
El gobierno de Donald Trump anunció que a partir del 1 de octubre todos los viajeros extranjeros que soliciten visas no inmigrantes deberán abonar un nuevo cargo de 250 dólares, conocido como “visa integrity fee”. Este pago se sumará a los costos ya existentes por la emisión de visas, lo que encarecerá notablemente el trámite para millones de solicitantes.
La medida fue incluida dentro de la ley denominada One Big Beautiful Bill Act, un amplio paquete legislativo impulsado por la actual administración con el fin de reforzar la seguridad en las fronteras y aumentar el control sobre los procesos migratorios.
Países y viajeros más afectados
El impacto económico será particularmente sensible en países con alta demanda de visados hacia Estados Unidos, como México, China y Brasil, donde millones de personas viajan cada año por motivos de turismo, negocios o visitas familiares.
Con el nuevo cargo, el costo total de una visa podría alcanzar los 442 dólares, cifra que representa un gasto considerable para familias y viajeros frecuentes, y que podría modificar las tendencias de movilidad hacia el país.
«Cualquier fricción que agreguemos a la experiencia del viajero reducirá los volúmenes de viajes en cierta cantidad», manifiesta el presidente de la compañía global de gestión de viajes Altour, Gabe Rizzi. «A medida que termine el verano, esto se convertirá en un problema más apremiante, y tendremos que tener en cuenta las tarifas en los presupuestos y la documentación de viaje», agregó.
Objetivo declarado de la medida
La administración Trump argumenta que el nuevo pago busca reducir abusos en el sistema de visas temporales, evitando que visitantes permanezcan más tiempo del autorizado o utilicen los permisos con fines distintos a los declarados.
Según el gobierno, los fondos recaudados se destinarán a reforzar el seguimiento y la supervisión de quienes reciben visas, con el fin de incrementar la “integridad del proceso migratorio”.
Impacto proyectado en el turismo
El sector turístico estadounidense —uno de los pilares de la economía nacional— ya observa con inquietud la nueva disposición. En julio, la llegada de visitantes internacionales registró una caída del 3.1 % respecto al mismo mes del año anterior.
Los pronósticos de gasto turístico también se muestran a la baja: se espera que en 2025 los viajeros internacionales dejen cerca de 169 mil millones de dólares, frente a los 181 mil millones de 2024.
Expertos señalan que el nuevo cargo podría desalentar los viajes desde economías emergentes, especialmente de aquellos turistas que viajan en familia o que buscan estadías prolongadas.
La nueva tarifa se produce cuando Estados Unidos se prepara para albergar los eventos America250, los Juegos Olímpicos y los partidos de la Copa Mundial de la FIFA. «Se prevé que el gasto de los visitantes internacionales en los EE. UU. caiga a poco menos de $ 169 mil millones este año, por debajo de los $ 181 mil millones en 2024», señala un comunicado del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.
Aran Ryan, responsable de los estudios de la industria en Tourism Economics, declaró a Reuters que las expectativas iniciales apuntaban a un repunte de más del 10% en el turismo extranjero hacia EE.UU. en 2025. Sin embargo, las nuevas previsiones cambian el panorama y anticipan una caída del 3%.
El endurecimiento de las políticas migratorias no es exclusivo de Estados Unidos. En distintas partes del mundo se están estableciendo tarifas de ingreso y controles más exhaustivos con la doble intención de recaudar fondos y evitar abusos.
Un ejemplo reciente es el del Reino Unido, que introdujo la Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Este requisito digital, con un costo de unos 13 dólares, queda vinculado al pasaporte de cada visitante y busca no solo agilizar los trámites de entrada, sino también blindar el sistema de inmigración frente a posibles irregularidades.
Restricciones adicionales en debate
La tarifa no llega sola, el gobierno también analiza limitar el tiempo de permanencia de algunas visas, incluidas las de estudiantes internacionales, programas culturales, de intercambio y algunas dirigidas a periodistas extranjeros.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia que busca endurecer las condiciones de entrada al país y redefinir la política migratoria, bajo el argumento de priorizar la seguridad y reducir los niveles de inmigración irregular.
Reacciones y controversias
Mientras la Casa Blanca defiende la tarifa como una herramienta de control, las asociaciones turísticas y cámaras de comercio advierten que podría erosionar la competitividad de Estados Unidos como destino internacional frente a países que promueven políticas de acceso más flexibles, como España, Francia o Canadá.
Además, críticos subrayan que el incremento de costos puede afectar negativamente a las comunidades migrantes ya establecidas en EE.UU., cuyos familiares deberán afrontar gastos adicionales para visitarlos.
Un desenlace incierto
El “visa integrity fee” refleja el rumbo que la administración Trump ha marcado en materia migratoria: un modelo más restrictivo, con mayores exigencias económicas para quienes buscan ingresar al país.
Sin embargo, su impacto real se medirá en los próximos meses. Si bien el gobierno espera fortalecer los controles y recaudar más fondos para el sistema de visados, el riesgo es que la medida disuada a millones de turistas y estudiantes internacionales, afectando no solo al turismo, sino también a universidades, negocios y al tejido cultural que históricamente se ha nutrido de visitantes extranjeros.
El tiempo dirá si la apuesta por la seguridad migratoria justifica la posible pérdida de ingresos y la reducción de la presencia internacional en suelo estadounidense.