Trump sube la apuesta: más dinero para quienes abandonen EE.UU. sin tener que presentarse en corte

La administración del presidente Donald Trump anunció una nueva medida dentro de su política migratoria que contempla el pago de hasta 2.600 dólares a migrantes en situación irregular que decidan salir voluntariamente de Estados Unidos, un proceso que el gobierno ha denominado “autodeportación”.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluye además el costo del boleto aéreo al país de origen, y busca reducir los elevados gastos asociados a las deportaciones forzadas, al tiempo que acelera la salida de personas que permanecen sin estatus legal en el país.

El incentivo económico como eje de la estrategia

Según el DHS, el programa que se conoce como CBP Home y en honor al primer año del presidente Trump ofrece una compensación económica directa a los migrantes que opten por abandonar el país de manera voluntaria, evitando así procesos de detención prolongados, audiencias judiciales y expulsiones obligatorias.

Las autoridades federales sostienen que una deportación forzada puede costar más de 18.000 dólares por persona, mientras que una salida voluntaria, aun sumando el incentivo económico y el transporte aéreo, tendría un costo de 5.100 dólares para el gobierno estadounidense, por ende, la administración se estaría ahorrando alrededor de 13.000 dólares.

Desde la óptica oficial, el programa representa una alternativa más eficiente desde el punto de vista presupuestario, en un contexto en el que la migración irregular continúa siendo uno de los principales focos de la agenda política nacional.

La aplicación CBP Home y el proceso de salida voluntaria

El programa de autodeportación se apoya en la aplicación digital CBP Home, una herramienta desarrollada por el gobierno federal que permite a los migrantes registrar y coordinar su salida del país sin necesidad de ser detenidos por las autoridades.

De acuerdo con datos oficiales citados en el artículo, decenas de miles de personas ya han utilizado esta plataforma para gestionar su retorno voluntario, lo que el DHS presenta como una muestra del alcance creciente del programa.

Cifras oficiales y balance del gobierno

El Departamento de Seguridad Nacional afirma que más de 2,2 millones de personas se han autodeportado desde enero de 2025, una cifra que el gobierno utiliza para respaldar la efectividad de esta política.

No obstante, el propio texto recoge que estas estadísticas se reciben con escepticismo por parte de críticos y usuarios en redes sociales, quienes cuestionan tanto la magnitud real de las salidas voluntarias como la transparencia en la forma en que se contabilizan.

Advertencias para quienes rechacen la oferta

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejó claro que el incentivo económico no es una oferta indefinida. Según sus declaraciones, los migrantes que no acepten la autodeportación se podrían localizar, detener y deportar de manera obligatoria, enfrentando además restricciones para reingresar a Estados Unidos en el futuro.

“El contribuyente estadounidense está aumentando generosamente el incentivo para que los extranjeros ilegales se vayan voluntariamente. Es una oportunidad: si no se van, los encontraremos, los arrestaremos y no volverán jamás”, advirtió Noem.

Desde el discurso oficial, la medida se presenta como una “oportunidad” para evitar consecuencias legales más severas, en un momento en que la administración Trump ha reforzado los mensajes de control y aplicación estricta de la ley migratoria.

Antecedentes de programas similares

El artículo recuerda que no es la primera vez que el gobierno estadounidense ofrece incentivos económicos para promover la salida voluntaria de migrantes. En meses anteriores, se habían anunciado pagos menores —de alrededor de 1.000 dólares— como parte de estrategias similares.

El aumento del monto hasta los 2.600 dólares sugiere, según el propio texto, un endurecimiento combinado con estímulos económicos, una fórmula que la administración Trump ha utilizado de manera recurrente en su enfoque migratorio. Por el momento se han registrado aproximadamente más de 100.000 inmigrantes que pretender gestionar el regreso a sus países de origen.

En mayo pasado Trump anunció una iniciativa dirigida a los inmigrantes en situación irregular que contemplaba un incentivo económico de 1.000 dólares para quienes optaran por abandonar voluntariamente Estados Unidos y regresar a sus países de origen. La propuesta se presenta como una alternativa al proceso de deportación formal y buscaba fomentar las salidas voluntarias del país.

Meses más tarde, en diciembre, el gobierno federal dio a conocer una expansión de ese programa, incrementando el monto del apoyo económico de 1.000 a 3.000 dólares para los inmigrantes indocumentados que decidieran salir del territorio estadounidense de manera voluntaria antes de que concluyera el año. La medida se promociona como un estímulo excepcional de fin de año, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias y el refuerzo de los mecanismos de control y expulsión.

De acuerdo con un análisis del centro Brookings, el volumen real de deportaciones estaría muy por debajo de las cifras que dominan el discurso político. El estudio estima que el total oscilaría entre 310,000 y 350,000 casos, una cantidad sensiblemente menor a las 778,000 repatriaciones registradas durante el último año fiscal completo de la administración de Joe Biden y distante, además, de la meta de un millón de expulsiones anuales anunciada por el equipo de Donald Trump.

Un capítulo más en la política migratoria de Trump

La nueva oferta de autodeportación se enmarca dentro de una política más amplia orientada a reducir la población migrante indocumentada, priorizando salidas voluntarias, presión legal y advertencias sobre consecuencias futuras.

Mientras el gobierno defiende la medida como una solución práctica y menos costosa, el debate continúa en torno a su impacto real, la credibilidad de las cifras oficiales y el efecto humano de una política que apuesta por incentivar la salida del país mediante pagos económicos.