Estados Unidos deportó recientemente a un ciudadano cubano a Esuatini, un pequeño reino situado en el sur de África, luego de que el gobierno de La Habana se negara a admitirlo, en un caso que refleja las tensiones diplomáticas y legales que rodean las deportaciones de migrantes con antecedentes criminales.
Según confirmó la vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, el hombre deportado había sido condenado en territorio estadounidense por asesinato en primer grado, agresión agravada a un oficial de policía, hurto de vehículo, evasión de la ley y conducción imprudente. Además, autoridades migratorias estadounidenses informaron que estaba vinculado a la pandilla Latin King, considerada una de las organizaciones criminales más violentas y estructuradas del país. Tras cumplir tres años de prisión, quedó sujeto a un proceso de deportación.
Una política migratoria cada vez más estricta
La deportación del cubano forma parte de una política más amplia que busca evitar que migrantes con historiales delictivos permanezcan en Estados Unidos si sus países de origen se niegan a recibirlos. “No permitiremos que criminales peligrosos permanezcan en suelo estadounidense si sus gobiernos de origen se niegan a cooperar”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del DHS.
Esta postura responde a una creciente preocupación dentro de las agencias de seguridad nacional sobre el riesgo que representan extranjeros con antecedentes criminales, especialmente aquellos vinculados a bandas organizadas. Desde la administración del expresidente Donald Trump, Estados Unidos ha intensificado los esfuerzos para deportar a estos individuos, incluso recurriendo a acuerdos con terceros países dispuestos a aceptarlos.
Un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos reforzó esa política, permitiendo al gobierno enviar a migrantes indocumentados a naciones distintas de sus países de nacimiento, incluso sin aviso previo, siempre que existan argumentos de seguridad nacional o interés público. La sentencia ha generado controversia entre organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la legalidad y ética de enviar personas a territorios con los que no guardan ningún vínculo cultural, familiar ni lingüístico.
Cuba rechaza recibir a migrantes con antecedentes penales
La situación se complica especialmente con Cuba, país que históricamente ha mantenido una relación tensa con Washington. El Ministerio del Interior cubano rechaza sistemáticamente recibir a ciudadanos cubanos con antecedentes penales en el extranjero, priorizando únicamente a jóvenes o profesionales sin registros criminales.
Esa negativa choca con la política migratoria estadounidense y crea un limbo legal para migrantes cubanos que, tras cumplir condenas, quedan bajo custodia migratoria sin perspectivas claras de repatriación. Para resolver este impasse, EE. UU. ha iniciado conversaciones con al menos 58 países en busca de acuerdos para aceptar a deportados cuyas naciones de origen se niegan a recibirlos.
Casos similares elevan las alarmas
El caso de este migrante cubano no es aislado. Apenas en mayo pasado, dos ciudadanos cubanos identificados como Enrique Arias‑Hierro y José Manuel Rodríguez‑Quiñones fueron deportados a Sudán del Sur, otro país africano, tras haber cumplido condenas en EE. UU. por delitos tan graves como homicidio, secuestro, posesión canina ilegal, intento de asesinato, agresión y tráfico humano.
En aquellos casos, Cuba también se negó a recibirlos. Según trascendió, las deportaciones fueron posibles gracias a negociaciones diplomáticas que incluyeron incentivos económicos o acuerdos de cooperación con los países receptores.
Para organizaciones defensoras de migrantes y derechos humanos, este tipo de deportaciones resultan preocupantes. Alegan que los migrantes pueden quedar en condiciones de extrema vulnerabilidad en países con culturas, idiomas y sistemas legales completamente ajenos. Además, cuestionan si estos traslados cumplen con los principios de derechos humanos internacionales, especialmente en relación con el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe enviar a una persona a un país donde pueda estar en riesgo.
El rechazo del gobierno cubano a recibir migrantes deportados desde Estados Unidos está generando tensiones diplomáticas, pues contraviene los acuerdos migratorios establecidos durante la administración de Barack Obama. Dichos acuerdos obligan a Cuba a aceptar a ciudadanos que ingresaron de manera irregular al territorio estadounidense. Sin embargo, en la práctica, las autoridades cubanas únicamente están aceptando el regreso de personas que no tengan antecedentes penales recientes, lo que complica los procesos de deportación y afecta la política migratoria entre ambos países.
Según se conoce el régimen revisa los listados confeccionados por ICE y entonces deciden quien recibir y quien no. Mayormente se deciden por jóvenes profesionales sin antecedentes, mientras rechazan los que poseen historial delictivo y quienes llevan mucho tiempo fuera de Cuba. En consecuencia, el gobierno de EE.UU decidió incluir a Cuba en la lista de países «recalcitrantes», junto a Venezuela, Haití o China.
Contexto político y futuro incierto
La práctica de deportaciones a terceros países podría aumentar en los próximos meses, a medida que Estados Unidos refuerza su política migratoria ante el incremento sostenido de llegadas de migrantes irregulares a su frontera sur. Figuras políticas como Donald Trump y la gobernadora Kristi Noem han manifestado su apoyo a medidas estrictas que incluyan la deportación acelerada de migrantes con antecedentes criminales, incluso si ello implica enviarlos a países sin vínculos directos con los deportados.
Para la administración estadounidense, el objetivo principal es garantizar la seguridad interna y evitar que personas con historiales violentos permanezcan en el país sin posibilidad de remoción. Sin embargo, la solución de trasladarlos a terceros países plantea incógnitas sobre la legalidad de estas decisiones y su posible impacto humanitario.
Mientras tanto, el migrante cubano deportado a Esuatini deberá enfrentar el desafío de reconstruir su vida en un país africano con el que no guarda ninguna relación, en medio de un clima de incertidumbre sobre su futuro y sus derechos en la nueva nación de acogida.
