Miles de haitianos en riesgo de deportación a partir del 2 de septiembre tras anuncio del Departamento de Seguridad Nacional sobre el fin del TPS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció oficialmente la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos haitianos, una medida que dejará a decenas de miles de personas expuestas a la deportación a partir del 2 de septiembre de 2025. El programa, que ofrecía protección contra la expulsión y permisos de trabajo a haitianos tras desastres naturales y crisis políticas en su país, vencerá el 3 de agosto, según informó la secretaria del DHS, Kristi Noem.

«Al menos 60 días antes de que expire una designación de TPS, el Secretario, después de consultar con las agencias gubernamentales de EE. UU. apropiadas, debe revisar las condiciones en un país designado para TPS para determinar si las condiciones que respaldan la designación continúan cumpliéndose y, de ser así, cuánto tiempo extender la designación», resalta un comunicado del DHS.

La decisión se justifica, según el gobierno estadounidense, en que las condiciones ambientales y de seguridad en Haití “han mejorado lo suficiente como para permitir el regreso seguro de sus ciudadanos”. No obstante, organizaciones humanitarias y líderes comunitarios han reaccionado con alarma, calificando la medida de “cruel” e incluso “racista”, señalando que Haití atraviesa uno de sus peores periodos de inestabilidad en décadas.

Haití en crisis: entre violencia y vacío político

Aunque el DHS sostiene que el país está en condiciones de recibir a sus ciudadanos, los críticos afirman que la realidad en Haití es diametralmente opuesta. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití no ha celebrado elecciones, y gran parte de Puerto Príncipe, la capital, permanece bajo el control de violentas pandillas que han desplazado a miles de personas y sumido al país en una crisis humanitaria sin precedentes.

“La situación es desesperante. Decir que Haití está listo para recibir a miles de retornados es, como mínimo, una ficción peligrosa”, declaró un portavoz de la Alianza Nacional TPS, organización que ya ha anunciado que se prepara para interponer demandas legales contra la medida.

Una política más amplia de fin del TPS

La revocación del TPS para Haití se inscribe en una política más amplia de la actual administración estadounidense, que ha buscado eliminar el estatus de protección para inmigrantes de varios países, incluidos Venezuela, Afganistán y Camerún. En mayo pasado, el Tribunal Supremo respaldó la potestad del Ejecutivo para cesar estos programas, allanando el camino para la actual oleada de terminaciones de TPS.

Se estima que, en total, alrededor de medio millón de personas en Estados Unidos dependen actualmente de alguna forma de TPS. Para los haitianos, la incertidumbre es especialmente angustiante, pues muchos llevan años —e incluso décadas— construyendo su vida en Estados Unidos, trabajando y formando familias.

Reacciones y posibles litigios

Las reacciones a la noticia han sido inmediatas. Grupos de defensa de los inmigrantes han acusado al gobierno de desoír la realidad de Haití y de colocar a miles de personas en riesgo extremo si son forzadas a regresar. “Es una política profundamente inhumana y carente de sentido práctico. Nadie puede argumentar seriamente que Haití es seguro en estos momentos”, dijo Marleine Bastien, activista haitiana radicada en Miami.

Se anticipa que la medida desatará una ola de litigios en cortes federales, ya que los defensores legales alegan que el DHS no ha seguido los procedimientos requeridos para demostrar que las condiciones en Haití cumplen con los criterios legales para terminar el TPS.

Mientras tanto, miles de haitianos en Estados Unidos viven con la angustia de no saber qué pasará en septiembre. “Yo tengo mis hijos aquí. No puedo volver a Haití. No hay nada allá para nosotros más que violencia y muerte”, expresó Jean-Marc, un inmigrante haitiano que vive en el sur de Florida y quien prefirió no dar su apellido por temor a represalias.

La batalla legal y política en torno al TPS para Haití apenas comienza. Lo que está en juego no solo es el destino de decenas de miles de personas, sino también el carácter humanitario de la política migratoria estadounidense en tiempos de crisis global.

Durante años, miles de haitianos en Estados Unidos se beneficiaron del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un amparo migratorio que les permitió vivir y trabajar legalmente mientras su país atravesaba crisis políticas, desastres naturales y violencia generalizada. El TPS brindaba protección contra la deportación, garantizando que sus titulares no pudieran ser removidos del país mientras el estatus estuviera vigente, salvo en casos excepcionales. Además, les otorgaba el derecho a trabajar legalmente, mediante un permiso conocido como Documento de Autorización de Empleo (EAD), lo que permitió a muchos integrarse plenamente en la economía estadounidense.

Otra facilidad clave era la posibilidad de solicitar permisos de viaje temporales, conocidos como advance parole, que permitían salir del país y regresar sin perder el estatus migratorio. En algunos estados, los beneficiarios del TPS también podían acceder a ciertos beneficios limitados, como obtener una licencia de conducir. Aunque el TPS no ofrecía un camino directo hacia la residencia permanente o la ciudadanía, tampoco afectaba negativamente los procesos migratorios futuros, lo que daba a muchos haitianos la esperanza de algún día regularizar su situación de manera definitiva.