Un revés judicial amenaza con hacer que los contribuyentes de Florida pierdan 218 millones de dólares invertidos en Alligator Alcatraz

Lo que fue presentado por el gobernador Ron DeSantis como una solución a la crisis migratoria en Florida ha terminado convertido en un fuerte revés político y financiero. El centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, levantado en un antiguo aeropuerto militar en los Everglades, fue clausurado por orden de un juez federal, dejando tras de sí una posible pérdida superior a 218 millones de dólares para los contribuyentes del estado.

Una obra millonaria cuestionada desde el inicio

La instalación fue diseñada para albergar miles de inmigrantes en espera de deportación, con un costo de construcción y adecuación que superó los 218 millones de dólares. Además, Florida firmó contratos con empresas privadas por al menos 405 millones para su administración y destinó más de 245 millones a su operación hasta julio de este año, pese a que el centro permaneció en gran medida vacío.

Los cálculos oficiales proyectaban un gasto anual de 450 millones de dólares en su funcionamiento. Ahora, con la orden judicial de cierre, se suman otros 15 a 20 millones en costos de desmantelamiento, más un gasto similar si se decidiera reinstalar las estructuras en el futuro.

Fundamentos legales y ambientales

La decisión judicial se basó en la violación de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). El tribunal determinó que el estado no realizó la evaluación ambiental requerida antes de levantar la instalación, lo que generó impactos directos sobre los humedales de los Everglades y especies en peligro de extinción.

De acuerdo con la jueza que dictó el fallo los detenidos en el centro ya estaban disminuyendo y que los «objetivos de aplicación de la ley de inmigración del gobierno federal no se verán frustrados por una pausa en las operaciones». Hasta el momento el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido ninguna información sobre cuántos reclusos quedan en el centro, solamente se limitaron a decir que: «El DHS está cumpliendo con esta orden y trasladando a los detenidos a otras instalaciones».

A la demanda se sumaron organizaciones ecologistas y la tribu Miccosukee, que denunciaron la destrucción de territorios de valor cultural y ecológico. El fallo fue considerado un triunfo por los defensores del medioambiente y de los derechos indígenas, que advertían desde hace meses sobre los riesgos del proyecto.

La activista ambiental Jessica Namath, quien ha permanecido en una suerte de guardia permanente frente a la instalación, declaró este jueves que algunos observadores reportaron el retiro de estructuras metálicas utilizadas para carpas, aunque aclaró que no se han visto indicios de que se estén retirando los remolques ni los baños portátiles instalados por FEMA. «Definitivamente parece que han estado reduciendo las operaciones», afirmó Namath.

No obstante, casi una veintena de estados gobernados por el Partido Republicano se sumaron a la disputa legal, pidiendo a la corte de apelaciones que anule la orden judicial. En total, 22 estados presentaron un escrito en el que sostienen que la magistrada actuó más allá de sus atribuciones y alegan que la legislación ambiental federal rige únicamente para agencias federales, no para el estado de Florida.

Traslado de detenidos y campamento vacío

El director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, informó que los migrantes aún retenidos en la instalación serían trasladados a otros centros y que el campamento estaría vacío en cuestión de días. Fotografías recientes mostraban pabellones improvisados y torres de vigilancia en medio del pantano, lo que alimentó críticas sobre las condiciones inhumanas del lugar.

La instalación fue bautizada por críticos como “Alligator Alcatraz”, en referencia a la prisión de máxima seguridad de San Francisco y a su ubicación en plena zona de cocodrilos y caimanes.

Críticas al manejo de fondos públicos

La oposición política en Florida y organizaciones de derechos humanos han cuestionado no solo el elevado costo financiero sino también la falta de transparencia en los contratos con empresas privadas. Analistas señalan que, más allá de la pérdida millonaria, el caso refleja una política migratoria basada en medidas de alto impacto mediático, pero de baja efectividad práctica. “El estado invirtió cientos de millones en un centro que nunca llegó a cumplir su propósito, mientras se recortan fondos en salud y educación”, criticó un legislador demócrata de Miami-Dade.

DeSantis insiste en ampliar la red de detención

Pese a la clausura, la administración de DeSantis ya trabaja en la apertura de una nueva instalación bautizada como “Deportation Depot” en el norte del estado, lo que augura nuevas controversias. El gobernador sostiene que estas medidas son necesarias ante lo que califica como una “crisis migratoria descontrolada” y acusa al gobierno federal de no hacer lo suficiente en la frontera.

La Casa Blanca, por su parte, ha mantenido distancia del proyecto, reiterando que la gestión de detención migratoria corresponde en última instancia a las agencias federales como ICE y CBP.

Impacto social y político

El cierre de “Alligator Alcatraz” no solo representa una derrota judicial para DeSantis, sino también un golpe político en un año clave en el que busca consolidar su influencia nacional. La controversia refuerza las tensiones entre las prioridades del gobierno estatal y las exigencias de las comunidades locales, que reclaman mayor inversión en vivienda, salud y servicios básicos en lugar de proyectos multimillonarios fallidos.

Para los contribuyentes de Florida, la factura final aún está por determinarse, pero las estimaciones ya apuntan a una pérdida superior a los 200 millones de dólares, un monto que podría haberse destinado a programas sociales o de infraestructura.