El gobierno cubano volvió a manifestar su disposición a dialogar con Estados Unidos, pero dejó claro que existen temas que considera intocables y que no formarán parte de ninguna eventual negociación bilateral. Según la posición oficial, la Constitución, el modelo económico y el sistema socialista son asuntos de soberanía nacional que el régimen no está dispuesto a discutir con Washington.
Las declaraciones las realizó en una entrevista con Associated Press el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, quien precisó que, pese a los mensajes públicos sobre apertura al diálogo, en este momento no existe una mesa formal de negociaciones entre ambos gobiernos. En ese sentido, La Habana insiste en que cualquier intercambio debe basarse en el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos del país.
“Estamos abiertos al diálogo. Si podemos tener un diálogo, tal vez eso pueda conducir a una negociación”, dijo el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las líneas rojas del régimen cubano
De acuerdo con lo expresado por el funcionario, el Estado cubano ha definido con claridad tres pilares que considera no negociables. El primero es la Constitución de la República, aprobada en 2019, que establece la irrevocabilidad del socialismo y reconoce al Partido Comunista como la fuerza política dirigente de la sociedad y del Estado.
El segundo es la estructura económica nacional, caracterizada por un fuerte control estatal sobre los principales sectores productivos y financieros. El tercero es el sistema socialista de gobierno, que el régimen presenta como resultado de un proceso histórico propio y ajeno a presiones externas.
Estas definiciones buscan dejar claro que cualquier conversación con Estados Unidos tendría un alcance limitado y no incluiría cambios en el marco político o económico vigente.
Diálogo condicionado y sin reformas estructurales
El discurso oficial plantea la posibilidad de una coexistencia respetuosa y estable con Estados Unidos, e incluso no descarta que el diálogo pueda evolucionar hacia acuerdos puntuales en temas de interés común. Sin embargo, al excluir explícitamente la Constitución, la economía y el sistema político, La Habana deja entrever que no existe voluntad de impulsar reformas estructurales profundas como parte de un acercamiento bilateral.
En la práctica, la postura cubana sugiere que el diálogo es concebido más como una herramienta de distensión diplomática que como un mecanismo para transformar el modelo interno. Esta visión contrasta con las expectativas de sectores del exilio y de la comunidad internacional que asocian cualquier acercamiento con avances en libertades políticas, derechos civiles o apertura económica.
Las declaraciones de Fernández de Cossío refuerzan la línea expuesta previamente por la Cancillería cubana, que a inicios de febrero negó que la Isla suponga un riesgo para la seguridad estadounidense y dejó abierta la puerta a un eventual restablecimiento de la cooperación entre ambos países en temas sensibles como el terrorismo, el tráfico de drogas, las finanzas ilícitas y la protección del ciberespacio.
El Gobierno cubano intenta presentarse ante la comunidad internacional como un actor confiable y dispuesto a cooperar, en un contexto marcado por el impacto del cerco energético y las sanciones financieras impuestas a GAESA, el poderoso entramado empresarial militar vinculado al entorno de Raúl Castro y su círculo familiar.
Pese al giro retórico, la esencia del mensaje permanece intacta: el Gobierno de Miguel Díaz-Canel continúa descartando cualquier acercamiento que suponga cambios de fondo en el modelo político o ponga en tela de juicio el control del Partido Comunista.
La Constitución cubana consagra de manera explícita la irrevocabilidad del socialismo, al establecer en su artículo 4 que el sistema político vigente no puede ser modificado, y al legitimar incluso la defensa activa de ese orden frente a cualquier intento de cambio.
Este principio se refuerza en el artículo 5, que otorga al Partido Comunista de Cuba el papel de fuerza dirigente superior del Estado y la sociedad, cerrando así la vía legal a reformas estructurales, al pluralismo político o a cualquier proceso institucional que cuestione su hegemonía.
Asimismo, la estructura económica del socialismo cubano, articulada en torno al conglomerado militar GAESA, asegura a la élite gobernante el dominio casi total sobre los sectores estratégicos que generan recursos, desde el turismo y el comercio exterior hasta el manejo de divisas y el sistema financiero.
La actual reinterpretación de la Doctrina Monroe persigue como objetivo central reafirmar la influencia estratégica de Estados Unidos en el hemisferio occidental, limitando la presencia y expansión de potencias de otras regiones—como China, Rusia o Irán— en ámbitos clave como la seguridad, la energía, la infraestructura y la tecnología.
En la práctica, esta doctrina renovada busca preservar el liderazgo político y económico de Washington en América Latina y el Caribe, proteger rutas comerciales y recursos estratégicos, y contener alianzas o regímenes considerados hostiles a los intereses estadounidenses, todo ello bajo el argumento de la estabilidad regional y la seguridad nacional.
Tras la detención de Nicolás Maduro y el arranque de una etapa orientada a la estabilización y la reconciliación nacional en Venezuela, Washington ha marcado una línea clara: cualquier acercamiento político deberá incluir cambios sustanciales en el sistema de poder y un camino definido hacia la restauración democrática, sin concesiones a negociaciones que eludan esas condiciones.
Contexto de presión externa y crisis interna
Las declaraciones se producen en un momento marcado por tensiones persistentes entre Cuba y Estados Unidos, con sanciones económicas vigentes y un escenario interno complejo para la isla. La crisis económica, la escasez de alimentos y medicinas, los apagones y el aumento de la migración han colocado al gobierno cubano bajo una fuerte presión social y financiera.
En ese contexto, la reafirmación de las líneas rojas parece orientada a blindar el núcleo del poder político y económico, incluso ante la posibilidad de negociaciones que pudieran aliviar parcialmente la situación del país.
Un mensaje hacia Washington y hacia la población
El posicionamiento oficial cumple una doble función. Hacia el exterior, envía un mensaje claro a Washington: Cuba está dispuesta a conversar, pero no a negociar su modelo de Estado. Hacia el interior, refuerza la narrativa de continuidad ideológica y de control político, al presentar cualquier intento de presión externa como una amenaza a la soberanía nacional.
Al mismo tiempo, estas declaraciones limitan las expectativas de cambios sustanciales en la relación bilateral a corto plazo. Mientras el gobierno cubano mantenga fuera de discusión los pilares fundamentales de su sistema, cualquier acercamiento con Estados Unidos quedará restringido a acuerdos parciales y de alcance limitado, sin impacto directo en la estructura política y económica que rige la isla desde hace décadas.
En definitiva, el mensaje del régimen es claro: Cuba dialoga, pero no negocia su Constitución, su economía ni su sistema socialista, incluso en un escenario de crisis profunda y creciente presión internacional.
