Hispano en EE.UU que ignoró una orden de deportación podría pagar una multa de casi 1.8 millones de dólares

Un inmigrante de origen hispano residente en Maryland recibió una notificación del gobierno de los Estados Unidos sobre la indicación de pagar una multa de 1.8 millones de dólares por desobedecer una orden de deportación impuesta por las autoridades migratorias en el pasado.

La persona afectada ofreció una entrevista a CBS News en la que expresó que debe abonar 1.771.450 dólares, una cifra que considera exorbitante teniendo en cuenta que él cobra al año alrededor de 50.000 dólares para sustentar a sus tres hijos. Asimismo, confesó a Univisión que está preocupado por el riesgo de perder todos los activos que ha adquirido viviendo en EE.UU, como el auto y la casa fruto del esfuerzo cotidiano desde que llegó al país.

Asimismo, expresó su anhelo de que las autoridades concentren su atención en expulsar a los delincuentes y den la oportunidad de quedarse en el país a aquellos que son trabajadores y están comprometidos con sus familias. “Ojalá que todo esto pase y este señor, Donald Trump pueda sacar a criminales del país y deje a la gente honrada que se dedica a trabajar y estar al 100 para su familia”, afirmó el hombre.

La multa se inserta dentro de una estrategia migratoria gubernamental que establece tarifas de 998 dólares para aquellas personas que poseen órdenes de deportación. Las tarifas pueden llegar a a cumularse de manera retroactiva hasta un máximo de cinco años lo que sin dudas pueden alcanzar grandes sumas de dinero a pagar por los inmigrantes.

En caso de que las personas no paguen sus deudas al efecto el gobierno puede tomar medidas para embargar sus propiedades y bienes, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El extranjero cuenta con un periodo de 30 días para presentar una apelación respecto a la notificación de la sanción, aunque aún está pendiente la decisión del DHS.

Un caso parecido se conoció hace unos pocos días en el que una hondureña de 41 años de edad y madre de tres hijos estadounidenses enfrenta una asombrosa multa de 1.82 millones de dólares ya que se le ordenó salir del país en el año 2005 y esta no abandonó el mismo. Según datos divulgados por CBS News, se entregó la notificación oficial el 9 de mayo. Esta notificación solicita el abono de 500 dólares diarios por cada uno de los 20 años que ha estado en el país desde que no se presentó a una cita migratoria en 2005.

La abogada de la acusada, Michelle Sánchez sostiene que su representante desde que llegó a EE.UU ha emprendido una vida apegada a las leyes y que su deportación a Honduras significaría un duro golpe para ella y sus hijos.

La letrada interpuso un recurso de apelación con el fin de que la multa sea revocada por ICE, alegando que esta agencia no comunicó de forma adecuada que su clienta tendría implicaciones legales de no abandonar el país. Armando Olmedo quien es abogado y vicepresidente consejero de inmigración explicó a Univisión que las normas estadounidenses imponen multas para aquellos inmigrantes que no acaten una orden de deportación.

La acción está basada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad del año 1952 una norma que se ha revitalizado hoy en día para aplicar sanciones a aquellos que permanezcan en el país sin permiso. Desde el 25 de febrero el DHS, según Olmedo, comenzó a aplicar sanciones diarias de 998 dólares a los inmigrantes indocumentados que, no comuniquen el cambio de dirección, no se registren en el sitio web de la agencia federal y no obedezcan las órdenes de deportación.

Hasta ahora, más de 4,500 individuos han sido informados sobre estas alertas. Aunque los detalles del procedimiento para el embargo de bienes no son del todo claros, el gobierno federal ha señalado que, si no se cumplen las obligaciones de pago, puede comenzar el proceso para apoderarse de propiedades, similar a lo que sucede con cualquier tipo de deuda civil.

Olmedo sugirió que aquellos que se encuentren en estas circunstancias se organicen legalmente, otorgando un poder notarial a alguien en quien confíen para que administre sus bienes si llega a ocurrir una deportación.