El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió este lunes levantar una orden judicial que restringía las operaciones de agentes migratorios en el área metropolitana de Los Ángeles. La decisión, adoptada por mayoría conservadora de 6 votos contra 3, devuelve a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) plena libertad para realizar detenciones en la región, lo que ha desatado una ola de reacciones a nivel político, judicial y comunitario.
El trasfondo del caso
La controversia comenzó tras denuncias de organizaciones de defensa de inmigrantes que documentaron detenciones indiscriminadas en calles, estaciones de autobuses, vecindarios latinos y centros de trabajo. Los testimonios revelaban que ciudadanos estadounidenses y residentes legales también fueron detenidos en ocasiones por “tener apariencia extranjera” o por hablar español en público.
En abril de este año, la jueza federal Maame E. Frimpong, en Los Ángeles, impuso una orden judicial provisional que prohibía a los agentes basar sus detenciones en criterios como raza, acento, ocupación o lugar de residencia. Esa medida fue considerada un alivio temporal para comunidades con alta concentración de inmigrantes, especialmente en barrios latinos del sur de California.
Sin embargo, el gobierno federal apeló con el argumento de que la restricción “entorpecía gravemente” la aplicación de la ley migratoria y ponía en riesgo la seguridad pública.
La decisión del Supremo
Conservadores y liberales en la Corte Suprema chocaron frontalmente sobre los alcances de la Constitución en materia migratoria. El juez Brett Kavanaugh subrayó que permitir revisiones judiciales permanentes sobre los operativos migratorios podía “desarticular la labor de los agentes” y crear un precedente que paralizara las funciones de ICE en todo el país.
«La perspectiva de tales procedimientos judiciales de desacato y conjeturas judiciales a posteriori inevitablemente enfriará los esfuerzos legales de aplicación de la ley de inmigración», dijo el magistrado.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor, respaldada por Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan, acusó a la Corte de abrir la puerta a abusos: «Innumerables personas en el área de Los Ángeles han sido agarradas, arrojadas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, sus acentos y el hecho de que se ganan la vida haciendo trabajos manuales. Hoy, la Corte somete innecesariamente a innumerables más a estas mismas indignidades», escribió Sotomayor.
El fallo no resuelve la demanda de fondo, que continuará en tribunales de California, pero sí elimina la protección inmediata que había detenido las redadas.
El impacto en Los Ángeles
El máximo tribunal emitió su fallo en un momento en que los agentes de ICE intensifican sus redadas en Washington, como parte de la inédita intervención federal ordenada por Trump, que contempla además el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad.
Los Ángeles es una de las ciudades con mayor población inmigrante de EE. UU., con más de 4,4 millones de residentes nacidos en el extranjero, de los cuales alrededor de un millón carecen de estatus legal. Esta densidad poblacional convierte a la región en un epicentro de las políticas migratorias.
Desde el 6 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó más de 5,000 arrestos en la zona angelina. El comandante Gregory Bovino, al frente de las operaciones, afirmó que su equipo se ha centrado en “los peores delincuentes”, aunque grupos de derechos civiles alegan que la mayoría de los detenidos no tenía antecedentes criminales graves.
El área de Los Ángeles se ha convertido en un punto clave de confrontación para la administración Trump, cuya política migratoria de mano dura desató protestas y motivó el despliegue de la Guardia Nacional junto a efectivos de los Marines.
Tras la orden emitida por la jueza Frimpong en julio, las redadas parecieron disminuir, aunque en las últimas semanas se reactivaron, destacando una operación en la que agentes descendieron desde un camión de alquiler para efectuar arrestos en una tienda Home Depot.
El miedo se ha extendido entre familias migrantes: padres que evitan llevar a sus hijos a la escuela, trabajadores que no se presentan a sus empleos por temor a retenes, y negocios locales que registran una caída en su clientela.
La jueza Maame E. Frimpong, de la corte federal en Los Ángeles, concluyó que había una “montaña de pruebas” que señalaban violaciones constitucionales en la forma en que se aplicaba la ley migratoria. Entre quienes llevaron el caso estaban ciudadanos estadounidenses detenidos en estas paradas. Su veredicto fue respaldado por un tribunal de apelaciones, que mantuvo en pie la decisión.
Los fiscales federales sostuvieron que las acciones de los agentes de inmigración se centran exclusivamente en la condición de estancia ilegal en el país, y no en factores como la raza, el origen étnico o el color de piel. Sin embargo, el Departamento de Justicia advirtió que la orden judicial restringía de manera indebida los criterios que los oficiales de ICE pueden considerar al efectuar una detención.
Reacciones políticas y sociales
El fallo llega en un momento en que la inmigración domina el debate público en Estados Unidos, especialmente en el marco de la campaña presidencial de 2026:
- Apoyo al fallo: Líderes republicanos celebraron la decisión como una victoria para la “ley y el orden” y un respaldo indirecto a la visión del expresidente Donald Trump, quien presionó durante años por endurecer la política migratoria.
- Críticas demócratas y activistas: Funcionarios de California y legisladores demócratas denunciaron el fallo como un “retroceso en los derechos civiles” y advirtieron que generará un clima de miedo en comunidades ya vulnerables.
Para organizaciones de derechos humanos, la resolución podría convertirse en un precedente peligroso que incentive operativos similares en Texas, Arizona, Florida y Nueva York, estados con alta población inmigrante.
La procuradora general Pam Bondi calificó el fallo de la Corte Suprema como una “gran victoria” en una publicación en redes sociales, donde subrayó que la decisión permite a ICE retomar las patrullas itinerantes en California sin las restricciones impuestas previamente por los tribunales.
El debate legal y constitucional
El caso se centra en un punto clave: ¿hasta qué límite pueden actuar los agentes federales sin violar la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra detenciones arbitrarias?
Los demandantes sostienen que detener personas por su acento o apariencia constituye un claro ejemplo de perfil racial y discriminación. Por su parte, el gobierno argumenta que las leyes de inmigración autorizan a los agentes a realizar interrogatorios y detenciones “cuando exista sospecha razonable” de violación migratoria.
El resultado final del litigio en California podría definir el alcance de los derechos de inmigrantes y ciudadanos en escenarios de control migratorio, una batalla legal con potencial para regresar nuevamente al Supremo en los próximos años.
Un precedente con repercusión nacional
Más allá de Los Ángeles, el fallo del Supremo envía una señal clara: la mayoría conservadora está dispuesta a priorizar la aplicación estricta de las leyes migratorias sobre las preocupaciones de derechos civiles.
Para los expertos, el impacto inmediato será un aumento de redadas y detenciones en barrios inmigrantes, mientras que a largo plazo podría fortalecer propuestas legislativas para otorgar a ICE mayores poderes de actuación.
En contraste, defensores de los inmigrantes temen que la medida erosione la confianza entre comunidades y autoridades, obstaculizando la colaboración en casos criminales y aumentando la marginación social.
El Tribunal Supremo no solo revirtió una protección temporal en Los Ángeles, sino que también reabrió un debate nacional sobre seguridad, derechos civiles e identidad de Estados Unidos como país receptor de inmigrantes.
