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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó una normativa desde el 28 de febrero pasado que ha permitido hasta el 12 de junio comenzar procesos de deportación para más de 26.700 inmigrantes indocumentados que residen en el país de forma irregular.
El documento habilita a USCIS para expedir Notificaciones de Comparecencia (NTA) en todas las circunstancias donde un foráneo obtenga una respuesta desfavorable a una petición migratoria, ya sea asilo, residencia permanente o autorización laboral. La medida se ajusta a una orden del presidente Donald Trump denominada «Proteger al Pueblo Estadounidense contra la Invasión» que forma parte de las políticas migratorias, una de sus ambiciones de campaña electoral.
Este procedimiento podría resultar con la expulsión de miles de inmigrantes que una vez que ingresaron al país hicieron su petición de asilo en los puntos de entrada a través de esta agencia del gobierno. «Cualquier extranjero a quien se le niegue un beneficio migratorio, incluidos asilo, tarjetas verdes y permisos de trabajo, recibirá un Aviso de Comparecencia (NTA)», dice un comunicado de USCIS en la red social X.
Any alien denied an immigration benefit — including asylum, green cards, and work permits, will receive a Notice to Appear (NTA) from @USCIS.
Asimismo, señalaron que su objetivo con esta acción es respaldar a ICE en la deportación de indocumentados. «Estamos aquí para ayudar a ICE a hacer cumplir las leyes de nuestra nación y expulsar a los extranjeros del país», destaca el anuncio. Matthew Tragesser, vocero de USCIS señaló que bajo la dirección del presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional de su gobierno, Kristi Noem se han aplicado políticas razonables y desde que se emitió esta norma se han concedido numerosos casos de NTA.
De acuerdo con Tragesser, el USCIS ha comenzado a evaluar nuevamente las peticiones y solicitudes de inmigración. Actualmente, está generando 1840 NTA semanalmente, de los cuales 500 se vinculan a solicitudes de asilo y 100 a casos de Estatus de Protección Temporal (TPS).
De acuerdo con Tragesser, el USCIS ha comenzado a evaluar nuevamente las peticiones y solicitudes de inmigración, para que se tenga una idea cada semana se registran 1840 NTA de las cuales 100 son casos de Estatus de Protección Temporal (TPS) y 500 están relacionadas con solicitudes de asilo.
Además se determinó que un 2811% de las NTA tienen que ver con fraudes mensuales que se detectaron de la administración estadounidense anterior. «Estos esfuerzos han reducido la explotación del sistema de inmigración a través de programas humanitarios y de TPS», añade el texto de USCIS.
La nueva normativa subraya que los ciudadanos de otros países que se beneficien del TPS podrían estar en riesgo de deportación toda vez que su país no sea revocado del programa, lo cual significa que no pueden permanecer en territorio estadounidense. En tales situaciones se exhorta a los inmigrantes a abandonar el país a través de la aplicación CBP Home que promueve el gobierno de EE.UU.
A finales del mes pasado ICE deportó a 130 cubanos a La Habana considerándose el vuelo más sustancial en el último quinquenio y el quinto vuelo en lo que va del presente año que ya cumula 587 personas repatriadas desde diferentes países del área. El presidente republicano desde que asumió el mandato en enero de este año ha regresado a un total de 376 cubanos como una táctica empleada en su primera administración (2017-2021) donde superó las cifras con creces.
En tanto el Departamento de Seguridad Nacional al mando de Kristi Noem se mantiene incrementando los arrestos en lugares claves y con gran afluencia de inmigrantes como centros laborales, tribunales y escuelas, provocando así incertidumbre en los extranjeros que temen salir de sus casas.
Recientemente, se llevó a cabo la detención de varios ciudadanos cubanos, abarcando a personas que poseían documentos como el I-220A o que estaban en medio de trámites migratorios, así como otros que tenían antecedentes criminales y órdenes de deportación definitivas. No obstante, su expulsión está condicionada a la aceptación por parte del gobierno cubano.
Más de 42.000 cubanos hoy en día cuentan con órdenes de deportación definitiva, según los registros oficiales y están bajo vigilancia controlada del gobierno. El DHS dice que en cada vuelo de deportación las autoridades cubanas chequean quiénes serán devueltos a la isla y en consecuencia desestiman a quienes posee antecedentes criminales o llevan un tiempo largo residiendo fuera del país.
En consecuencia, se envió a un mínimo de dos deportados a naciones intermediarias como Sudán del Sur, mientras que otros siguen encarcelados o han sido liberados debido a restricciones legales sobre la detención.
