Congresista cubanoamericana María Elvira Salazar advierte sobre consecuencias de las deportaciones masivas en la economía de EE.UU

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar (R‑FL) lanzó una contundente advertencia sobre los efectos económicos negativos que están generando las deportaciones masivas de inmigrantes en Estados Unidos. Durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros en la Cámara de Representantes, la legisladora enfatizó que la expulsión de miles de trabajadores está debilitando sectores fundamentales de la economía nacional.

Salazar, representante del distrito 27 de Florida, advirtió que miles de personas que trabajan en la construcción, la agricultura y la hostelería —sectores históricamente sostenidos por inmigrantes— están siendo deportadas sin considerar su impacto en la economía. Según la congresista, estas acciones ya están teniendo consecuencias visibles para empresas que no logran cubrir sus vacantes.


“Estoy a favor de deportar a los delincuentes, pero muchos de los que están siendo enviados fuera no representan ninguna amenaza. Son trabajadores honrados que quieren contribuir y mantener a sus familias”, subrayó Salazar.

En la misma audiencia, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, coincidió con Salazar al afirmar que la escasez de mano de obra está afectando el crecimiento económico. Powell reconoció que múltiples industrias están viendo frenada su recuperación debido a la falta de trabajadores disponibles, en gran parte relacionada con las recientes políticas migratorias.

“Estamos perdiendo a miles de trabajadores en la construcción, la hostelería y la agricultura. Ya se siente el golpe en nuestra economía”, dijo la congresista en su cuenta de X.

La posición de Salazar ha sido bien recibida por numerosos miembros de la comunidad inmigrante, entre ellos de nacionalidad cubana. En redes sociales, usuarios como Maykel Reyes expresaron su dolor por la separación de familias trabajadoras. Otros, como De Las Nieves Irma, recalcaron que “no todos los inmigrantes son delincuentes”, y pidieron una visión más humana y práctica de la inmigración.


Algunos, como Jaime Sabatier, aplaudieron la propuesta legislativa de Salazar —la llamada “Ley Dignidad”— pero exigieron acciones concretas y urgentes. La Ley busca crear un camino para que inmigrantes con historial limpio puedan obtener permisos temporales de trabajo, como una solución de compromiso en el polarizado debate migratorio.

De las Nieves Irma comentó que no todas las personas que ingresan a Estados Unidos llegan con la intensión de violar las leyes por lo cual considera que «los inmigrantes que vienen a trabajar no deberían ser deportados”.

La congresista también recordó que más del 99 % de los migrantes cubanos que ingresaron con “parole humanitario” han solicitado permisos de trabajo. “No vienen a vivir del gobierno, vienen a aportar”, insistió Salazar.

Con un tono crítico hacia las recientes medidas impulsadas por la administración Trump, Salazar remarcó que incluso inmigrantes que ingresaron legalmente están hoy bajo amenaza de ser deportados debido a nuevas directrices. Esto está provocando incertidumbre no solo en las comunidades migrantes, sino también en sectores productivos que dependen de su fuerza laboral.

En medio de un clima político polarizado en torno a la inmigración, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ha emergido como una figura clave dentro del Partido Republicano al defender a los inmigrantes que residen y trabajan en Estados Unidos. Su postura ha sorprendido a algunos sectores conservadores, pero ha sido ampliamente valorada por comunidades latinas, especialmente por los cubanos en el sur de Florida.

La congresista ha advertido que las nuevas directrices impulsadas por la administración Trump están creando incertidumbre y miedo entre inmigrantes que, incluso habiendo ingresado legalmente al país, enfrentan ahora la amenaza de ser deportados. Esta situación, según ella, no solo es injusta desde un punto de vista humano, sino también perjudicial para la economía nacional.

Salazar ha denunciado de manera firme las deportaciones masivas que, según sus declaraciones, están afectando gravemente a sectores económicos fundamentales como la construcción, la agricultura y la hostelería. En audiencias ante el Congreso, ha señalado que muchas de las personas deportadas no tienen antecedentes penales, trabajan legalmente y están profundamente integradas en sus comunidades.

Salazar es autora de la propuesta legislativa conocida como “Ley Dignidad”, un ambicioso plan de reforma migratoria bipartidista que busca ofrecer permisos temporales de trabajo a inmigrantes con historial limpio. Esta ley permitiría a millones de personas regularizar su estatus sin necesidad de una amnistía completa, y está diseñada para generar consenso entre republicanos y demócratas.


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