El fallo judicial
El centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, construido en los Everglades, recibió un respiro después de que el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito suspendiera una orden de cierre inmediato. Los jueces consideraron que, mientras Florida no reciba fondos federales, no está obligada a someter el centro a un estudio de impacto ambiental, requisito habitual en obras financiadas con dinero federal.
La decisión permite que el centro siga funcionando, al menos de manera temporal, y se interpreta como una victoria parcial para el gobernador Ron DeSantis, que ha defendido el proyecto como pieza clave de su agenda migratoria. No obstante, el caso aún podría escalar hasta la Corte Suprema.
El dilema del financiamiento
El fallo abre un debate crucial sobre la financiación del centro. Florida debe decidir si continúa cubriendo en solitario los gastos de operación, que ya superan los 200 millones de dólares, o si acepta fondos federales para aliviar la carga financiera.
Si mantiene la operación con recursos estatales, evitará los requisitos ambientales, pero asumirá un costo elevado que podría impactar otras áreas del presupuesto público. En cambio, si opta por aceptar reembolsos federales, deberá someter el centro a un exhaustivo estudio ambiental, lo que pondría en riesgo su continuidad.
«Aquí, no se han gastado dólares federales en la construcción o el uso de la instalación. Por lo tanto, las actividades de detención financiadas y operadas por Florida que ocurren en el sitio tampoco conciben un ‘gran proyecto federal'», destacaron en el panel.
Con su fallo, el tribunal detuvo la orden de la jueza de distrito Kathleen Williams, quien había dispuesto el cese de operaciones del centro de detención a partir de finales de octubre. La suspensión se mantendrá activa hasta que concluya la apelación en curso.
La oficina del gobernador evitó dar el martes una respuesta clara sobre si el fallo de apelación influiría en la búsqueda de fondos federales. Molly Best, secretaria de prensa, remitió en cambio videoclips de DeSantis en los que hablaba de “Alligator Alcatraz” durante intervenciones en redes sociales y en el programa de Sean Hannity (FOX). Ninguno de esos mensajes hacía referencia a cómo se financiaría la iniciativa.
Una construcción acelerada y polémica
“Alligator Alcatraz” fue levantado en junio de 2025 en un plazo muy corto, como parte de la estrategia migratoria impulsada por DeSantis y respaldada por el expresidente Donald Trump, quien lo presentó como un modelo de control fronterizo interno.
La obra ha estado rodeada de cuestionamientos. Reportes periodísticos revelaron que parte de los fondos utilizados habrían sido desviados de partidas destinadas a emergencias y desastres naturales. Además, organizaciones civiles han denunciado falta de transparencia en los contratos, algunos de ellos adjudicados a empresas con vínculos políticos.
En julio, Trump visitó las instalaciones y señaló que podrían servir de modelo para futuros centros de detención en todo el país, en línea con su intención de ampliar la infraestructura destinada a acelerar las deportaciones. Desde entonces, varios estados han anunciado proyectos similares para abrir sus propios centros de detención de inmigrantes.
La acción ambiental representa una de las tres causas federales que cuestionan la legalidad de las operaciones en el centro de detención de los Everglades. Mientras tanto, el estado inauguró recientemente un nuevo recinto migratorio en las instalaciones de una cárcel clausurada en el norte de Florida.
«Los contribuyentes de Florida no deberían pagar la factura de los servicios federales de inmigración. El juez Williams le creyó al gobernador cuando dijo que el gobierno federal financiaría el trabajo, y le creyó a la secretaria Noem cuando dijo lo mismo. Mientras tanto, la mayoría en la apelación esencialmente dijo que no podemos creer a los políticos cuando hacen tales declaraciones», dijo Paul Schwiep, abogado que representa a Friends of the Everglades uno de los grupos ambientalistas que interpuso una demanda contra el estado de Florida y el gobierno estadounidense.
Impacto ambiental y social
La ubicación del centro en los Everglades ha encendido las alarmas de expertos y ambientalistas, quienes advierten sobre el impacto potencial en un ecosistema frágil y único en el mundo. El área es hábitat de especies protegidas y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que aumenta la sensibilidad del proyecto.
Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos critican las condiciones de detención de los migrantes y denuncian que el centro representa una institucionalización de las políticas de encierro masivo.
Un tema de alcance nacional
Más allá de las fronteras de Florida, “Alligator Alcatraz” se ha convertido en un símbolo del debate nacional sobre inmigración, medio ambiente y uso de recursos públicos. Para DeSantis, representa la consolidación de su liderazgo dentro del Partido Republicano y su proyección como figura nacional.
Para sus opositores, el proyecto refleja un uso cuestionable de fondos estatales y una política migratoria basada en la confrontación. En Washington, algunos legisladores ya han planteado dudas sobre si el gobierno federal debería financiar una instalación tan polémica.
Lo que viene
El futuro del centro dependerá de las próximas decisiones legales y financieras. Florida debe definir si asume sola el costo millonario o si abre la puerta a la financiación federal, lo que implicaría mayor escrutinio ambiental y político.
Mientras tanto, las protestas continúan y el centro permanece bajo la lupa de medios nacionales e internacionales, que lo ven como un caso emblemático en la intersección de la política migratoria, la protección ambiental y la gestión de fondos públicos.
