Trump reestructura el sistema migratorio: agentes fronterizos asumirán el control total de ICE

La nueva administración de Donald Trump ha dado inicio a una reestructuración sin precedentes en el sistema migratorio de Estados Unidos, orientada a otorgar mayor poder operativo a la Patrulla Fronteriza (CBP) en detrimento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El plan busca aplicar una política de “mano dura” y acción directa contra los migrantes indocumentados, mediante tácticas más agresivas y una centralización del control en la Casa Blanca.

La “ofensiva agresiva”: más presencia y tácticas de alto impacto

Fuentes cercanas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron que el cambio no es solo administrativo: ya se han desplegado más de 1.500 agentes de la Patrulla Fronteriza en diversas ciudades del país, donde están colaborando con operativos de arresto y deportación.

Las nuevas directrices priorizan la acción visible y disuasiva, incluyendo tácticas que recuerdan procedimientos militares como, descensos desde helicópteros Black Hawk sobre complejos residenciales, ingreso a edificios con equipos tácticos y vehículos sin identificación, así como operaciones encubiertas en estacionamientos de grandes tiendas, como Home Depot, donde se presume la presencia de jornaleros sin documentos.

Estas maniobras, justificadas por el gobierno como necesarias para “garantizar la seguridad nacional”, han desatado preocupación entre líderes locales, grupos de derechos civiles y abogados de inmigración, quienes advierten sobre el riesgo de violaciones a los derechos constitucionales y un posible repunte de la “persecución indiscriminada” de inmigrantes.

Relevo masivo dentro de ICE

De acuerdo con fuentes federales citadas por Telemundo 33, el gobierno elaboró una lista que incluye a al menos doce directores regionales de ICE que serán removidos o reasignados a otras funciones. En muchos de esos cargos serían colocados altos mandos de la Patrulla Fronteriza, en un esfuerzo por “militarizar” la estructura de mando y acelerar los operativos de detención y deportación.

ICE cuenta actualmente con 25 oficinas de campo en todo el país; la medida afectaría casi la mitad de ellas. El detonante habría sido la insatisfacción del equipo de Trump con el ritmo de arrestos, ya que ICE reporta un promedio de 1.178 detenciones diarias, muy por debajo del objetivo de 3.000 arrestos diarios que la Casa Blanca considera “aceptable”.

Un funcionario citado de forma anónima fue contundente: “La mentalidad es que la CBP obedece órdenes, mientras que ICE cuestiona los métodos. Trump quiere resultados, no burocracia.”

«Todo el equipo del presidente está trabajando en sintonía para implementar la agenda política del presidente, y los extraordinarios resultados, desde asegurar la frontera hasta deportar a inmigrantes ilegales delincuentes, hablan por sí solos», dijo el portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

ICE en tensión: resistencia interna y choque institucional

Dentro de ICE, la reacción ha sido de consternación y resistencia silenciosa. Varios de sus altos funcionarios argumentan que la CBP no posee experiencia en operaciones urbanas complejas, diseñadas para identificar y procesar a personas con órdenes de deportación activas, y que el enfoque de “táctica militar” podría poner en riesgo tanto a agentes como a civiles.

También hay malestar por los recursos desiguales: la Patrulla Fronteriza cuenta con helicópteros, armamento pesado y equipos tácticos avanzados, mientras que ICE depende de estructuras civiles y procedimientos más legales que operativos. Esa diferencia refuerza la percepción de que la CBP está siendo usada como fuerza de choque, mientras ICE queda relegada a un papel administrativo.

El centro de mando: control político desde la Casa Blanca

La coordinación de este plan proviene directamente del núcleo político de Trump. El empleado especial del gobierno del DHS, Corey Lewandowski y el alto funcionario de CBP Greg Bovino han sido señalados como los principales arquitectos de la estrategia. Ambos están elaborando los listados de reemplazos, definiendo los equipos tácticos que serán desplegados en distintas regiones y supervisando el cumplimiento de los objetivos diarios de detención.

Bovino, quien supervisa operaciones en ciudades como Chicago, representa el perfil de oficial que la Casa Blanca quiere al frente: disciplina militar, resultados rápidos y alineamiento político total con la visión de Trump sobre inmigración.

Consecuencias legales y sociales

El endurecimiento de la política migratoria podría tener amplias repercusiones:

• Conflictos con gobiernos locales que se niegan a colaborar con detenciones migratorias (las llamadas “ciudades santuario”).
• Demandas federales por detenciones arbitrarias o uso excesivo de la fuerza.
• Incremento del temor en comunidades latinas, donde muchos residentes podrían evitar acudir a hospitales, escuelas o tribunales por miedo a ser detenidos.

Organizaciones proinmigrantes califican la medida como “una militarización sin precedentes del aparato migratorio”. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y varias coaliciones de defensa ya preparan acciones legales, argumentando que la reasignación de agentes de la Patrulla Fronteriza a labores de ICE viola protocolos federales y principios de jurisdicción interna.

Apoyos y respaldo político

Del otro lado, gobernadores y legisladores republicanos han celebrado la iniciativa, calificándola como “un paso necesario para recuperar el control fronterizo” y “restaurar la autoridad del gobierno federal frente a la inmigración ilegal”.

Medios conservadores como Fox News y The Daily Caller la describen como una “segunda Operación Guardián”, en referencia al programa de los años noventa que reforzó la frontera entre EE. UU. y México con muros, iluminación y presencia militar.

CBP va con todo

La Patrulla Fronteriza intensificó sus operativos en todo el país con el despliegue de más de 1,500 agentes destinados a la detención de inmigrantes y al apoyo de las labores de deportación, confirmó el jefe de la agencia, Mike Banks, en declaraciones a NBC News.

La cifra se suma a los 8,500 oficiales que ya forman parte de las operaciones de control y remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reflejando una coordinación sin precedentes entre ambas agencias federales en medio del repunte migratorio.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia, la Patrulla Fronteriza ha protagonizado algunas de las escenas más controversiales y visualmente impactantes relacionadas con los arrestos de inmigrantes. A comienzos de este mes, en Chicago, agentes descendieron en rappel desde un helicóptero Black Hawk sobre un edificio de apartamentos mientras las familias dormían, en una operación que generó fuertes reacciones en redes sociales.

Días después, nuevos videos difundidos desde la misma ciudad mostraron al jefe de la agencia, Jason Bovino, lanzando una bombona de gas hacia una multitud, un episodio que avivó las críticas sobre el uso de tácticas agresivas en los operativos migratorios.

El gobierno de Donald Trump ha incrementado su dependencia de Jason Bovino para dirigir las operaciones de la Patrulla Fronteriza enfocadas en la persecución de inmigrantes en las principales ciudades del país. Su papel más reciente ha sido en Chicago, donde arribó a mediados de octubre y rápidamente se convirtió en la figura visible de la estrategia de seguridad impulsada por la Casa Blanca, marcando una presencia constante en los operativos y en la comunicación pública de las medidas adoptadas.

Un nuevo paradigma migratorio

En síntesis, el plan de Trump pretende fusionar la lógica de seguridad fronteriza con la aplicación interna de las leyes migratorias, algo que no se había intentado desde la creación del DHS en 2003. Si se concreta la sustitución de directores de ICE por oficiales de la CBP, se estaría consolidando una cadena de mando unificada, más vertical y dependiente de la Casa Blanca, lo que podría modificar radicalmente la relación entre agencias y estados.

Mientras tanto, la comunidad inmigrante y los defensores de derechos humanos permanecen en alerta, conscientes de que esta “ofensiva agresiva” marca el inicio de una nueva era en la política migratoria estadounidense: una era donde la frontera ya no está en el límite geográfico, sino en cada ciudad del país.