El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó este fin de semana la captura de tres ciudadanos cubanos con amplios antecedentes criminales, en distintos operativos realizados en Florida. Se trata de Alexander Herrera Acosta, Joaquín Viamonte Salas y Erisbel Artiles, todos con estatus migratorio irregular y condenas previas por delitos graves.
Según el reporte oficial, Alexander Herrera Acosta quedó detenido en su residencia en Cape Coral. ICE lo describió como “uno de los individuos más peligrosos” bajo su radar, debido a sus antecedentes por abuso sexual de menores. El cubano que está incluido en la lista de «lo peor de lo peor» contaba con una orden final de deportación emitida por un tribunal migratorio y permanecía bajo supervisión de las autoridades desde hacía meses.
El segundo arrestado, Joaquín Viamonte Salas, de 34 años, tenía condenas por agresión sexual, hurto y lesiones. Además, ICE confirmó que pesaba sobre él una orden de deportación definitiva desde 2024, la cual no había podido ejecutarse por falta de cooperación del gobierno cubano. La agencia federal dijo que su madre estuvo presente en el momento de su arresto y entrega un teléfono celular a uno de los oficiales.
Por su parte, Erisbel Artiles, de 47 años, fue capturado en Tallahassee en un operativo conjunto con la Oficina del Sheriff del Condado de Collier, en el marco del programa 287(g), que autoriza a agencias policiales locales a colaborar con ICE en la identificación y detención de extranjeros con estatus irregular. Artiles había sido condenado a 121 meses de prisión por secuestro y tráfico humano, además de acumular cargos por hurto, robo de vehículos, privación ilegal de libertad y delitos de narcóticos.
“Cuando contamos con la cooperación de la comunidad, todos estamos más seguros”, declaró ICE en su comunicado, subrayando la importancia de la colaboración local para ejecutar arrestos de inmigrantes con antecedentes penales serios.
Contexto migratorio y limitaciones diplomáticas
Estos operativos se desarrollan en un momento de tensiones crecientes entre Washington y La Habana por el manejo de las deportaciones. Aunque Estados Unidos y Cuba mantienen un acuerdo migratorio que permite vuelos de repatriación regulares, el gobierno cubano se niega a recibir a nacionales con condenas penales graves o que emigraron antes de 2017, cuando terminó la política de “pies secos/pies mojados”.
Esto ha provocado que las autoridades estadounidenses envíen a ciertos inmigrantes con historiales criminales graves a países alternativos, en los casos en que sus lugares de origen se niegan a aceptarlos de regreso. Las autoridades cubanas se niegan a recibir a quienes cuentan con un historial delictivo en territorio estadounidense o emigraron antes de enero de 2017.
En una decisión emitida en junio, la Corte Suprema permitió a la administración estadounidense enviar a ciertos inmigrantes a naciones diferentes a las suyas, aun cuando corran riesgo de tortura o de perder la vida.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 42 000 cubanos tienen órdenes de deportación final en Estados Unidos, pero la mayoría continúa viviendo en el país bajo libertad condicional o supervisión de ICE debido a la falta de aceptación por parte del régimen cubano. Solo 999 personas han sido deportadas a Cuba por vía aérea en lo que va de 2025, una cifra ínfima frente al número total de casos pendientes.
El dilema legal es complejo: de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema, ICE no puede mantener indefinidamente detenidos a migrantes cuya deportación no sea posible en un “plazo razonable”, por lo que muchos terminan siendo liberados bajo control judicial o brazalete electrónico.
Política de seguridad pública de ICE
Las detenciones recientes forman parte de una ofensiva nacional de ICE contra extranjeros con historial criminal, en cumplimiento de la política de “prioridades de seguridad pública” establecida por el Departamento de Seguridad Nacional.
Estas acciones buscan demostrar que, pese a las críticas sobre redadas masivas, la agencia se enfoca en casos de alto riesgo y reincidencia delictiva, no en la persecución generalizada de migrantes sin antecedentes. En 2025, ICE ha intensificado los operativos en el sur de la Florida, en coordinación con departamentos locales y alguaciles adscritos al programa 287(g), activo en varios condados del estado.
La agencia sostiene que este tipo de operaciones “protege a las comunidades” y evita que personas condenadas por delitos graves evadan la justicia migratoria. Sin embargo, organizaciones proinmigrantes cuestionan los métodos de detención y el impacto que tienen sobre familias mixtas —donde uno de los padres puede ser ciudadano o residente legal—, argumentando que “no todo antecedente penal debe implicar expulsión automática”.
Reacciones en la comunidad cubana y el debate político
El caso ha generado amplio debate entre cubanos residentes en Florida, donde se concentra la mayor comunidad migrante de esa nacionalidad en Estados Unidos. En redes sociales, algunos usuarios celebraron la acción de ICE afirmando que “quien viene a delinquir debe ser devuelto”, mientras otros denunciaron que el endurecimiento de las redadas “pone en riesgo a migrantes con causas menores o errores judiciales del pasado”.
Abogados de inmigración advierten que los procesos de deportación hacia Cuba pueden tardar años, y que los detenidos permanecen a menudo en centros de ICE sin acceso adecuado a defensa legal. “Hay casos en los que la persona cumple su condena penal y sigue detenida indefinidamente por falta de país receptor”, explicó un jurista de Miami citado por medios locales.
A nivel político, los arrestos coinciden con el discurso de la administración estadounidense de reforzar el control migratorio y limitar el ingreso irregular por la frontera sur, al tiempo que se mantiene la vía humanitaria del Parole para migrantes cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Esta dualidad —represión selectiva y apertura limitada— refleja la estrategia del gobierno de equilibrar la presión interna con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Cifras y tendencias
- En los primeros nueve meses de 2025, ICE reportó más de 19 000 arrestos de inmigrantes con antecedentes penales en todo el país.
- En Florida, los cubanos representan alrededor del 14 % de las detenciones totales de ICE, según datos del DHS.
- El número de deportaciones a Cuba se mantiene por debajo del promedio histórico, pese al restablecimiento de vuelos en 2023.
Las recientes detenciones confirman el endurecimiento de la política migratoria estadounidense, que busca mostrar eficacia frente a la criminalidad y a las presiones políticas internas. Sin embargo, los casos también exponen los límites diplomáticos con Cuba, donde la falta de cooperación obstaculiza las deportaciones.
En un contexto donde más de 42 000 cubanos tienen órdenes de salida del país, los arrestos de ICE son solo un reflejo de un dilema más amplio: cómo equilibrar la seguridad pública, el derecho a un debido proceso y las relaciones bilaterales entre Washington y La Habana, en un escenario donde la migración sigue siendo el puente y el conflicto entre ambas orillas.
