Cuba fue nuevamente ubicada en el Nivel 3 del Informe sobre la Trata de Personas 2025 elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la categoría más severa en este tipo de evaluaciones. Esta designación implica que el país no cumple con los estándares mínimos para combatir la trata y no realiza esfuerzos significativos para mejorar, lo que lo coloca en la misma lista que naciones como Corea del Norte, Rusia, Irán, Siria y China.
El informe es una herramienta diplomática que, además de exponer violaciones de derechos humanos, puede derivar en sanciones financieras, restricciones de asistencia y mayor aislamiento internacional. Para Cuba, que atraviesa una crisis económica profunda, este señalamiento representa un golpe adicional a su imagen y a sus relaciones exteriores.
«La trata de personas es un delito devastador que enriquece a las organizaciones criminales transnacionales y a los regímenes inmorales y antiestadounidenses. El Informe sobre la Trata de Personas promueve la rendición de cuentas, protege a los trabajadores estadounidenses y defiende a nuestras comunidades», escribió el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio en su cuenta de X (antes Twitter).
Las misiones médicas bajo cuestionamiento
Uno de los ejes centrales del documento es la crítica a las misiones médicas internacionales de Cuba. Aunque La Habana las presenta como un emblema de solidaridad, Washington sostiene que constituyen un mecanismo de explotación laboral.
Entre las prácticas denunciadas se incluyen retención de pasaportes y documentos de identidad, salarios reducidos, con gran parte del pago retenido por el estado cubano, restricciones de movilidad, vigilancia constante y toques de queda, así como castigos a quienes intentan abandonar las misiones, incluidos procesos penales y represalias contra familiares en la isla.
La comunidad internacional, a través de ONG, organismos multilaterales y gobiernos de distintas naciones, ha expresado que estas condiciones vulneran de manera severa los derechos humanos.
De acuerdo con reportes anteriores, más del 70 % de los trabajadores nunca tuvo acceso a un contrato antes de salir del país, y casi el 80 % denunció restricciones en sus desplazamientos y en la relación con la población del lugar.
Datos oficiales de 2023 reflejan la existencia de 14 víctimas de trata sexual infantil, todas niñas, mientras que no se consignaron procesos judiciales por trata laboral en adultos. El informe remarca que la actuación de funcionarios cubanos en la persecución de quienes abandonan las misiones contribuye a mantener un clima de impunidad que desalienta a las víctimas a denunciar.
De acuerdo con estimaciones del propio gobierno cubano, las exportaciones de servicios médicos generan más de 6.000 millones de dólares anuales, lo que convierte este modelo en una de las principales fuentes de divisas del país.
Falta de investigaciones y complicidad estatal
Aunque la legislación cubana establece penas de 7 a 15 años de prisión para los delitos de trata, el informe estadounidense subraya que no existen investigaciones ni condenas vinculadas a la trata laboral de adultos.
La ausencia de procesos judiciales y la supuesta complicidad de funcionarios encargados de supervisar estos programas refuerzan la percepción de impunidad. El documento añade que las víctimas suelen abstenerse de denunciar por miedo a represalias o porque no existen mecanismos independientes de protección.
Reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania
El informe 2025 incorpora un nuevo elemento: el reclutamiento de ciudadanos cubanos para combatir en Ucrania. Según la investigación, más de 1.000 cubanos viajaron a Rusia entre junio de 2023 y febrero de 2024, muchos de ellos bajo promesas falsas de empleo en construcción o servicios.
Sin embargo, al llegar fueron destinados al frente de batalla. El texto asegura que las autoridades cubanas facilitaron esos traslados mediante la emisión rápida de pasaportes y la omisión del sello de salida, lo que dificulta rastrear oficialmente los movimientos. Esta práctica, añade, configura un patrón de trata con fines bélicos, algo poco común en los reportes internacionales.
Cuba en la lista negra mundial
Con esta designación, Cuba se mantiene en la misma categoría que países señalados por trata patrocinada por el Estado, como Corea del Norte, donde los trabajadores son enviados a proyectos mineros o de construcción en el extranjero bajo condiciones de explotación, o China, acusada de programas de trabajos forzados en Xinjiang.
El hecho de que Cuba aparezca junto a estas naciones refuerza la narrativa de que la trata en la isla no es un fenómeno aislado ni clandestino, sino un patrón vinculado directamente a las políticas oficiales.
Recomendaciones y presiones internacionales
Washington exhortó a La Habana a dejar de aplicar sanciones contra médicos y profesionales que decidan abandonar misiones, pagar directamente los salarios y en su totalidad, garantizar que los trabajadores conserven pasaportes y credenciales e investigar de forma independiente las denuncias de trata y sancionar a los responsables.
El informe reconoce algunos avances formales, como la adopción de un Plan Nacional de Acción contra la Trata y la organización de talleres de sensibilización, pero los califica como medidas “cosméticas” frente a la magnitud del problema.
Reacción oficial
El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó las acusaciones, calificándolas de “calumnias” y defendiendo que Cuba mantiene un “compromiso ejemplar” en la prevención y combate de la trata de personas. Para el gobierno, el informe responde a motivaciones políticas en el marco del enfrentamiento histórico con Estados Unidos.
No obstante, las denuncias de explotación en las misiones médicas y el envío de cubanos a la guerra en Ucrania han incrementado la presión internacional sobre el régimen, que continúa basando buena parte de sus ingresos en la exportación de servicios profesionales.
Impacto en la diáspora cubana
Para la comunidad cubana en el exterior, especialmente en Estados Unidos, el informe refuerza la percepción de que el Estado cubano utiliza a su población como recurso de exportación, ya sea en misiones médicas, programas laborales o incluso en conflictos armados internacionales.
Organizaciones de derechos humanos en Miami han advertido que estas prácticas afectan directamente a familias en la isla, que ven a sus hijos partir bajo engaños o presiones y quedan expuestas a represalias si aquellos intentan escapar del sistema. El señalamiento también intensifica el debate en torno a los valores éticos y legales del modelo económico cubano, que depende de estos programas en un contexto de crisis.