ser deportada.
Su regreso reaviva un fuerte debate dentro y fuera de la isla. González es señalada por haber participado en juicios considerados represivos dentro del Tribunal Municipal de Encrucijada en Villa Clara, Cuba, lo que ha generado críticas entre la diáspora, que cuestiona la permanencia en Estados Unidos de exfuncionarios vinculados al régimen. Su deportación abre un capítulo polémico sobre la relación entre la justicia cubana y las políticas migratorias estadounidenses.
González dictó condenas de cárcel contra jóvenes que participaron en manifestaciones, en juicios señalados por la ausencia de garantías legales y por el empleo de confesiones presuntamente obtenidas mediante coacción. Su nombre también aparecía en el listado de represores confeccionado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Impacto en los deportados y sus familias
Para los migrantes deportados, el retorno forzado implica un choque social y económico. Muchos habían abandonado la isla en busca de mejores condiciones de vida y regresan ahora sin bienes, sin estabilidad laboral y, en algunos casos, con el estigma de haber intentado emigrar de manera irregular.
Las familias también enfrentan consecuencias. El regreso bajo vigilancia o con antecedentes judiciales puede derivar en represalias políticas, marginación social y limitaciones en el acceso a empleos o beneficios estatales.
El endurecimiento bajo la administración Trump
La intensificación de las deportaciones coincide con el inicio del nuevo mandato de Donald Trump en la presidencia. El republicano ha prometido una política más estricta en materia migratoria, particularmente hacia los cubanos, a quienes acusa de utilizar vías ilegales y sobrecargar los procesos de asilo.
En contraste, las autoridades cubanas insisten en la necesidad de promover una “migración regular, segura y ordenada”, al tiempo que condenan las salidas por rutas irregulares, ya sea por mar o a través de terceros países de la región.
Comparaciones con años anteriores
En 2024, las operaciones de deportación fueron significativamente menores, lo que refleja el cambio de enfoque político en Washington desde enero de 2025. En apenas nueve meses, el número de vuelos ya supera los registros de años previos.
Este ritmo ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la falta de transparencia en los procesos de asilo y la posible devolución de migrantes a contextos de represión política en Cuba.
Desenlace: un fenómeno en ascenso
La deportación de 136 cubanos marca un nuevo capítulo en la crisis migratoria cubana, en la que confluyen factores económicos, políticos y sociales.
Mientras Estados Unidos refuerza su política de retorno para disuadir nuevas oleadas, en Cuba los repatriados se enfrentan a la incertidumbre de un país con una economía estancada y un gobierno que no perdona la disidencia ni la emigración irregular.
El caso de Melody González simboliza la complejidad de este escenario, en el que no solo se trata de cifras de deportados, sino de historias individuales atravesadas por la política, la justicia y la supervivencia.
