La administración del expresidente Donald Trump ha dado un giro drástico en su estrategia migratoria, con una nueva política que podría mantener a millones de inmigrantes indocumentados detenidos sin posibilidad de audiencia de fianza, incluso si llevan décadas viviendo en Estados Unidos.
El cambio fue oficializado el pasado 8 de julio, cuando el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd M. Lyons, firmó un memorando que instruye a los agentes migratorios a negar audiencias de fianza a los inmigrantes indocumentados, haciendo que permanezcan bajo custodia obligatoria mientras avanzan sus procesos de deportación.
La base legal y su ampliación
La nueva orden se sustenta en la Sección 236(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1996, la cual exige detención obligatoria para ciertos inmigrantes que hayan cometido delitos o que hayan ingresado ilegalmente al país y sean arrestados por ICE. Tradicionalmente, esa disposición se aplicaba a individuos recién llegados o con antecedentes criminales recientes.
Sin embargo, el memorando de ICE amplía el criterio y ordena su aplicación también a inmigrantes que ingresaron hace muchos años, incluso décadas, y que llevan una vida estable en Estados Unidos. Esto podría incluir a personas sin antecedentes penales o con vínculos familiares profundos en el país.
“Es un giro enorme en la forma en que se ha interpretado esta ley”, explicó a The Washington Post un abogado especializado en inmigración. “Antes, había espacio para que un juez determinara si un individuo debía permanecer detenido. Ahora, millones podrían quedar privados de libertad de manera indefinida, sin que se escuchen sus circunstancias personales”.
Impacto masivo
La medida amenaza con llenar los centros de detención de ICE, donde las condiciones de hacinamiento y falta de atención médica han sido denunciadas repetidamente en informes de organismos de derechos humanos.
Actualmente, ICE mantiene a unos 56.000 inmigrantes en custodia. Sin embargo, el Congreso, en uno de los paquetes presupuestarios recientes, destinó aproximadamente 45.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años para duplicar esa capacidad hasta 100.000 detenidos diarios.
Esto significa que el gobierno estaría en condiciones de aumentar de forma masiva las detenciones de inmigrantes indocumentados. La administración Trump ha dejado claro que su meta para 2025 es alcanzar un millón de deportaciones, lo que supondría un operativo sin precedentes en la historia migratoria de Estados Unidos.
Efectos humanos y sociales
La cancelación de audiencias de fianza tiene consecuencias directas en miles de familias. Muchos inmigrantes podrían quedar detenidos durante meses o años, separados de sus hijos, cónyuges o padres, sin posibilidad de trabajar legalmente y con enormes dificultades para sostener su defensa legal.
“Estamos hablando de personas que llevan 10, 15 o 20 años en este país, que han trabajado, pagado impuestos y criado familias”, señaló Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center. “Negarles audiencias de fianza es condenarlos a meses o años de encierro, aunque no representen ningún peligro para la sociedad”.
La detención prolongada también genera profundas secuelas psicológicas. Organizaciones de derechos humanos han documentado altos niveles de ansiedad, depresión y trauma entre inmigrantes detenidos, especialmente aquellos que no tienen antecedentes penales y que enfrentan de manera súbita el encierro.
Además, el acceso a abogados de inmigración suele ser limitado en los centros de detención, lo que complica preparar defensas legales eficaces. “Es casi imposible ganar un caso de inmigración desde una celda”, afirmó un defensor público entrevistado por el Washington Post. “La persona pierde contacto con evidencia, testigos y con su comunidad de apoyo”.
«Creo que algunos tribunales van a encontrar que esto no les da a los no ciudadanos suficiente debido proceso. Podrían ser retenidos indefinidamente hasta que sean deportados», comentó Paul Hunker, abogado de inmigración y exasesor principal de ICE en Dallas.
Argumentos de ICE y de la Administración Trump
Desde ICE se defienden las nuevas reglas, argumentando que buscan cerrar “lagunas legales” que, según sostienen, han permitido que inmigrantes indocumentados permanezcan en libertad mientras sus casos se extienden durante años en tribunales migratorios sobrecargados.
“Debemos garantizar un trato coherente y equitativo para todos los individuos en proceso de deportación”, aseguró Todd M. Lyons en su memorando. “La detención obligatoria evita riesgos de fuga y protege la integridad de nuestro sistema migratorio”.
El gobierno Trump ha reforzado esta línea argumental, insistiendo en que una política migratoria estricta es esencial para mantener la seguridad nacional y reducir lo que describe como “el incentivo para ingresar ilegalmente a Estados Unidos”.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene bajo custodia a aproximadamente 56.000 inmigrantes diariamente, mientras sus agentes recorren el país persiguiendo a personas indocumentadas y trabajando horas extras para alcanzar la meta de Trump de expulsar a un millón de individuos en su primer año.
Las autoridades han reabierto centros de detención familiar que habían sido clausurados por el gobierno de Biden por razones de seguridad, han construido estructuras temporales, como una ubicada en los Everglades, y han comenzado a deportar a inmigrantes con escaso preaviso hacia terceros países, entre ellos Sudán del Sur, afectado por conflictos armados.
Un panorama legal conflictivo
La nueva política ha desatado una inmediata ola de críticas de defensores de derechos civiles, abogados de inmigración y organizaciones humanitarias. Diversos grupos están preparando demandas judiciales para impugnar la orden, alegando violaciones a derechos constitucionales, incluido el habeas corpus y el debido proceso.
“Esto es básicamente detención indefinida de personas que no han cometido delitos graves, y que ni siquiera han sido juzgadas todavía”, advirtió Cecilia Wang, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). “Es inconstitucional y vamos a pelearlo en los tribunales”.
Expertos en derecho migratorio estiman que la disputa legal podría llegar hasta la Corte Suprema, prolongando la incertidumbre para cientos de miles de inmigrantes. Mientras tanto, jueces migratorios de todo el país han empezado a suspender audiencias de fianza, en cumplimiento de la nueva directriz.
«Esta es su forma de poner en marcha en todo el país un método para detener a más personas. Está requiriendo la detención de muchas más personas sin ninguna revisión real de sus circunstancias individuales», manifestó Greg Chen, director senior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
En contraste, hay quien considera correcto que se aplique esta medida como Mark Krikorian que dijo «la detención es absolutamente la mejor manera de abordar esto, si es que puedes hacerlo. Cuesta mucho dinero, obviamente. Está prácticamente garantizado que se podrá expulsar a la persona, si hay un resultado negativo, si está detenido».
Consecuencias políticas
La decisión forma parte de una serie de movimientos de la administración Trump para cumplir su promesa de reducir drásticamente la inmigración indocumentada. La retórica de “ley y orden” vuelve a ocupar un lugar central en su discurso, en vísperas de las elecciones legislativas intermedias y con la mira puesta en consolidar el apoyo de su base electoral.
Sin embargo, la política también ha provocado tensión dentro del Congreso. Algunos republicanos moderados han expresado preocupación por los costos humanos y económicos de mantener a decenas de miles de personas detenidas por períodos prolongados. Los demócratas, por su parte, han denunciado que la medida constituye una “criminalización masiva” de comunidades inmigrantes.
Un futuro incierto
Mientras se perfilan las batallas legales, miles de inmigrantes podrían quedar atrapados en un limbo, privados de libertad y sin saber cuándo podrán recuperar su vida cotidiana. La magnitud del cambio ha encendido un nuevo capítulo en el debate nacional sobre inmigración, avivando viejas tensiones sobre seguridad fronteriza, derechos humanos y la identidad misma de Estados Unidos como nación de inmigrantes.
Con la entrada en vigor de esta directriz, la administración Trump reafirma su voluntad de aplicar una de las políticas migratorias más duras de la historia reciente, con consecuencias que podrían definir el destino de millones de personas y el propio carácter del sistema migratorio estadounidense.
