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Florida, uno de los principales bastiones del endurecimiento migratorio en Estados Unidos, enfrenta una nueva batalla, esta vez no con los migrantes, sino entre sus propias filas. El gobernador Ron DeSantis ha lanzado duras críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por reclutar agentes de policía locales que recién han sido entrenados por el estado, ofreciendo bonos de hasta 50 000 dólares.
“¿Por qué tienen que venir a buscar a nuestros agentes que ya están en la pelea? Solo están cambiándoles la camiseta”, afirmó DeSantis en una rueda de prensa reciente, visiblemente molesto por lo que considera una acción desleal del gobierno federal.
ICE is trying to poach Florida sheriff deputies with $50k signing bonuses after these same departments have been helping them with training and resources. Sheriff Grady Judd is calling them out for biting the hand that feeds them. Listen to the @RyanGormanShow podcast for more. pic.twitter.com/9W9iCThBvR
La controversia ha estallado en condados clave como Polk y Pinellas. Allí, los sheriffs Grady Judd y Bob Gualtieri denunciaron que agentes recién formados fueron tentados por los generosos incentivos económicos ofrecidos por ICE, lo que afectó la capacidad operativa de sus departamentos. “Estamos recibiendo correos ofreciendo bonos y beneficios. ¿Así nos agradecen por ayudarles a hacer su trabajo?”, dijo Judd.
“Es una traición. ICE está usando nuestra colaboración para quitarle personal a nuestras agencias”, denunció Gualtieri desde su oficina.
Estos condados son parte fundamental de la estructura de seguridad local que, bajo el programa federal 287(g), permite a oficiales de policía actuar como agentes migratorios dentro de sus funciones. Florida lidera a nivel nacional la participación en este tipo de programas: al menos 295 agencias locales están actualmente integradas en operativos coordinados con ICE, lo que representa el 43 % de las agencias afiliadas a nivel nacional.
“Esto no es simplemente reclutar personal. Es minar nuestra estrategia estatal de seguridad. Estamos hablando de funcionarios que ya colaboran activamente con el gobierno federal, y que ahora son extraídos del sistema para hacer esencialmente lo mismo, pero bajo control exclusivo de Washington”, reclamó DeSantis.
Florida’s swift and decisive actions have set the standard for illegal immigration enforcement, and the Florida Highway Patrol has been leading the charge. Since March, FHP troopers have apprehended nearly 3,000 illegal aliens (including hundreds of convicted criminals),… pic.twitter.com/xsO2pAKpG8
La situación ha generado una paradoja política. Mientras DeSantis y el gobierno de Florida han sido aliados clave de las políticas migratorias restrictivas promovidas por la administración Trump, ahora se ven perjudicados por una dinámica federal que consideran contraproducente.
El gobernador, que aspira a reforzar su imagen de líder firme en seguridad y control fronterizo, exhortó a sheriffs y jefes policiales a “defender sus agencias” y alzar la voz contra esta práctica de ICE. “Quienes no estén de acuerdo con esto, que hablen. Esta no es mi política”, declaró.
La molestia va más allá de lo simbólico. Según datos proporcionados por los propios departamentos policiales, la salida repentina de oficiales capacitados compromete operativos locales y obliga a reinvertir tiempo y recursos en nuevos procesos de selección y entrenamiento.
Impacto en comunidades migrantes
Mientras tanto, las comunidades migrantes —especialmente latinas y caribeñas— continúan viviendo en un ambiente de creciente tensión. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que, en Florida, aproximadamente el 36 % de los detenidos por ICE no tiene antecedentes penales. Muchos son arrestados durante operativos locales o tras infracciones menores, y posteriormente entregados a la agencia federal gracias a la cooperación establecida por leyes estatales como la polémica SB 2-C.
Uno de los símbolos de esta política es el centro de detención ubicado en los Everglades, apodado por activistas como “Alligator Alcatraz”, que ha sido escenario de múltiples denuncias por hacinamiento, malos tratos y separaciones familiares.
En lo que va de año, más de 100 cubanos han sido deportados desde Florida, muchos de ellos desde ese centro o tras arrestos en redadas coordinadas. Dado que el gobierno cubano no acepta regularmente a sus ciudadanos deportados, muchos de estos migrantes son enviados a terceros países como México, Esuatini o Sudán del Sur.
Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville figuran entre las ciudades con mayor número de arrestos. En este panorama, la falta de personal especializado despierta preocupación, ya que ICE planea reclutar a los mismos agentes entrenados previamente para intervenir en comunidades de inmigrantes.
¿Estrategia migratoria fracturada?
La controversia entre DeSantis e ICE plantea preguntas fundamentales sobre la cohesión de la estrategia migratoria nacional. ¿Puede un estado seguir colaborando eficazmente con el gobierno federal cuando compite por el mismo personal y recursos? ¿Qué consecuencias trae esta pugna para los derechos de los inmigrantes y la seguridad pública?
Si bien ambos niveles de gobierno comparten la meta de frenar la inmigración irregular, el conflicto revela una disputa por el control de los mecanismos y las prioridades. Para DeSantis, perder personal entrenado por el estado es una afrenta. Para ICE, el reclutamiento agresivo es una forma de fortalecer su capacidad operativa ante la expansión planificada de arrestos y deportaciones masivas.
Lo que está claro es que el choque ha generado un ambiente de desconfianza y fragmentación que puede tener repercusiones no solo en la aplicación de la ley, sino también en la vida cotidiana de miles de inmigrantes que enfrentan detenciones, deportaciones y separación familiar en medio de un sistema que hoy, irónicamente, se encuentra dividido.
