En un movimiento que marca un nuevo capítulo en la política migratoria de la administración Trump, Estados Unidos y Paraguay firmaron este jueves 14 de agosto de 2025 un memorando de entendimiento que permitirá trasladar a solicitantes de asilo desde territorio estadounidense a Paraguay, donde se procesarán y evaluarán sus peticiones de protección internacional.
El convenio, que se encuadra dentro de la figura de “Tercer País Seguro”, busca frenar el flujo de inmigrantes irregulares, reducir la presión sobre el sistema migratorio estadounidense y reforzar la cooperación con gobiernos aliados en América Latina.
«Trump ya no permitirá que se abuse del sistema de asilo estadounidense. La firma de hoy de un Acuerdo de Tercer País Seguro con Paraguay permite a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos continuar con sus solicitudes de protección en Paraguay», dijo el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio en su cuenta de X en la cual también agradeció al presidente paraguayo Santiago Peña por su apoyo a la migración segura.
Al mismo tiempo el Departamento de Estado en la misma red social añadió: «Este es solo otro ejemplo de cooperación y la capacidad de trabajar juntos para prevenir algo que preocupa mucho a ambos países, y es la migración ilegal e irregular, que representa una amenaza para la seguridad nacional».
Un acuerdo con proyección regional
El memorando establece que cualquier persona que solicite asilo en Estados Unidos y que provenga de terceros países podrá ser transferida a Paraguay, donde las autoridades migratorias locales analizarán su caso. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, esta medida responde a la necesidad de “cerrar la puerta al abuso del sistema de asilo” y de garantizar que quienes realmente necesitan protección la reciban, pero bajo un control más estricto.
Rubio calificó a Paraguay como “un socio confiable y clave en la región” y aseguró que el presidente Trump “no permitirá que el sistema de asilo se convierta en una vía encubierta para la migración ilegal”.
Objetivos del memorando
- Reducir la migración irregular que llega a la frontera sur de Estados Unidos.
- Descentralizar el procesamiento de solicitudes de asilo, evitando la saturación de tribunales y albergues en EE.UU.
- Fortalecer la seguridad nacional mediante acuerdos con países aliados que asuman parte de la carga migratoria.
- Ampliar la cooperación bilateral hacia áreas como comercio, inversiones y seguridad.
Desde el Departamento de Estado se destacó que este pacto es parte de una visión integral para abordar las causas y consecuencias de la migración, al tiempo que se mantiene un compromiso con los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho.
La postura de Paraguay
El canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano participó en la ceremonia de firma y subrayó que el convenio va más allá del tema migratorio, al sentar bases para fortalecer las relaciones económicas, estratégicas y diplomáticas entre ambos países.
El gobierno de Paraguay afirmó que aplicará los protocolos internacionales de protección a refugiados y trabajará en coordinación con agencias como ACNUR para garantizar un tratamiento digno y seguro a las personas trasladadas.
Asimismo, advirtió que en ocasiones anteriores el sistema de asilo se ha visto vulnerado por usos indebidos, y sostuvo que pactos de esta naturaleza facilitan destinar los recursos a quienes de verdad enfrentan riesgos y precisan amparo.
Contexto y antecedentes
La política de “Tercer País Seguro” no es nueva. Durante la administración Trump anterior (2017-2021), se firmaron acuerdos similares con Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque algunos enfrentaron críticas por el riesgo de enviar solicitantes de asilo a países con sistemas de refugio limitados o inestables.
Paraguay, a diferencia de otras naciones que han firmado este tipo de pactos, mantiene una estabilidad política relativa y un bajo índice de violencia, lo que según Washington lo convierte en un destino “apto” para recibir a solicitantes de asilo. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos ya han advertido que el país sudamericano tiene recursos limitados para manejar un flujo migratorio elevado.
Reacciones y posibles críticas
Analistas y ONG han señalado que este tipo de acuerdos podrían poner en riesgo el derecho de los solicitantes de asilo a recibir una evaluación justa en el país donde pidieron protección, y alertan sobre la posibilidad de que estas medidas tengan un carácter disuasorio más que humanitario.
En contraste, defensores del pacto sostienen que permitirá desincentivar los cruces irregulares hacia Estados Unidos y que brindará una oportunidad para que los solicitantes obtengan protección en un entorno seguro, evitando los peligros de las rutas migratorias.
Un paso en la agenda migratoria de Trump
El subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Troy Edgar, consideró este acuerdo como “un avance clave” dentro de la estrategia para que países aliados compartan la responsabilidad de atender la migración internacional.
Esta acción se suma a otras iniciativas de la Casa Blanca, como el refuerzo militar en la frontera sur, la reducción drástica de liberaciones bajo custodia migratoria y la firma de acuerdos de repatriación exprés con varios países.
En síntesis, el acuerdo EE.UU.–Paraguay abre una nueva ruta para el procesamiento de solicitantes de asilo, proyecta a Paraguay como un actor emergente en la política migratoria regional y confirma la intención de la administración Trump de reconfigurar el sistema de asilo estadounidense a través de alianzas bilaterales que buscan controlar el flujo migratorio desde fuera de sus fronteras.
