La muerte de un joven cubano deportado desde Estados Unidos tras un ataque armado en México ha generado conmoción entre comunidades migrantes y reabre el debate sobre la exposición a la violencia que enfrentan quienes quedan varados fuera de su país de origen tras procesos de deportación.
El ataque: un crimen directo en su lugar de trabajo
Según Nio reportando un crimen a la víctima la identificaron como José Miguel Costafreda Román, de 29 años, natural de Santiago de Cuba. El ataque ocurrió en una barbería en la calle Hermenegildo Galeana e Ignacio Zaragoza, en la ciudad de Tecolutilla, municipio de Comalcalco, al sureste de México, donde el joven trabajaba desde hacía meses.
Según los reportes preliminares, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta ingresaron al local y dispararon en tres ocasiones contra Costafreda Román por la espalda, sin que se reportara discusión previa o intento de robo visible. El joven recibió impactos de bala de gravedad y falleció en el lugar, antes de que pudiera ser trasladado a un centro hospitalario. Los agresores escaparon inmediatamente, lo que refuerza la hipótesis de un ataque premeditado.
Respuesta de las autoridades e investigación en curso
El Heraldo de tabasco confirmó que tras el tiroteo, fuerzas de seguridad acordonaron el área y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias balísticas y testimonios de testigos. El cuerpo lo trasladaron posteriormente al Servicio Médico Forense, donde se llevaron a cabo los procedimientos legales correspondientes.
Hasta el cierre de esta información, no se han reportado personas detenidas ni se ha confirmado oficialmente el móvil del crimen. Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación, aunque el hermetismo sobre los avances ha generado preocupación entre residentes y comerciantes de la zona, quienes temen que el caso quede impune.
María Albert Hernández, reportera radicada en Tabasco, explicó al diario cubano 14ymedio que el ataque podría estar relacionado con la decisión del joven cubano de no someterse al pago del llamado “derecho de piso”, una cuota impuesta por bandas criminales a quienes desean trabajar en determinadas zonas.
La periodista subrayó que esta práctica de extorsión se ha convertido en un problema recurrente en ese estado del sureste mexicano, donde numerosos trabajadores enfrentan presiones similares por parte del crimen organizado.
El contexto migratorio: de la deportación al arraigo forzado
De acuerdo con la información disponible, Costafreda Román había sido deportado desde Estados Unidos y decidió establecerse en México ante la imposibilidad de regresar a Cuba o de reingresar legalmente al territorio estadounidense. Como muchos otros migrantes en situación similar, encontró en un oficio —la barbería— una forma de subsistencia en un entorno marcado por la informalidad laboral.
Su historia refleja la realidad de miles de cubanos deportados o varados en México, que enfrentan obstáculos para regularizar su estatus migratorio, acceder a empleos formales y contar con redes de apoyo estables. Esta combinación de factores incrementa su vulnerabilidad frente a delitos y hechos de violencia.
Inseguridad y migrantes: un riesgo constante
Organizaciones y analistas han advertido que los migrantes deportados suelen quedar expuestos a contextos de inseguridad, especialmente en regiones donde operan grupos criminales. La falta de documentación, el desconocimiento del entorno y la necesidad de ingresos inmediatos los convierten en blancos fáciles para extorsiones, amenazas o ataques.
En estados del sureste mexicano, como Tabasco, los episodios de violencia armada han impactado tanto a la población local como a comunidades migrantes, alimentando un clima de temor e incertidumbre.
Reacciones y duelo en la comunidad migrante
La noticia del asesinato ha provocado reacciones de consternación en redes sociales, donde usuarios lamentan la muerte del joven y cuestionan el destino de quienes son deportados sin garantías de protección. Mensajes de solidaridad con la familia se mezclan con críticas a la falta de acompañamiento institucional para los migrantes que quedan atrapados en países de tránsito.
Sin embargo, fuentes cercanas confirman que el difunto residió años antes en EE.UU. Los archivos policiales de Florida destacan que cometió hechos punibles en enero y noviembre del 2024 aunque se desconocen las características de estos. Algunos comentarios subrayan que, tras la deportación, muchos migrantes enfrentan un vacío legal y social, sin respaldo efectivo de los Estados involucrados.
Un caso que reabre el debate regional
Más allá del hecho puntual, la muerte de José Miguel Costafreda Román vuelve a poner sobre la mesa el impacto humano de las políticas migratorias y la necesidad de mecanismos de protección para quienes terminan deportados. El caso se suma a otros episodios recientes que evidencian cómo la deportación no marca el final del riesgo, sino, en muchos casos, el inicio de una etapa de mayor vulnerabilidad.
Mientras las autoridades continúan con la investigación, familiares, amigos y miembros de la comunidad migrante esperan justicia y esclarecimiento, en un contexto donde la violencia y la migración siguen entrelazándose con consecuencias trágicas.
